“Abandono e inacción”: senadores y concejales acusan al gobierno por crisis que terminó con el lago Vichuquén clausurado

“¡Entregamos un insumo medioambiental clave!”, decían en la cuenta de X del Ministerio del Medio Ambiente el 20 de julio. “En terreno la ministra Maisa Rojas anunció una serie de criterios ambientales que buscan mejorar las condiciones actuales del Lago Vichuquén, en el Maule”, continuaba el tuit. Sin embargo, denuncian que este “insumo” no pudo ser utilizado porque se hizo con información desactualizada.

Medio año después las condiciones del Lago Vichuquén no han hecho sino empeorar, al punto de que la seremi de Salud de la Región del Maule lo declaró como una “zona de riesgo sanitario” y prohibió, ad portas de la temporada estival, “utilizar el agua del lago Vichuquén para baño y actividades recreacionales con contacto directo o riesgo de ingesta accidental, para consumo humano, así como la extracción de ella con fines recreacionales o de consumo (piscinas, juegos de agua, práctica de deportes acuáticos, entre otros)”, hasta el 31 de marzo de 2026, actividades de las que dependen más del 80% de los habitantes de la comuna.

El Líbero pudo conocer que parte de este insumo se basó en un estudio hecho en 2015, año en que también se cerró el lago, sin considerar data más reciente.

“Lo del 2015 fue otra situación, tiene que ver con otra realidad, y por tanto aplicar datos de hace 10 años atrás, frente a un problema distinto, es un error severo. El tema va de Medio Ambiente a Salud, y de Salud a Medio Ambiente. Pasa el tiempo y al final ya estamos en una situación donde esta temporada está por esta vía clausurada, sin que se advierta tampoco la velocidad de respuesta definitiva de este tema. Entonces, más allá de que hay un problema que es complejo, es claro que aquí ha habido espacio suficiente para dar soluciones mucho más precisas y sobre todo frente a la última situación que se ha producido, había muchas cosas que se pudieron haber hecho, y que fueron advertidas, en la medida en que tuviéramos un gobierno eficiente para resolver los problemas”, afirma el senador por la zona Juan Antonio Coloma en conversación con El Líbero.

En julio, el anuncio de Medio Ambiente se hizo tras una visita de la ministra Maisa Rojas a la zona. Entonces, estuvo con la senadora Ximena Rincón que posteó que “después de más de dos años logramos que la Ministra de Medio Ambiente viniera a Vichuquén”. La visita incluyó un recorrido por el sistema lacustre y Rojas dijo que hubo una buena reunión de trabajo con miras a llegar a una solución: “Existe un problema complejo que tenemos que resolver en el lago Vichuquén, Laguna Torca, Estero Llico. Para eso, hoy día entregamos un insumo medioambiental clave para los criterios que se deben incorporar en un protocolo para así poder manejar la barra e incorporarlo a los criterios que tiene adicionalmente el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Aguas, la DOP, etc.”.

Rincón dice a El Líbero que ha abordado el tema de la situación del lago, no solo con Rojas, sino también con las ministras de Defensa, Salud y Obras Públicas y “nunca pasó nada”.

“La ministra estuvo en Vichuquén porque yo le insistí que fuera. Hicimos un recorrido al interior del lago y a la fecha el tema sigue siendo un tema que no abordan, que miran para el techo. Yo he oficiado, he reiterado, he insistido y la verdad es que el Ejecutivo abandonó completamente a la suerte a la comunidad de Vichuquén”, cuestiona la senadora.  

“Lo que se está viviendo hoy día en la comuna de Vichuquén, desde el punto de vista sanitario, económico, ambiental, es en gran medida responsabilidad de la inacción del gobierno… con una desidia que de verdad raya en lo frívolo”, critica Rincón.

Las consecuencias de un fallo judicial

En 2023 el Comité Medio Ambiental Aitué, patrocinado por la ONG FIMA, presentó un recurso de protección en contra de la Municipalidad de Vichuquén, que durante años siguió un protocolo diseñado por la Dirección de Obras Portuarias, llamado “Protocolo  de  apertura y cierre de desembocadura del estero Llico”, que establecía los momentos en que se debía abrir y cerrar la desembocadura del estero Llico al mar, considerando las cotas de nivel de agua en el sistema lacustre. Así se establecieron cuáles eran los niveles críticos de agua, con el objetivo de evitar inundaciones en la población de Llico cuando hubiese épocas de lluvias intensas y también cuándo la barrera de arena se debía cerrar para evitar el ingreso de agua salada al sistema lacustre. 

Sin embargo, ese protocolo no pudo utilizarse más a raíz del fallo de la Corte de Apelaciones de Talca, ratificado por la Corte Suprema en 2024, que indica que la municipalidad debe “abstenerse” de realizar maniobras en el estero de Llico “sin contar previamente con las autorizaciones legales contempladas en el artículo 41 del Código de Aguas”.

El director ejecutivo de FIMA es Ezio Costa Cordella, quien estuvo a cargo del programa presidencial de Gabriel Boric en materia ambiental y fue uno de sus voceros de campaña en estos temas, junto con la ministra Maisa Rojas.

“El protocolo que hizo el gobierno este año no cumplía con lo requerido por la Corte Suprema. Entonces era un protocolo más bien focalizado al medio ambiente, pero no estaba enfocado en dar respuesta a este recurso de protección que interpuso el Comité Aitué”, explica el concejal Paulo Arellano.

“El gobierno hizo este protocolo en forma aislada y llegaron como que ‘aquí está la solución’. Y nunca fue esa la solución. Esa es la verdad. Faltó más comunicación, faltó más acción, faltó más responsabilidad en el trabajo. El problema más grave de la región y de contaminación medioambiental está en Vichuquén. Los medios de comunicación lo presentaron, pero ellos nunca lo vieron. Hay un déficit tremendo entre la seremi, el ministerio y el gobierno en este caso. Ahora hay que esperar que actúen más rápido, tienen que ayudar a la gente”, afirma el concejal.

Las consecuencias del exceso de nutrientes en el agua, de la descargas de aguas servidas en el lago, de la entrada masiva de agua salada al lago y de malas prácticas en la cuenca, ya eran evidentes a comienzos de 2025. Prácticamente durante todo el año se alertó sobre el proceso de eutrofización que estaban experimentando las aguas del lago, pero la crítica a la inacción del gobierno es generalizada.

Para el diputado Felipe Donoso (UDI), que se haya entregado un documento con información desactualizada habla “de hacer el mínimo posible, de no tomar decisiones para solucionar el problema, sino que simular trabajar. Yo creo que aquí lamentablemente hubo una irresponsabilidad del gobierno y hoy día se genera esta situación. No hubo el sentido de urgencia que requería el tratamiento del lago. Esto debió haberse hecho durante el invierno, debió haber estado solucionado y hoy día lamentablemente nos encontramos ante una situación brutal”.

Donoso opina que “el Ministerio de Medio Ambiente tiene una visión conservacionista que impide tomar acciones para remediar problemas. Y ya que había sido una organización medioambiental la que presentó el recurso, ellos prácticamente no hicieron nada. Presentaron un instrumento desactualizado, no trabajaron para solucionar el problema. Uno tiene que cuidar el medio ambiente, pero con acciones, no con falta de acción. La ministra Maisa Rojas tiene que entender que ella ya no es activista, que es una autoridad del Estado y que su misión es cuidar al país”, subraya Donoso.

Coloma: “Este gobierno ha sido pésimo para enfrentar la emergencia”

La Resolución Exenta 25375 de la Seremí de Salud del Maule en la que se declara zona de riesgo sanitario a todo el cuerpo de agua correspondiente al lago Vichuquén atiende a que “durante el mes de noviembre de 2025, se ha reportado un bloom de algas en el lago Vichuquén”, pero la situación viene desde antes de noviembre. 

“Claramente ha habido una tremenda demora por parte de la autoridad de este gobierno para tomar decisiones. No solamente de la forma en que se ha conversado, sino que el propio Concejo Municipal, el 17 de julio, solicitó la declaración de lo que hoy día está haciendo en el mes de diciembre el Ejecutivo, precisamente porque esta declaración es la que permite tener o acceder a recursos que puedan oxigenar el lago en aquellas partes que es posible, o dar inicio a las obras más importantes que tengan que ver con una solución final y definitiva”, dice el senador Coloma, que podría ser la construcción de contenciones para separar los afluentes.

Extraoficialmente El Líbero pudo conocer que en octubre la Municipalidad de Vichuquén solicitó a la seremi de Salud que se hiciera la toma de muestra del agua del lago, lo que no se hizo –les informaron telefónicamente– porque no había recursos. Estas muestras finalmente se tomaron el 1 de diciembre, y fueron las que determinaron que la floración en el lago Vichuquén está conformada por cianobacterias, del género Nodularia Spumigena, que son potencialmente tóxicas. 

Sobre esta demora en el actuar, Coloma sostiene: “Me cuesta entender la razón profunda, puede haber sesgo, también hemos visto en otras materias que son lentos para abordar las emergencias. Si hay un gobierno que ha sido pésimo para enfrentar la emergencia, ha sido este gobierno. Lo vimos con el incendio en Viña del Mar y lo estamos viendo ahora frente a esta crisis ambiental y de salud que se ha producido en el lago. Entonces, lamentablemente cuando un gobierno es deficiente para una emergencia, obviamente esto se traduce en afectación para los ciudadanos. Es una constante que lamentablemente hemos vuelto a ver”.

En tanto, desde Vichuquén esperan que se decrete la emergencia sanitaria que, a la larga es la que va a permitir llegar con recursos para atender la afectación económica que se va a producir en la comunidad. Por ahora, sostiene el concejal Juan Pablo Fuenzalida, buscarán igualmente enfocarse en “impulsar todas las otras características que tiene la comuna para mantener el turismo funcionando durante esta temporada”.

Arellano agrega que “la comunidad de Vichuquén tenía solamente incertezas y con el estudio de la seremi de Salud tenemos la primera certeza que, lamentablemente, no es para nada auspiciosa para lo que se viene; entonces ahora es primordial que las autoridades se pronuncien con ayuda”.

Ambos concejales llaman la atención en lo que respecta a la responsabilidad de los particulares en la situación del lago, pues a juicio de ellos las descargas ilegales de aguas servidas en el afluente también son un factor que ha incidido en la contaminación actual del lago.

La situación está prevista que se aborde el próximo 9 de diciembre en el Congreso, en la Comisión de Medioambiente del Senado, a solicitud de la senadora Paulina Vodanovic, quien señala a El Líbero que a la sesión están invitados personas de la Superintendencia del Medio Ambiente; el CORE de la provincia Curicó y el exalcalde de Vichuquén, Román Pávez; la concejala Carolina Tomic y representantes de la junta de vecinos.

“Esto tiene que ver con el medio ambiente, con la flora y la fauna, pero también con la salud de las personas, afecta la actividad turística de la zona y la salud de las personas. Entonces, el impacto del estado del lago Vichuquén es muy grande y por eso nosotros vamos a usar todos los medios que tengamos disponibles apoyando todas las acciones administrativas y legales que haya lugar”, indica Vodanovic.

Los descargos del Ministerio de Medio Ambiente

Este medio consultó al Ministerio de Medio Ambiente qué medidas se han tomado con respecto al Lago Vichuquén y recordaron que se entregó un informe de una Jornada de Diálogo y Taller sobre el Sistema Lacustre Lago Vichuquén realizado el 25 de mayo de este año, donde participaron una veintena de personas de la Municipalidad, el Gobierno Regional, de DPR, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Lago Vichuquén y más de una decena de servicios públicos. No obstante, indican que la responsabilidad de fiscalizar y sancionar no recae en ese ministerio.

En cuanto a lo sucedido con el documento presentado en julio, la seremi de Medio Ambiente del Maule, Daniela de la Jara, indica que “en lo que respecta a los criterios ambientales, lo que nosotros hicimos como ministerio fue incorporar al análisis los elementos o parámetros físico-químicos, y esos parámetros sí que son enteramente nuevos, porque en el protocolo anterior no había ningún criterio ambiental para la toma de decisiones”.

«Eso en lo que respecta a nosotros como Medio Ambiente. En lo que respecta a los datos que pudo haber entregado DGA, me parece que lo más certero es que la propia cartera lo pueda señalar en tanto esa parte del trabajo, lo trabajó directamente DGA Nacional en coordinación con la DGA Regional», señala.

De la Jara indica que esa entrega de julio fue una “hoja de ruta” con aspectos urgentes, de corto, mediano y largo plazo “producto de un trabajo que se consensuó entre más de 10 servicios públicos, incluyendo al municipio y la sociedad civil. Producto de aquello, MMA con la DGA, trabajamos el Protocolo 2.0 y eso lo enviamos en octubre para las observaciones del municipio y eso debe estar en un análisis de trabajo de parte de la municipalidad”. Propuesta en la que participaron equipos técnicos y jurídicos del MMA y el MOP.

Agrega que esto se envió al municipio a través de oficio, pues es el que tiene la tarea de implementar el protocolo, por lo que deben revisar las capacidades humanas y materiales para su implementación.

Reitera que lo que se entregó en julio fue una hoja de ruta, por tanto pudo haber una “malinterpretación”, al considerarlo como desactualizado, pues no se trató de la propuesta final, que consistió en “un trabajo de consenso entre todas las partes implicadas, y eso se llevó a cabo de manera muy exitosa. En ese insumo se determinó la medida urgente respecto del protocolo, que además lo terminamos en un tiempo récord. En dos meses estaba listo, visado por el Ministerio de Medio Ambiente y de Obras Públicas. Entonces, me parece que puede haber ahí alguna confusión”.

De la Jara también indica que “esta fue una información que se dirigió exclusivamente al municipio. Entonces, quizá no se ha transmitido a todos los actores”. No obstante, lamenta que el que esto no se considere “merma la gestión institucional, debilita la confianza en las instituciones y sabemos el conflicto que eso puede generar porque también daña la credibilidad de los esfuerzos que se han realizado. Nosotros tenemos la mejor voluntad por seguir colaborando, pero claro, quizás desde la misma frustración que puede generar la situación nace este tipo de declaraciones”.

La seremi también señala que este protocolo se hizo para colaborar con la Municipalidad de Vichuquén en el cumplimiento del fallo de la Corte de Apelaciones de Talca, ratificado por la Corte Suprema “teniendo presente que el principal obligado sigue siendo el municipio, nosotros cumplimos con la tarea de asesorar en todo lo que está en nuestro alcance, pero el cumplimiento le corresponde a la municipalidad”.