Las críticas a la propuesta del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, de imponer un royalty forestal a partir de los incendios en la zona centro-sur del país, así como a discutir nuevas regulaciones para esa industria se tomaron la agenda esta semana. Si bien los ánimos se calmaron cuando la ministra del Interior, Carolina Tohá aseguró que el Ejecutivo “no está contemplando un royalty a este sector”, y desde Corma dieron por zanjada la polémica, las recriminaciones siguen, incluso, algunos piden la renuncia de Valenzuela.
En Mirada Líbero abordamos el tema y el conflicto entre el Gobierno y las forestales, con el abogado constitucionalista y académico de la UC, Germán Concha, quien asegura que “hay implícita una suerte de vulneración de igualdad ante la ley, pues lo que se aprecia es un trato hacia una cierta industria, prácticamente como si esa industria no pudiera ser un una víctima, sino que tuviera siempre responsabilidad en lo que ocurre”.
Concha explica que “esto sería lo mismo que si alguien fuera a destruir las plantas o instalaciones de una empresa cualquiera y dijeras que la culpa no es de quien destruyó sino que de la empresa. Esto es el mundo al revés. Cuando estás destruyendo o quemando plantaciones de una empresa forestal y destruyes aquello a lo que la empresa se dedica y con lo que genera trabajo, si dices que no es víctima, entonces ¿qué es? ¿Por qué no se le aplican las mismas categorías que al resto? Porque, además, está desarrollando una activad económica lícita, conforme a la regulación vigente. Y das a entender implícitamente que hay un problema en su regulación”.
El abogado constitucionalista plantea que «hay un principio fundamental en materia de orden institucional, y es que una de las cosas que se garantiza es que puedes desarrollar cualquier actividad económica siempre que te apegues a la ley. Entonces, cuando alguien me ataca y yo he actuado cumpliendo la ley, y la autoridad dice que la culpa es mía, ¿dónde está el respeto al orden institucional? Si alguien quiere cambiar la legislación, esa es otra discusión, pero no puede ser una excusa para no aplicar la legislación vigente«.
Además, Concha agrega que “de las autoridades involucradas, el único que ha aplicado la ley es el nuevo Fiscal Nacional, que ha dicho que si hay delito, la víctima es la forestal. Todas las explicaciones posteriores son intentos de no aplicar la regla jurídica como tiene que ser aplicada y, además, haciendo una diferencia muy peligrosa que es esta idea de que esto no es tan grave porque solo se han destruido cosas. No puede la autoridad decir que solo se va a preocupar cuando hay afectación de personas, y en lo demás no. Aquí hay una vulneración de lógicas de las bases de la igualdad ante la ley, y de la regla de iniciativa económica en la medida que cumples con la normativa vigente”.
Concha: “Ya es discutible el royalty a la minería, pero extenderlo a las forestales, no se entiende”
Respecto a la idea que planteó el ministro Esteban Valenzuela, sobre imponer un royalty a la industria forestal, Concha indica que «me llama la atención que inmediatamente producido esto aparecen dos argumentos. El primero es decir que esto es una gran oportunidad para cambiar la regulación. No sé cuál sería la explicación de que los incendios estén asociados a un cambio de regulación, sobre todo si tenemos denuncias no aclaradas, en investigación, sobre que varios de estos incendios tendrían un origen intencional, y hemos visto a forestales colaborando para tratar de apagar los incendios».
Añade que «además, la autoridad pone arriba de la mesa que hay que crear un royalty, como diciendo que ‘nos falta un tributo’. Esto sí que ya es rarísimo, porque además planteas un argumento que tiene otro sentido: tiene que ver con recursos no renovables. Es decir, ya es discutible de la forma en que estás planteándolo en la minería, pero extenderlo a las forestales, no se entiende».
Y cuestiona que «cuando se plantea esto sin mayor justificación, uno dice bueno ¿y la igualdad en los tributos? ¿Y ese principio de que no puede haber tributos desproporcionados e injustos? ¿Dónde está el respeto a esa fundamentación, y que no sea simplemente una forma de perseguir o de castigar a una industria? En la Constitución vigente se dejó expresa constancia de que los tributos no podían ser una vía para impedir el ejercicio de una actividad económica, por lo que si tengo una actividad lícita lo que no puedes hacer es convertirla en inviable, porque es una suerte casi como de engaño hacia la persona que la desarrolla».
Concha subraya que si se quiere prohibir una actividad porque se le considera ilícita, «que se haga por ley y se discuta, pero los tributos no pueden constituir una forma de gravar a tal punto que la actividad se haga indesarrollable y se afecte esa libertad de la iniciativa económica. Es muy complejo lo que se ha dicho en estos días, porque pone en riesgo la visión de organizaciones institucionales y que tiene que ver con el legítimo desarrollo de la actividad económica. Si esto se opta como criterio, hoy es la industria forestal, pero mañana puede ser cualquier otra actividad».
Finalmente, respalda lo dicho por el expresidente de la CPC, y actual candidato al Consejo Constitucional, Juan Sutil, respecto a que no existe experiencia sobre un royalty forestal, y señala que “no conozco una figura de ese tipo porque la explicación no coincide. No conozco experiencias parecidas o similares a lo que se dijo que se podía hacer. Me parece complejo, más allá de si existe antecedente o no, que en la mitad de una situación de crisis como esta, cuando la industria forestal está tratando junto a muchas personas de defenderse, de ponerse de pie, de resolver un problemas gravísimo, tú en el medio de esa crisis, lo que haces es hablar de impuestos y decirle a la gente que cuando se logren parar, los vamos a gravar, y además les dices que no son víctimas. Este es el momento en que el Estado tiene que justificarse más para qué existe, de ir en ayuda de las personas. Y, en vez de hacer eso, las declaraciones han sido exactamente lo contrario, porque quiere decir que no respeto el orden constitucional. Me parece grave por la señal que estás mandando”.