El reconocido estudio BACS Abogados, de Antonio Bascuñán, Esteban Barra, Alejandro Awad, Marcos Contreras y Miguel Schürmann, está más mediático que nunca. Si bien los connotados juristas se han hecho cargo de causas de alta exposición, hoy su defensa al empresario Rodrigo Topelberg en el denominado “Caso Audio”, los tiene especialmente visibles.
En ese marco, quedó en evidencia que también son proveedores de servicios en derecho penal y comercial de varias organizaciones estatales desde 2012, aunque la mitad de los 22 contratos que tienen, los adquirieron durante la actual administración del Presidente Gabriel Boric.
“Todos los gobiernos tienen sus abogados preferidos y ellos son los preferidos de este gobierno”, dice un conocido abogado de la plaza.
De hecho, actualmente y en el pasado han patrocinado a distintas figuras del oficialismo, como Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Irací Hassler y el difunto Guillermo Teillier.
Topelberg es ex socio de los hermanos Sauer en la fallida corredora de bolsa STF Capital y el factoring Factop; y según consignó La Segunda, la abogada María Leonarda Villalobos le entregó a él el polémico audio de la reunión entre ella, Daniel Sauer y Luis Hermosilla, donde se hablaba de supuestos sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
No obstante, vía Whatsapp, él le aseguró que no había difundido el material: “Te doy mi palabra que mi abogado no le ha dado nada a Ciper. Están en shock con esta huevada porque no la pueden ocupar y me están echando a perder una negociación (…) lo que sí pude averiguar es que ese video (sic), llegó ayer a varias fuentes simultáneamente y de manera anónima, y te aseguro que yo no fui”.
Como ni Sauer ni Topelberg ganaban algo con la difusión del audio, la defensa del abogado Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, ha dicho que tras la revelación hay una “maniobra política” que busca cambiar el foco de la agenda noticiosa que por estos días se concentra en el Caso Convenios, seguridad y el plebiscito constitucional.
Informes en derecho y asesorías a la Municipalidad de Maipú
De acuerdo a la información de Mercado Público, BACS ha suscrito 22 tratos con organismos del Estado desde 2012. 11 son durante esta administración y suman 5.770 UF en servicios.
Los primeros años eran del orden de uno anual, principalmente con la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Luego en 2020 obtuvieron tres (dos con la Municipalidad de Lampa y uno con el FNE); en 2021 nuevamente tres. Dos fueron con el Ministerio de Obras Públicas, para informes en derecho; y uno con la Municipalidad de Maipú, donde el entonces recién asumido alcalde Tomás Vodanovic (RD) los contrató para querellarse contra la exedil, Cathy Barriga, caso que este viernes 24 también hizo noticia luego de que Interferencia diera a conocer que la Fiscalía la formalizaría por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
Esa causa la representan José Pedro Silva y el ex integrante del Comité Técnico de Admisibilidad (organismo parte del proceso constituyente) por el partido Acción Humanista, Marcos Contreras Enos, socio de BACS.
En 2018 Contreras y Schürmann también incursionaron en otras áreas, pues fueron panelistas del programa de El Periodista “Estamos condenados” y antes, en 2015, fueron columnistas de El Mostrador.
El salto de contratos en 2022
En 2022 hubo un salto a ocho órdenes de compra por sus servicios. Ese año la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú los contrató para «presentar y tramitar las querellas o denuncias” que la entidad estimara a futuro. Un mes después, la municipalidad pactó sus servicios por un año (720 UF), con el mismo fin, sumando dos contratos en esa casa comunal. El mismo 2022, la Subsecretaría del Interior, la FNE y el MOP, les encargaron “informes en derecho”.
En el caso de Interior, fue un informe jurídico para determinar “el alcance de la aplicación de la ley 12.927 sobre la Seguridad del Estado, necesario para la tramitación de causas judiciales de la División Jurídica de esta cartera”. La orden de compra es de abril, mes en que la entonces ministra Izkia Siches aplicó la ley para querellarse contra camioneros en paro (en septiembre las retiraron), mientras que en julio el Partido Republicano intentó acusarla constitucionalmente, entre otras cosas, por haber retirado las querellas por esa norma en el marco del estallido social.
En mayo de ese año, el nombre del estudio también sonó en los pasillos de Interior, cuando abogados de la División Jurídica fueron desvinculados y al lugar llegaron jóvenes juristas, una de ellas recomendada por BACS, pues “sabían que ahí buscaban una penalista joven y afín al gobierno”, decía DFMás.
El MOP, en ese momento encabezado por el ministro Juan Carlos García (PL), les pidió dos informes. Uno sobre su disputa con la Autopista Central -sobre discrepancias en la disminución de tarifas; y otro sobre el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, sobre el impacto de la pandemia en la concesión del terminal aéreo. En 2021 habían pedido informes sobre las mismas empresas. El informe de la FNE fue sobre “la existencia de posibles ilícitos relacionados al mercado del gas”.
Además, La Superintendencia de Pensiones les pagó por una asesoría respecto a las sanciones que les impuso el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia (“CPLT”) y la Municipalidad de Mostazal también requirió sus servicios para representarlos en causas penales.
En 2023, su trabajo se concentra en Maipú. La municipalidad les pidió seguir asesorándolos en la detección de irregularidades y también en sus acciones legales por todo el año. Además, la corporación les encargó un informe en derecho y también suscribió otro contrato más para tramitar la querella sobre un caso de malversación de fondos de educación por más de $2.237 millones. Adicionalmente, la Superintendencia de Pensiones los contrató para realizar un informe en derecho sobre administración desleal.
Hermosilla: “Sabemos que sus abogados (de Topelberg) usan estas grabaciones y ahí se pierde la pista”
Según la defensa de Luis Hermosilla, los abogados de Topelberg podrían haber jugado un rol en la difusión del audio, aunque su equipo compuesto por Alejandro Awad, Miguel Schürmann y José Clemente Coz (de Coz & Blavi, que ve el área civil), lo ha negado.
“Sabemos que él (Topelberg) no fue (quien lo dio a conocer). Sabemos que de ahí pasa a sus abogados y de ahí se pierde la pista y esto aparece anónimamente metido en un medio de comunicación y es una bomba que le pega a Topelberg y a todo el mundo (…) estas cosas pasan en Argentina, pasan en ciertos momentos de que se usa la prensa para producir impactos, cortinas de humo para producir daños reputacionales (…) responsablemente se puede investigar por el lado de los abogados que son los últimos que reciben esto. Acuérdense una entrevista donde Sauer dice esto mismo: lo que sabemos todos es que esto termina en manos de los abogados de Topelberg y ellos van a tener que decir qué hicieron con ese audio y por qué lo usaron”, insistió Juan Pablo Hermosilla, que asesora a su hermano, sobre ese punto en radio Infinita.
Cierto o no que un tercero haya hecho llegar el audio a la prensa para cambiar el foco noticioso del país, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sí vinculó el caso con la demora del Congreso para tramitar leyes que pudieran haber evitado los supuestos delitos y sostuvo que el tema le da un impulso al pacto fiscal.
Los abogados de Topelberg no tienen ningún convenio con Hacienda, no obstante, sí han representado a ministros.
Miguel Schürmann, por ejemplo, representa al fundador de RD y ex titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en el Caso Convenios, donde aún no es citado a declarar y la causa está bajo reserva. Mientras que Alejandro Awad, representó en mayo de 2021 a la actual ministra Camila Vallejo (PC), en una indagación sobre eventuales irregularidades en la contratación de asesorías externas.
Turbio, turbio, todo turbio….