Ayer, cerca de las 3:30 de la madrugada, fue encontrado en una autopista el automóvil que se usó en el secuestro del exmilitar y expreso político venezolano, teniente (r) Ronald Ojeda Moreno. El Nissan Versa apareció en directo por la TV cuando era periciado y tenía la particularidad de que en su maletero los plagiadores dejaron un chaleco antibalas con un parche de la PDI, cascos balísticos y un cargador con munición nueve milímetros.
De inmediato surgió la duda, ¿de quién era el vehículo?
La patente está registrada a nombre de una funcionaria pública que estuvo casada con un abogado que fue presidente del partido Izquierda Ciudadana, exconcejal, excore y excandidato a diputado por el distrito 15 en la Región de O’Higgins en 2017. A raíz de ello y debido al secreto de la investigación, las redes sociales se llenaron de elucubraciones que Francisco Parraguez, el exmarido de la dueña del auto, desmiente tajantemente a El Líbero: «El auto fue clonado».
Desde Argentina, donde está de vacaciones, Parraguez cuenta que está separado hace cinco años y que su exseñora también se encuentra de vacaciones en el sur de Chile, por lo que ambos se sorprendieron con la noticia.
Efectivamente, ella tiene un Nissan, «pero está estacionado en su departamento y rara vez lo ocupa porque está aprendiendo a manejar», por lo que estima que se trató de una clonación.
Por eso, la mujer ya prestó declaración ante la PDI, mientras que a él le preocupa «cuáles son las intenciones» de que se le esté vinculando en el caso, dado «que no tengo participación política desde hace años, cuando postulé a diputado en 2017 y ahora me dedico al ejercicio libre de la profesión».
Debido al acoso del que está siendo blanco en redes sociales, el abogado anunció acciones legales.
Ojeda fue secuestrado desde su departamento de Independencia ayer, cuando se encontraba junto a su esposa e hijo. Quienes se lo llevaron, en ropa interior y maniatado, se hicieron pasar por integrantes de la Policía de Investigaciones y la indagatoria está siendo llevada de manera reservada por parte del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), del Ministerio Público. En paralelo, el gobierno emitió una alerta a Interpol, reforzó la vigilancia en las fronteras y dijo que no descarta ninguna hipótesis.