Fuertes tensiones políticas está enfrentando el gobierno para designar al nuevo superintendente de Medio Ambiente (SMA).
Los tres candidatos elegidos por la Alta Dirección Pública están en manos del Presidente Gabriel Boric, quien debe definirlo en los próximos días.
La SMA es un espacio clave y estratégico, ya que fiscaliza todas las actividades productivas del país, y tiene la facultad de imponer fuertes sanciones y paralizar empresas en casos de riesgo.
Por ejemplo, la multa más alta fue a Caserones en 2015 por US$12,2 millones, seguida de Barrick-Pascua Lama en 2017 por US$10,3 millones y Minera Escondida en 2022 por US$7,4 millones.
Las tensiones y quiénes son los candidatos a dirigir la SMA
Los candidatos de la terna son el abogado y ex fiscal de la SMA, Emanuel Ibarra, actual subrogante, quien reemplazó a Cristóbal de la Maza, a quien este gobierno le pidió la renuncia en abril tras ser nombrado por ADP en la administración del Presidente Sebastián Piñera.
A Ibarra se le vincula al anterior gobierno, ya que fue nombrado como fiscal por intermedio del entonces subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco, y fue uno de los hombres fuertes de la administración de de la Maza. Además, es conocida su cercanía y amistad con Riesco.
A pesar de venir de la administración anterior, Ibarra es cercano a dos abogadas ex funcionarias de la superintendencia que ahora están de asesoras en el gabinete presidencial.
Es el caso de Andrea Reyes y Pamela Torres. La primera es una de las que escribe los discursos del Presidente, según ha reportado la prensa. Torres, en tanto, subrogaba a Ibarra en la SMA antes de llegar al gobierno en marzo pasado.
La abogada Marie Claude Plumer, actual jefa de la División Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, es la otra candidata, cercana a la ministra de MMAA, Maisa Rojas.
La profesional tuvo un largo recorrido en la administración pública durante los gobiernos de la Concertación. “Es una técnica con opinión crítica”, dice una ex alta autoridad de esos gobiernos. Se le vincula como cercana al PPD, aunque sin militancia política.
El tercero candidato es Eduardo Astorga, quien renunció hace pocos años al PS y hoy sería cercanos al Frente Amplio.
Durante los gobiernos de la Concertación siempre fue el candidato del PS para cargos ambientales de primera línea. Estuvo en la división Andina de Codelco y en la Secretaría de Medio Ambiente y Territorio del MOP.
“Llama la atención que el gobierno aún no se haya definido por un candidato, lo que muestra las tensiones que se viven en su interior”, dice una ex alta autoridad de Medio Ambiente.
La experiencia de Eduardo Astorga
Eduardo Astorga es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y participó activamente de la redacción de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, de la Ley 20.417 Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente y de la Ley Nº19.253 sobre Pueblos Indígenas.
Además, es doctor en Derecho Ambiental de la Universidad de Alicante, España, y es transversalmente reconocido como un reputado experto en materia ambiental.
Tiene amplia experiencia en gestión ambiental en empresas públicas como Codelco, en el Ministerio de Obras Públicas, y como fiscal de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
De un perfil más técnico, en el sector se le reconoce su criterio y prudencia, y experiencia directiva.
Ha sido profesor de Derecho Ambiental de las Universidades de Chile, Los Andes, del Desarrollo y de Santiago. “Estas virtudes podrían ser muy necesarias en una institución que cuenta con amplias atribuciones de fiscalización y sancionatorias que podrían restringir la actividad económica”, indica una fuente a El Líbero.
Marie Claude Plumer, la candidata de la ministra de Medio Ambiente
La candidata favorita del Gobierno sería Marie Claude Plumer, muy cercana a las ministras Maisa Rojas y Ana Lya Uriarte, de Segpres.
Ella es abogada de la Universidad de Chile y tiene amplia experiencia en la administración pública desde tiempos de la extinta Conama -institución que lideró Uriarte-, cuando fue jefa de la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA.
Plumer es máster en Derecho Ambiental por la U. París I-Panthéon- Sorbonne, y magister en Valoración Económica de los Recursos Naturales, de la U. de Alcalá de Henares. Ha ejercido roles relevantes en la SMA en los cargos de fiscal, y jefa de la División de Sanción y Cumplimiento.
En el sector privado resienten la poca flexibilidad que ha mostrado en sus cargos anteriores. Ello, porque en su anterior paso por la SMA impuso las mayores multas que se tenga data, y con drásticas medidas sobre proyectos mineros que llevaron al cierre de sus operaciones.
En 2018 la Contraloría elaboró un “Informe de Investigación Especial” por la construcción de 214 casas de la inmobiliaria Batuco, al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), cuando ella se desempeñaba como jefa de la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA.
El organismo ordenó a la SMA iniciar un “procedimiento disciplinario para establecer las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren derivarse del hecho”.
En una carta publicada en su cuenta de Twitter, Plumer calificó de “falso” que la Contraloría ordenara “abrir una investigación sumaria en contra mía”.
“La Contraloría reconsidera y aclara, en los términos expuestos, el numeral 2 del Informe Final de Investigación Especial N°648, de 2017, que era aquel que ordenaba investigar la eventual responsabilidad en los hechos derivados de autorizar la conclusión de obras menores en las 214 casas del proyecto habitacional y ordena a la SMA considerar este cambio de criterio en el expediente sumarial”, dijo la abogada.
“A la fecha de recepción de la reconsideración, esto es, al 20 de enero de 2022, la SMA ya había declarado la prescripción de la responsabilidad administrativa, ya que ello había ocurrido por la resolución afecta N° P-006, de 16 de diciembre de 2021”, indica en su carta.
De ser ratificada, se convertiría en la primera mujer Superintendenta del Medio Ambiente.
Emanuel Ibarra, hombre de confianza del ex subsecretario Riesco
Emanuel Ibarra es abogado de la UC, máster en Derecho Ambiental y Desarrollo de Proyectos de la Universidad Finis Terrae, y está en la SMA desde 2013. Se le vincula al gremialismo y es hombre de confianza del ex subsecretario Riesco.
Cercanos al proceso indican que evaluó militar en la UDI. Pero algunas fuentes señalan que con el cambio de gobierno ha tomado una postura política ambigua.
Dicen que ha habido un esfuerzo de Ibarra por aparentar un nuevo domicilio político cercano al gobierno. Además es cercano a dos asesoras claves del gabinete presidencial.
Si bien su gestión ha tenido amplia cobertura mediática, muchos de los logros que presenta como propios provienen de la gestión del Gobierno del Presidente Pinera.
Durante su subrogancia de ocho meses, Ibarra ha tenido que enfrentar algunas polémicas. Por ejemplo, cuando aprobó un programa de cumplimiento para el proyecto inmobiliario Alto Maullin en un Santuario de la Naturaleza, que tenía como abogado al mismo Felipe Riesco, lo que más tarde fue revertido y duramente criticado por el Tercer Tribunal Ambiental (causa rol R-15-2021).
El legado de Cristóbal de la Maza
Durante la gestión de Cristóbal de la Maza, entre octubre de 2019 y abril de 2022, se modernizó la institución y se aplicó fuertemente el uso de tecnologías en los procesos, materias en que es especialista.
Ingeniero civil industrial de la UC, doctorado en Ingeniería y Políticas Públicas de la Universidad de Carnegie Mellon, EE.UU., de la Maza tuvo importantes logros en calidad del servicio y justicia ambiental.
Se triplicaron las denuncias gestionadas por año, y se duplicó la actividad de fiscalización y sanción con respecto a períodos anteriores.
A su vez, gracias a la transformación digital que impulsó, el 100% de los tramites son digitales, y se crearon nuevos sistemas de vigilancia remota. Los procesos sancionatorios se automatizaron, y se amplió el despliegue tecnológico institucional mediante la ciencia de datos.
«De la Maza supo actuar con dureza cuando correspondía, respondiendo de manera proporcional en casos de alto impacto ambiental, y aplicando sanciones tanto a empresas públicas como privadas», señalan ex autoridades ambientales.
Por ejemplo, multó al Centro de Engorda de Salmones Punta Redonda de la empresa MOWI por un escape masivo de peces; a Minera Escondida por extracción de agua por sobre lo autorizado; y a Minera Cardenilla por operar sin su permiso ambiental, entre otras.
Nota de la Redacción: Tras la publicación de este artículo, Emanuel Ibarra envió una carta a El Líbero que se puede leer aquí.
* Nota actualizada el 12 de diciembre a las 11:10 horas.