Interrogante de difícil respuesta.

Los antiguos filósofos griegos reflexionaron sobre el tema concluyendo que no existe la mejor forma de gobierno en abstracto, ya que cada Estado debe encontrar la suya propia tomando en consideración su historia, población, territorio y experiencia. 

Para ello es preciso anclar las reflexiones en la realidad empírica de Chile, en atención a factores que son inherentes a nuestro sistema político como ser una república democrática, con un sistema presidencial multipartidista polarizado, con un sistema electoral de representación proporcional y con un Estado unitario que avanza lentamente hacia la descentralización.

Además, es preciso considerar un factor contingente cual es la desconfianza de la ciudadanía en el órgano legislativo y los partidos políticos, lo que podría, en principio, ser un factor inhibitorio para dar mayor poder al Congreso en una nueva forma de gobierno. Sin embargo, si bien es cierto este descrédito, estimamos que corresponde más bien a una situación coyuntural existente a nivel global, especialmente latinoamericano.

Es importante recordar la importancia que tienen los parlamentos como órganos representativos de la voluntad popular y los partidos políticos como instituciones que cumplen un papel insustituible en la democracia. Así lo demuestra nuestra historia política a lo largo del siglo XX y, sin duda, en la recuperación de la democracia a fines de los ochenta; igualmente, veinte meses atrás cuando el Congreso y los partidos políticos estuvieron a la altura de su función deliberativa logrando suscribir el “Acuerdo por la paz y una Nueva Constitución”, lo que marcó la actual ruta institucional.

Por tanto, una nueva forma de gobierno debe buscar mecanismos jurídicos para renovar los partidos políticos y recuperar la relevancia del Congreso.

Otro factor a considerar, esta vez de carácter histórico, es la larga tradición presidencial chilena y la arraigada costumbre de la elección directa de Presidente(a) de la República por sufragio universal nacional.

Por ello, una forma de gobierno adecuada podría ser un tipo de presidencialismo atenuado o corregido en que se fortalezca el equilibrio entre el órgano ejecutivo -hoy inconvenientemente vigorizado- y el Congreso Nacional. 

Entre las modificaciones necesarias, podría considerarse crear el cargo de Ministro Coordinador con acuerdo del Senado, con atribuciones precisas para ejercer una función prioritaria dentro del gabinete, como vínculo entre la Presidencia y el  Congreso, lo que podría evitar bloqueos insalvables; reducir la iniciativa exclusiva del Presidente, compartiéndola con el Congreso en todo lo que no signifique gastos directos; incorporar el acuerdo del Senado para el nombramiento de determinados cargos; equilibrar la participación del Congreso mediante la reducción de los quórum supramayoritarios; y, dar mayor participación a la ciudadanía incorporando algunos mecanismos de democracia directa.

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