Desde el surgimiento de la primera democracia europea, en la antigua Atenas, se estimó que era un derecho y un deber ciudadano participar en la Asamblea (Ecclesia) para votar las leyes, participar en la elección de los magistrados del Consejo (Bule) y ocupar un cargo público, al menos una vez en la vida. De no cumplirse con el sagrado compromiso de la participación exigido a los ciudadanos, varones, mayores de 18 años e hijo de atenienses, se corría el riesgo de graves penas que incluían el ostracismo.

Históricamente, con el desarrollo del constitucionalismo, el grado de participación ciudadana se fue ampliando, estimándose el sufragio un requisito esencial del gobierno democrático, en cuanto derecho y deber.

Chile no ha sido ajeno a ese proceso. El sufragio censitario establecido en la Carta de 1833 se fue ampliando paulatinamente y más adelante, ante el silencio de la Constitución de 1925, se dictarían leyes electorales hasta hacerlo obligatorio y universal incorporando en 1949 el sufragio femenino para las elecciones políticas (Ley 9.292) y a los analfabetos mediante la reforma de 1970.

Sin embargo, el año 2009 el sufragio pasa a ser voluntario (Ley 20.337) y, desde entonces, la abstención en las votaciones electorales ha ido en aumento. 

En la reciente elección de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes la abstención alcanzó un 57 %, lo que es grave e inconveniente para una democracia. Más aún en el reciente caso, por tratarse no solo de la elección de autoridades, sino por el hecho histórico e inédito de la elección de los miembros de la Convención Constitucional que redactará la Nueva Carta, destinada a regir nuestra vida ciudadana, ojalá, por varias décadas.

El sufragio es una manifestación de voluntad individual que concurre a la formación de una voluntad colectiva. Es la forma más importante de participación ciudadana en tanto se ocupa para elegir a los gobernantes y también para adoptar decisiones políticas fundamentales.

Hoy, que muchos requieren con urgencia facilitar la participación ciudadana y el establecimiento constitucional de la convocatoria a plebiscito, referéndum, iniciativa de ley, entre otros mecanismos semidirectos, parece conveniente retomar el voto obligatorio en la nueva Constitución e impulsar a la ciudadanía a un mayor compromiso cívico concurriendo, a través del sufragio, a dar mayor legitimidad a las votaciones populares y a las decisiones plebiscitarias que en el futuro  deban adoptarse.

Es más, hoy se tramita en el Congreso un proyecto de reforma constitucional para restablecer el voto obligatorio, exigir al Estado promover la información cívica en tiempos de elecciones y promover políticas públicas que otorguen mayor facilidad a los electores (Boletín 13213-07).

Después de la reciente experiencia que demostró altos índices de abstención, hecho lamentable para la legitimidad democrática, parece del todo válida esta iniciativa parlamentaria.

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