Señor Director,
Tras una maratónica semana en el Congreso, logramos instalar desde el Partido Republicano un debate que hace algunos años habría parecido imposible: La gravedad de los abusos que se cometen hoy en la justicia ordinaria contra policías y militares, quienes son tratados como delincuentes solo por cumplir su labor, y la necesidad de volver a la Justicia Militar para que conozcan los casos en que estén involucrados funcionarios carabineros y militares.
Esto no ocurre por azar, como quiere dar a entender la ministra Tohá. No es una ocurrencia de último minuto sino una crítica que hemos levantado consistentemente durante años en sectores de la sociedad chilena. Críticas que la izquierda nunca se tomó en serio. Prefieren seguir inventándose esa falsa superioridad moral, tan impropia viniendo de quienes hasta hoy defienden las dictaduras en Cuba y Venezuela.
Hoy, fruto de la labor de jueces y fiscales ideologizados hay uniformados cumpliendo penas injustas en la cárcel. Hace semanas fuimos con el diputado Cristián Araya a visitar al conscripto Carlos Robledo, quien cumple condena en La Serena por haber seguido órdenes el 2019, y haber salido a repeler hordas de manifestantes que provocaban desórdenes en la ciudad. En ese contexto lamentablemente murió uno de los manifestantes, y años después, sin siquiera periciar su arma y aprovechándose de una declaración que él entregó como testigo, sin un abogado presente, los tribunales resolvieron que él era el culpable.
Ese es el nivel de injusticias que viven hoy tantos uniformados. Esa es la injusticia que también está viviendo el cabo de la Armada Ricardo Seguel, actualmente procesado en Cañete por la muerte de un comunero mapuche en medio de un enfrentamiento armado, curiosamente en la misma carretera donde hace pocos días fueron asesinados tres carabineros.
Estas son las historias que nos cuentan decenas de uniformados que deben enfrentar en silencio el paseo infame por los tribunales. Ese es el pago de Chile con quienes han puesto su vida en la línea para defender nuestra seguridad, y en el reciente estallido delictual, incluso nuestra democracia.
Los Republicanos tenemos la convicción de que esto debe cambiar. No podemos seguir tratando con tanto desprecio e injusticia a quienes, cumpliendo órdenes, salen a la calle a garantizar que todos los chilenos podamos dormir un poco más tranquilos. Ellos necesitan nuestro respaldo para enfrentar con más fuerza el crimen organizado y el terrorismo que hoy asolan nuestro país. Por eso repondremos en el Senado la indicación para trasladar estos casos a la Justicia Militar, y esperamos ahí se apruebe.
Luis Fernando Sánchez Ossa, Diputado Republicano
Excelente diputado, felicitaciones a usted y a su Partido por lucha incansable por reponer el estado de derecho. Persistan en ese camino. Cuando haya pronto un cambio en la conducción y en las condiciones políticas, en un tiempo más breve que largo, será impuesto por la fuerza la vigencia del estado de derecho en todo el territorio nacional
Si los carabineros Cisterna, Arévalo y Vidal hubiesen repelido la agresión y alguno de los agresores hubiese resultado muerto, actualmente estarían acusados por la justicia ordinaria —no por la militar; que es la que en los países civilizados conoce de las causas por hechos protagonizados por militares en el ejercicio de sus funciones profesionales— como autores del delito de homicidio; al igual que lo está el cabo de la Armada de Chile Ricardo Seguel San Martín, quien en noviembre de 2021 integraba una patrulla de infantes de marina que concurrió a auxiliar a carabineros que estaban siendo atacados con armas de fuego por encapuchados y que, como resultado de la acción, resultó muerto un comunero mapuche. La Fiscalía y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) —que es querellante en este caso— piden 15 años de cárcel.
Si Seguel fuese condenado, el Partido Comunista y los partidos y movimientos de extrema izquierda —actualmente en el gobierno y que actúan con un pie en La Moneda y otro en la calle— habrán obtenido un gran logro en su objetivo de destruir a Carabineros de Chile y a las Fuerzas Armadas, dejando al Estado de Chile en la indefensión; una condición sine qua non para conquistar el poder total, puesto que «sólo destruyendo el aparato burocrático y militar de Estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista».
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política
Comparto tanto el contenido de la carta como los comentarios. Sin embargo, dado que la justicia militar no es independiente como se afirma con ligereza, toda vez que por sobre los jueces militares están la Corte Marcial y la Corte Suprema, donde «reina»la Segunda Sala, nada asegura un trato imparcial mientras el poder judicial persista en una conducta que no puede atribuirse solamente a una ideología dominante sino también, y quizás principalmente, a permanecer anclado en un pasado del cual, arrepentido, desea tomar distancia haciendo mérito a costa de los miembros de la fuerzas armadas y de orden, estén en retiro o en servicio activo.