Los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric el 30 de diciembre pasado tuvieron efectos impensados. Pero fue uno de ellos en particular el que ha generado mayores coletazos. Se trata del indulto al ex frentista Jorge Mateluna, condenado en 2013 por el asalto a un banco, para el cual el Mandatario dio explicaciones que hicieron reaccionar hasta a la misma Corte Suprema. Boric señaló que el juicio a Mateluna tuvo “irregularidades” y “una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”.

En un comunicado, la Suprema salió a “recordarle” lo que dice la Constitución sobre la separación de los tres poderes del Estado, aludiendo a que ni el Congreso ni el mismo Presidente ​​pueden “ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.

En Mirada Líbero, Carlos Künsemüller, quien fuera ministro del máximo tribunal hasta el año 2021, aseguró que, pese al indulto, “el carácter de culpable no puede estar en discusión”. “Para obtener un indulto, debe haber sido condenado el sujeto, y significa que su culpabilidad quedó establecida fehacientemente y que la sentencia condenatoria quedó firme o ejecutoriada, es decir, que todos los recursos que se interpusieron fueron rechazados”, explicó.

Añadió que “en el plano del indulto, por un lado está la cosa juzgada de la sentencia, que no se puede volver a discutir, y por otro está este acto administrativo que resuelve que la pena que está cumpliendo el solicitante no es necesario que cumpla el resto o que la debe cumplir de una manera distinta”. Es decir, “el indulto solo beneficia a quienes han sido declarados culpables”.

A pesar de toda la discusión que se ha generado en distintos ámbitos, tanto jurídicos como políticos, Künsemüller indicó que “lo que está fuera de discusión, sin duda, por lo menos en el plano jurídico pero también político, es la atribución del Presidente de la República para otorgar este perdón estatal en que consiste el indulto. Es una facultad que la tiene otorgada por la Constitución y por la ley 18.050 y además por el propio Código Penal que nos rige desde 1875”.

Respecto a la discusión sobre si se debe derogar esta facultad exclusiva del Presidente de la República, el ex ministro del máximo tribunal manifestó que «es una discusión antiquísima, no hay autor de derecho penal que no se haga cargo de ello. Hace ya muchos años, en la década de los 60, el profesor y penalista de Eduardo Novoa se hacía cargo de ello y señalaba que esto era un tema que debía ser analizado, ya que el perdón estatal es otorgado por una autoridad no judicial, y por lo tanto pueden provocarse situaciones en que se puedan dictar decisiones que no siempre tengan a la vista los mejores propósitos de una legislación penal y que puedan ser expresión de lo que él llama una baja política’. Habrá que esperar si algún día tenemos un nuevo código penal y ahí habrá que ver qué es lo que se resuelve sobre si se mantiene o no el indulto”.

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