La semana comprendida entre el 12 y el 18 de octubre cerró con un atentado y cuatro detenidos en la Macrozona Sur, de acuerdo con el Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero. El hecho violento ocurrió la noche del martes 13 en un predio forestal de Angol y dejó cuatro maquinarias destruidas, mientras que una investigación de alta complejidad de la Fiscalía de Collipulli y la BIPE de la PDI de Angol permitió detener a cuatro integrantes de una asociación criminal vinculada a una serie de delitos violentos.
El atentado afectó al fundo El Carmen, de Forestal Mininco-CMPC, ubicado en el sector Chiguaihue de Angol. Cerca de las 21:30 horas, un número indeterminado de sujetos ingresó al predio e incendió cuatro equipos forestales. No había trabajadores en el lugar al momento del ataque y no se registraron personas lesionadas. Las pérdidas fueron estimadas preliminarmente en alrededor de US$2 millones.
En el sitio fueron encontrados mensajes en los que se exigía la libertad de quienes los autores denominaron “presos políticos mapuche” y la salida de las empresas forestales del territorio. La Fiscalía Regional de La Araucanía instruyó las diligencias a personal del OS-9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Hasta los días posteriores al ataque no se había establecido públicamente la identidad de sus responsables ni una organización a la cual atribuirlo.
El predio que había vuelto a operar después de siete años
El lugar atacado tenía una característica particular: la empresa había retomado sus actividades allí hacía solo algunos meses, luego de permanecer cerca de siete años sin operar debido a los problemas de seguridad de la zona.
Menos de tres semanas antes del atentado, el 25 de septiembre, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, había visitado precisamente esa faena para destacar el retorno de las actividades productivas. Durante el recorrido grabó un video desde el predio en el que señaló que en ese sector no se había podido “operar ni trabajar hace cerca de siete años” y destacó que contratistas y trabajadores habían regresado al lugar.
En esa oportunidad, Arrau sostuvo que el regreso de las faenas era “una señal concreta de que el Estado está recuperando el control del territorio”. Tras el ataque, el ministro afirmó que el episodio no frenaría el despliegue del Gobierno y que volvería a la zona.
El atentado destruyó tres máquinas procesadoras y una “garra”, según los antecedentes entregados por CMPC. La faena empleaba, entre operadores y personal de apoyo, a alrededor de 24 o 25 personas.
Cuatro detenidos por una asociación vinculada a 14 delitos
La otra novedad de la semana estuvo en una investigación desarrollada por la BIPE de Angol junto a la Fiscalía Local de Collipulli.
El primero en ser detenido fue Javier Andrés Lagos Morales, conocido como “Guasón”, capturado el lunes 12 de octubre en un sector rural de Angol y sindicado por los investigadores como el presunto líder de la organización. Dos días después fueron detenidos José André Lican Painecura, Mauricio Enrique Cuevas Toledo e Ignacio Andrés Lagos Silva, mediante procedimientos realizados en Collipulli, Angol y Concepción.
La investigación permitió vincular a integrantes de la asociación con 14 hechos delictivos: tres atentados incendiarios, seis robos con intimidación, tres robos con violencia, un homicidio frustrado y un robo en lugar no habitado. Los episodios se registraron en Angol, Collipulli, Ercilla, Renaico y Los Sauces, en La Araucanía, y Mulchén, en la Región del Biobío.
La Fiscalía precisó posteriormente que los hechos incorporados a la formalización se cometieron entre julio de 2025 y abril de 2026 y comprendieron, además, delitos vinculados al porte ilegal de armas y tráfico de drogas en pequeñas cantidades.
Robaban vehículos para utilizarlos en atentados
Uno de los aspectos que destacó la Fiscalía fue el funcionamiento de la organización. Los imputados habrían utilizado principalmente la violencia y las armas de fuego para sustraer camionetas y vehículos todoterreno a empresas forestales, contratistas y particulares.
Parte de esos vehículos, según los investigadores, era utilizada posteriormente para ejecutar otros delitos, entre ellos atentados incendiarios. Otros eran desarmados para comercializar sus piezas.
La PDI estableció además que, durante los asaltos a empresas y contratistas forestales, los integrantes de la organización no solo sustraían vehículos, sino también chalecos antibalas, radiotransmisores, teléfonos celulares y drones. Estos últimos habrían sido utilizados para observar previamente los lugares donde pretendían actuar y detectar medidas de vigilancia o presencia policial. En los robos a estaciones de servicio, en tanto, sustraían dinero de la recaudación y bidones con combustible.
Los allanamientos permitieron incautar una camioneta con encargo por robo, una pistola calibre 9 milímetros, ocho cartuchos, un arma cortante, una balaclava, un chaleco antibalas, prendas mimetizadas, equipos de radiocomunicación, teléfonos celulares, una batería de dron y un computador portátil.
“Guasón” y otros dos imputados quedaron en prisión preventiva
Lagos Morales fue formalizado por su presunta participación en 12 hechos, entre ellos robos con intimidación reiterados ocurridos en Collipulli, Angol y Renaico, dos atentados incendiarios –uno en Angol y otro en un sector rural de Collipulli– y delitos relacionados con armas. El Juzgado de Garantía de Collipulli decretó su prisión preventiva al considerar que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad y fijó dos meses de investigación.
Los otros tres detenidos fueron formalizados el viernes 16. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para dos de ellos y arresto domiciliario parcial nocturno para el tercero, medidas que fueron acogidas por el tribunal. De esta manera, tres de los cuatro integrantes investigados quedaron en prisión preventiva y uno con arresto domiciliario nocturno. También en este caso se estableció un plazo de investigación de dos meses.
El Ministerio Público explicó que se trató de una investigación “bastante extensa y de alta complejidad” desarrollada junto con la BIPE de Angol. El fiscal regional Héctor Leiva sostuvo que el trabajo permitió establecer una estructura dedicada a cometer este tipo de ilícitos en Malleco y señaló que no se descartaban nuevas diligencias. Por su parte, el abogado de la Fiscalía de Collipulli Diego Lerdon afirmó que los antecedentes reunidos permitieron identificar la participación de distintos integrantes en los 14 hechos investigados.