El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), del Ministerio Público, investiga de forma reservada el secuestro del ex preso político venezolano teniente (r) Ronald Ojeda Moreno, ocurrido esta madrugada en la comuna de Independencia. Ojeda reside en Chile bajo condición de asilo y en horas de la tarde, el gobierno dio a conocer que se levantó una alerta a Interpol y que se reforzaron los controles en las fronteras.

Trascendió que cuatro sujetos que se habrían hecho pasar por integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI), irrumpieron en la vivienda de Ojeda alrededor de las tres de la mañana, donde Ojeda estaba con su señora y su hijo de seis años. Los amenazaron y se llevaron al ex militar. Los secuestradores iban equipados con cascos balísticos, chalecos antibalas y tenían el rostro cubierto.

La situación se agrava porque Iván Simonovis, también ex preso político y ex comisionado Especial de Seguridad de Inteligencia del gobierno interino de Juan Guaidó, denunció en sus redes sociales que los responsables de esta acción serían agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana (DGCIM); quienes se habrían infiltrado en territorio chileno y secuestraron al hombre.

La abogada venezolana Tamara Suju, directora ejecutiva de Casla Institute y delegada del World Jurist Association (WJA) ante la Corte Penal Internacional, advierte a El Líbero que tanto el secuestro, como la intervención de la DGCIM serían “gravísimos”. 

Abogada Tamara Suju

Aclara que hasta el momento, esto último se trata de hechos presuntos. No obstante, afirma: “Es un cuerpo de seguridad armado que entra en un país con un gobierno democrático, porque si es entre dictaduras, a mí no me extrañaría; pero Chile es un país democrático, donde entra un grupo armado, secuestra a un protegido del Estado chileno con asilo, se lo lleva en la madrugada, lo sacan a la fuerza, se lo llevan, y nadie sabe ni cómo fue, ni cómo entraron, ni qué pasó. Es decir, el precedente histórico de lo que acaba de suceder en Chile, yo creo que tiene que ser condenado, y tiene el gobierno que abocarse a la investigación y, además, con fuerza. Es decir, responder con fuerza contra el régimen venezolano, porque lo que acaba de hacer Venezuela es violar el territorio chileno de forma armada para llevarse a un venezolano. Eso no se puede permitir”. 

Para Suju –sobre quien pesa una orden de captura del régimen de Maduro–, “esto sienta un precedente terrible, porque hay mucho perseguido venezolano, incluyéndome, en el exterior, en total situación de indefensión. No nos olvidemos de que es un régimen criminal. Es un régimen que tiene una investigación penal abierta en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, justamente por tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones”.

En ese sentido, la abogada reitera que “el gobierno de Chile tiene que reaccionar ante esto, tiene que rechazar contundentemente esta acción, investigar qué fue lo que pasó, cómo entraron estas personas, si son realmente de organismos de seguridad venezolanos. Yo creo que la respuesta del gobierno de Chile tiene que ser contundente”.

¿Quién es Ronald Ojeda Moreno?

Se supo que el teniente (r) Ronald Ojeda Moreno se encontraba asilado en Chile luego de lograr escapar en diciembre de 2017 de la cárcel militar de Ramo Verde en Venezuela, en donde estuvo varios meses recluido. Además, el pasado 24 de enero de 2024 el Ministerio de Defensa de Venezuela publicó su degradación y expulsión de las Fuerzas Armadas por su supuesta implicación en “conspiraciones… para atentar contra el sistema de gobierno legítimamente constituido, las autoridades e instituciones del Estado”, lo cual implicaba hasta el “asesinato del primer mandatario nacional (Nicolás Maduro)”, con lo cual también se le acusó de “traición a la patria”. 

También han circulado unas imágenes de Ojeda en una manifestación frente a La Moneda ocurrida en noviembre de 2022. Entonces, se arrodilló frente a la casa de gobierno para pedir por la libertad de los presos políticos en Venezuela y rechazar las negociaciones que en ese momento ocurrían entre la oposición y el chavismo en México. 

Suju ha entrado en contacto con conocidos de Ojeda, quienes confirmaron el secuestro. De momento, además, se sabe que la esposa del ex militar primero hizo la denuncia ante la Fiscalía y luego se dirigió a dependencias de la PDI. 

Si bien se desconoce el paradero de Ojeda, la información que tiene la abogada es que habría sido llevado a Caracas y que, incluso, ya estaría allá. 

“Yo no creo que un comando que entra de esa manera se va a quedar escondido en Chile. Entonces, la información que yo tengo es que ya lo tienen en Caracas, y esto es más grave aún, porque no nos olvidemos de lo que le hace el régimen venezolano a los perseguidos políticos, sobre todo cuando los está acusando de traidores y les quiere sacar información, y cómo los torturan en los centros de tortura venezolanos de los organismos de inteligencia”, señala Suju. Advierte que “si presuntamente ya lo tienen en los organismos de inteligencia venezolanos, yo no me quiero ni imaginar en qué condiciones, ni lo que van a hacer con él”.

La responsabilidad de la DGCIM en torturas y violencia sexual

La DGCIM figura en los informes de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV). En el documento presentado en septiembre de 2022, se documentan 122 casos de víctimas que fueron detenidas por este organismo, de las cuales 77 fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La tortura se llevó a cabo en su sede “La Boleíta”, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país. Y se señala que esta instancia hace “uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos”.

En la denuncia hecha en X por Simonovis, se afirma que esta incursión ilegal estuvo a cargo de Alexander Granko, funcionario que es mencionado en el informe detallado de los “Crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado: estructuras y personas involucradas en la implementación de un plan para reprimir la oposición al gobierno” que hace la Misión. 

De acuerdo con el informe, Granko estaba a cargo de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE), considerado un “grupo de choque” que no figura en la jerarquía formal de la DGCIM.

El mismo texto sostiene que Granko era el responsable de la administración de casas de seguridad clandestinas en donde se llevaban a cabo la tortura, los actos de violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

“El Instituto Casla tiene denunciado a Granko desde hace años, señalado como una de las cabezas de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es la cabeza de las torturas en la DGCIM. Granko Arteaga es una pieza fundamental del gobierno venezolano, protegido personalmente por Nicolás Maduro, ascendido por él, y tiene carta blanca en Venezuela para asesinar, detener y torturar con total impunidad. No existe hoy en día ningún organismo regional o universal de derechos humanos que no lo haya señalado, inclusive las relatorías de Naciones Unidas, está señalado en los informes de la Organización de Estados Americanos (OEA); es decir, en todo el mundo lo tiene señalado y hasta el día de hoy nadie le toca un pelo porque es el protegido personal de Nicolás Maduro”, describe Suju.

Suju: “Si es el DGCIM el que está metido en este secuestro, el comandante del DGCIM es el propio Presidente”

La abogada sostiene que primero hay que avanzar en las investigaciones para saber si efectivamente este funcionario está involucrado. Agrega que Granko ha estado involucrado en los episodios más terribles de torturas que se han desarrollado en ese país. 

“Todas las personas que han sido detenidas en los últimos meses, militares y civiles, que han pasado por el DGCIM, han estado bajo la mano de él, porque se dice que toda la planificación de la represión está en la cadena de mando de Nicolás Maduro, que es el jefe del DGCIM, muy importante decirlo, porque así lo dice la ley, así lo dice el manual de operaciones especiales del DGCIM y así lo dice el régimen por el cual se rige el DGCIM. El comandante en jefe de la Fuerza Armada y Presidente de la República es el jefe del DGCIM (…). Esa es la gravedad del asunto, de todo lo que está pasando. No es que un grupo de personas se puso creativo y fue a buscarlo a Chile por espontaneidad. No. Si es el DGCIM el que está metido en este secuestro, el comandante del DGCIM es el propio Presidente”, subraya Suju.

Riesgo de tortura

Suju sostiene que de estar Ojeda bajo el poder de Maduro, nuevamente se convertiría en un preso político, a lo que suma que de estar en poder de la DGCIM a lo “mínimo” que se expone es a ser torturado. “Y torturado de muchas formas; incluso amenazándolo, inyectándole sustancias para que declare lo que ellos quieran, como es lo último que sucede. Primero, desaparecerlo, no decir, no admitirlo, no decir nada. Segundo, ver qué le pueden sacar, porque se lo llevaron es para ver qué le sacan. A ver si tiene algún tipo de conexión, qué conexiones tiene, porque eso es lo que ellos buscan”, describe. 

El régimen de Maduro en los últimos días ha endurecido sus posiciones, primero con la inhabilitación de la opositora María Corina Machado y luego con la detención de la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien estuvo en condición de desaparición forzada durante días. 

Desde el régimen la involucran en la llamada Operación Brazalete Blanco, que supuestamente pretendía el derrocamiento de Maduro. 

Suju desconoce si hay relación entre estos hechos. No obstante, detalla que a Ojeda lo degradaron de las FF.AA., sin estar presente, en el mismo acto en que degradaron a varios de los detenidos por este caso.

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