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Publicado el 02 de mayo, 2015

A. Ferreiro: “Ya son muy pocos los elementos actuales de la Constitución que me parecen incompatibles con la democracia que quiero”

Autor:

Renato Gaggero

El ex ministro de Economía y ex titular del Consejo para la Transparencia se refiere al trabajo de la comisión Engel, a las propuestas anunciadas por la Presidenta y al “proceso constituyente”.
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Renato Gaggero

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Alejandro Ferreiro participó en las comisiones de probidad de 1994 y de 2006 –creadas por Eduardo Frei y Michelle Bachelet para enfrentar los casos Dávila y Chiledeportes, respectivamente- y hoy ve desde afuera de la cancha los anuncios de la Presidenta para enfrentar la crisis política e institucional generada por los casos Penta, Caval y Soquimich.

En entrevista con “El Líbero”, el ex ministro de Economía y ex titular del Consejo para la Transparencia se refiere al paquete de medidas que salieron de la comisión liderada por Eduardo Engel. Dice que varias de las propuestas se vienen arrastrando desde hace años y que la clase política está bajo la lupa jugándose gran parte de su prestigio y legitimidad.

Cree que si se logran aprobar algunas de las reformas clave, Chile será un Estado “de clase mundial” y que se puede dar la paradoja de que al final del día tengamos que “agradecerle al caso Penta, Caval y otros por darnos un empujón para hacer grandes cambios”.

Respecto del anuncio de Bachelet para iniciar en septiembre un “proceso constituyente” con el fin de redactar una nueva Carta Fundamental, señala que prefiere la vía institucional y no una asamblea constituyente. “Es muy complicado que en un país que está haciendo un esfuerzo por reforzar su institucionalidad, se quiebre su institucionalidad para hacer una nueva Constitución… sería una contradicción”, remata.

– Pareciera ser que estos temas de probidad y de transparencia sólo aparecen en la agenda de los gobiernos cuando explotan casos de corrupción y luego van desapareciendo de las prioridades. Se ve un patrón que se repite. Ocurrió en 1994 con el Davilazo, en 2003 con el MOP-Gate, en 2006 con Chiledeportes y ahora con Penta, Caval y SQM. ¿Por qué no hay mayor proactividad para tratar estas temáticas?

– Este es un fenómeno global. En general las grandes transformaciones a favor de la probidad, transparencia y controles adicionales al poder político son impulsadas por éste como respuesta a casos que movilizan a la opinión pública y que dejan poco margen para dilatar respuestas. Pero hay países en que se suceden casos de corrupción y los anticuerpos sociales ya desaparecieron, la resignación prevalece y no hay capacidad ni de asombro ni de respuesta.

– ¿El caso de Argentina?

– Claro, y en varios otros países que tienen corrupciones sistémicas, corrupciones instaladas en la cúpula del poder político y por tanto el poder político no tiene intención alguna de corregir estos problemas cuando salen a la luz estos escándalos y la sociedad no es capaz de hacer prevalecer estos deseos de cambio. Pero en Chile no pasa nada de eso, acá no se ha perdido ni la capacidad de asombro ni la capacidad de respuesta. Chile en verdad se indigna con poco en perspectiva con otros países. Uno habla con gente de otras partes del mundo y te dicen ‘lo que ustedes entienden por corrupción acá no tendría tal carácter’.

Pero claro, en general se avanza sólo a punta de grandes escándalos, la proactividad es muy escaza, son políticas reactivas, pero al final del día uno termina agradeciéndole a estos escándalos por haber sido el motor transformador de instituciones que de otra manera no se habrían transformado nunca. Si todo esto prospera, si hay énfasis legislativo y se hacen bien las reformas, es una mejora significativa a la institucionalidad política chilena que nos puede dar aire de buen funcionamiento para las próximas décadas. En perspectiva, incluso, capaz que tengamos que caer en la paradoja de agradecerle al caso Penta, Caval y otros por darnos un empujón para hacer grandes cambios.

– ¿Cómo es ver este proceso desde afuera, considerando que estuvo en dos de las tres comisiones que se habían hecho anteriormente para zanjar este mismo tipo de temas (1994 y 2006)?

Son tiempos distintos, en 1994 y en 2006 se trabajaba con más calma, con una lógica de menos urgencia y menos sensación de crisis institucional que la que se vive hoy. La intensidad del debate de hoy es muy superior a la que teníamos entonces y la urgencia por responder al reclamo social por mejores prácticas hoy es mucho más alta de la que hemos visto nunca en nuestra historia. Esta comisión estuvo enfrentada a una paradoja compleja, porque sólo tuvo 45 días, que es muy poco para hacer un trabajo a fondo, pero 45 días en el contexto político que se vivía, era infinito, una eternidad. Si esta comisión hubiera tenido más días le habría hincado el diente a otros temas.

Si bien hay novedades en el informe de la comisión Engel, buena parte de las propuestas corresponde más bien a una convicción bastante extendida entre la gente que ha estudiado estos temas. La gran novedad con este informe y la cadena nacional de la Presidenta es que hay voluntad política, pero el conocimiento técnico respecto de lo que había que hacer ya estaba disponible, pues buena parte de las propuestas significa darle impulso legislativo a proyectos que están durmiendo en el Parlamento.

– De las comisiones de probidad anteriores salieron muchas propuestas que nunca vieron la luz o que, como usted dice, siguen durmiendo en el Congreso. Hoy varias de esas vuelven a salir en este informe de la comisión Engel…

– El documento de la comisión de 1994 sirvió como hoja de ruta para los esfuerzos que se han hecho en los 20 años siguientes. Ahí surgieron cosas como Chile Compra y se planteaba el tema del financiamiento de la política. Si uno mira ese documento, buena parte de lo que ahí está se ha resuelto. Del 2006 creo que había dos grandes cosas: la Ley de Transparencia y otra propuesta que en ese entonces el Ministerio de Hacienda no quiso patrocinar y que vuelve a aparecer ahora en el informe de la comisión Engel y que ojalá ahora sí prospere, que es la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas. Es una iniciativa muy alineada a la probidad. Uno atenta contra la probidad no sólo cuando alguien se roba la plata, si no que cuando la plata pública se gasta mal y con mediocridad.

– Si en el pasado ya quedaron varias propuestas clave en el camino, como la de la puerta giratoria, ¿qué hace pensar que ahora no vaya a pasar lo mismo con las cosas anunciadas por la Presidenta?

– El riesgo de que no se avance es bajo. Si bien es probable que de las más de 200 propuestas la mitad no vayan a prosperar, pero si 100 o las más esenciales avanzan le estamos cambiando la cara institucional al país. Yo creo que nunca ha habido más presión pública para que esto avance. El costo en reputación del gobierno por no ser proactivo en impulsar las reformas y el costo en reputación del Parlamento en no ser proactivo en aprobar estas reformas es muy alto. Dicho de otra manera, el prestigio y la legitimidad de la clase política se juega en la rapidez y en la extensión con la que se avance en estas materias. El margen para la reticencia es casi nulo.

– En ese sentido, ¿La crisis política e institucional actual es de un carácter más graves que las anteriores?

– En el Davilazo del 93 fue una corrupción media privada, también hubo un caso en la Refinería de Con Con, pero el tema de ese momento no era la corrupción aunque sí había creciente preocupación sobre el tema, pero no al nivel de lo que tenemos hoy día. El caso MOP-Gate fue fuerte y tuvo la fuerza suficiente para generar ese gran acuerdo político. El caso generó una crisis fuerte pero en la que el perímetro de los afectados estaba mucho más acotado. Y lo de Chiledeportes fue de menor envergadura pero igual motivó la creación de esta comisión que impulsó algunas medidas como la indicación sustitutiva de la Ley de Transparencia.

– ¿Las medidas planteadas por la Presidenta son suficientes para superar esta crisis?

– Son medidas institucionalmente suficientes. Si buena parte de esto se logra, nuestro Estado va a quedar a un nivel de clase mundial. Vamos a haber resuelto institucionalmente lo que hay que resolver. Eso a nivel institucional y de reglas del juego. Pero hay otra cuestión que va a costar mucho más recuperar que es la legitimidad, la confianza y el aprecio ciudadano sobre la actividad política. Eso se va a demorar más tiempo si es que se logra recuperar alguna vez de una manera significativa.

– ¿En qué temas pueden surgir los principales nudos en materia de discusión parlamentaria?

– Me tocó participar esta semana en el Senado en la tramitación del proyecto de Ley de Transparencia y yo estaba revisando que en el informe de la comisión Engel se dice que los correos electrónicos institucionales deben ser considerados como información pública. Sin embargo lo que se está tramitando y la indicación del Ejecutivo va por establecer restricciones muy significativas al acceso de los correos electrónicos. Eso ya es una contradicción muy concreta entre una propuesta de la comisión Engel y lo que hoy se está discutiendo en el Parlamento.

– ¿Qué le pareció este anunció de la Presidenta de iniciar en septiembre un “proceso constituyente” para una nueva Constitución?

Ya se había dicho que este año algo de eso iba a ocurrir y creo que se sigue siendo, probablemente de forma deliberada, ambiguo con cuál será el procedimiento. Con eso quedan todos tranquilos, desde los partidarios de la asamblea constituyente hasta los partidarios de una reforma constitucional acotada en contenido y desarrollada a través de los mecanismos que hoy día la Constitución establece para ser reformada.

– ¿Usted es de los partidarios de que la Constitución se haga por los canales institucionales o vía asamblea constituyente?

– Yo no tengo dudas respecto del canal institucional. Yo creo que es muy complicado que en un país que está haciendo un esfuerzo por reforzar su institucionalidad, se quiebre su institucionalidad para hacer una nueva Constitución… sería una contradicción. La Constitución vigente la hemos modificado 34 veces. A mí no me gustaba nada la Constitución del 80 y su contenido, me parecía inaceptable para un régimen democrático, pero modificada 34 veces ya son muy pocos los elementos actuales de la Constitución que me parecen incompatibles con la democracia que quiero. Yo soy más partidario de discutir qué elementos merecen reforma, y llegar a consenso respecto de esos capítulos, que de abrir una suerte de Caja de Pandora en donde rebarajamos completamente el naipe constitucional, nos damos el gusto de generar una instancia participativa ilegítima, y donde el resultado final puede ser peor. Le tengo miedo a las constituciones maximalistas, le tengo miedo a los procesos constituyentes que terminan en constituciones de 500 o 600 artículos en donde todo es un derecho. El resultado de la asamblea constituyente, si no se hace un proceso ordenado y reflexivo, puede derivar en un texto que se parezca mucho más a una declaración de intenciones colectiva que a un documento que de verdad ordene la vida política e institucional del país.

 

FOTO: AGENCIA UNO

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