Tras la denuncia del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) en la que acusó un eventual tráfico de menores haitianos, traídos a Chile en vuelos chárter entre enero y octubre de 2025, el exdirector del Servicio en el gobierno de Gabriel Boric, Luis Eduardo Thayer, ha salido a brindar diversas explicaciones, entre ellas ha señalado que mientras estaba a la cabeza del Sermig también identificaron irregularidades y denunciaron estos hechos ante la Fiscalía.
“Nosotros en marzo de 2023 pusimos los antecedentes ante el Ministerio Público en una denuncia en relación a unas compañías aéreas que estaban enviando desde Puerto Príncipe a menores de edad sin la documentación al día, vale decir que venían con la visa otorgada, pero fuera de plazo”, afirmó en Radio Duna el martes. “Nosotros conversamos con las líneas aéreas, les explicamos cuáles eran los documentos que tenían que solicitar en el embarque y dado que las líneas aéreas persistieron hicimos la denuncia correspondiente al Ministerio Público y se abrió una investigación en ese entonces. Una investigación que entiendo sigue abierta”.
Pese a que el propio exdirector del Sermig afirma que en marzo de 2023 el Servicio puso antecedentes ante el Ministerio Público por irregularidades vinculadas al ingreso de menores haitianos, en los meses posteriores se registró el mayor volumen de entradas de niños, niñas y adolescentes de esa nacionalidad en los últimos cinco años. Desde abril de 2023 y hasta septiembre de 2025, ingresaron a Chile 6.705 menores haitianos con visa de residencia temporal, en la subcategoría de reunificación familiar. La cifra triplica los 2.193 ingresos registrados entre enero de 2020 y marzo de 2023, lo que equivale a un aumento de 206%.
Los números se desprenden de un oficio del Ministerio de Seguridad Pública enviado a la Cámara de Diputados en respuesta a un requerimiento del diputado Cristián Araya. El documento detalla que entre abril y diciembre de 2023 ingresaron al país 184 menores haitianos. En 2024, la cifra subió a 2.716, lo que representa un aumento de 1.376% respecto de los nueve meses posteriores a la denuncia mencionada por Thayer. En 2025, en tanto, se contabilizaron 3.805 niños, niñas y adolescentes haitianos entre enero y septiembre, un 40% más que durante todo 2024, pese a tratarse de un período tres meses más corto.
Según el mismo Thayer, la entrega de visas de reunificación familiar para ciudadanos haitianos fue suspendida en agosto de 2025. “En 2025, en el mes de julio, en base a información que nos había transmitido la PDI respecto de la llegada de niños en vuelos charter, nosotros solicitamos que se suspendiera la operación de tres líneas aéreas. Lo solicitamos formalmente ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)”, dijo Thayer en T13. Agregó que “la DGAC nos respondió que esto se analizaría. En el mes de agosto del 2025, tomamos la determinación compleja, porque involucra a familias que tienen residencia definitiva en Chile, de terminar con la tramitación de las residencias, y de ponerle fin a la tramitación de residencias de personas desde Haití, debido a que no teníamos las garantías suficientes, primero del traslado seguro de los niños, niñas y adolescentes, y debido a que también en algunos casos, en los vuelos, según la información de la lista de pasajeros que nos entregaba la policía, venían niños con los documentos vencidos, que se les había otorgado la visa pero se habían pasado de los plazos».
Para ese entonces, entre enero y abril de 2025 habían llegado a Chile 11 vuelos chárter procedentes de Haití. Según datos de la DGAC dados a conocer por El Líbero, nueve de ellos correspondieron a la aerolínea Galistair –empresa con base en España–, que operó los días 28 de febrero; 9, 16, 22, 23, 29 y 30 de marzo; y 1 y 7 de abril. Los dos restantes, el 27 de marzo y el 5 de abril, fueron operados por la aerolínea Aruba.
Los vuelos de Galistair salieron de Puerto Príncipe con escala en Lima antes de llegar a Santiago, mientras que los de Aruba partieron desde Cabo Haitiano, también con escala en Lima.
Los ingresos en cifras
La comparación entre períodos equivalentes también muestra un aumento. Entre enero y septiembre de 2024 ingresaron 1.827 menores haitianos, mientras que en el mismo lapso de 2025 la cifra llegó a 3.805. Es decir, el número se duplicó con un incremento de 108,3%.
Por mes, el mayor registro desde abril de 2023 se produjo en marzo de 2025, con 1.118 ingresos. Le siguieron junio de 2025, con 785; abril de 2025, con 562; diciembre de 2024, con 453; y julio de 2025, con 345.
Del total de 6.705 niños, niñas y adolescentes haitianos que ingresaron a Chile con visa de residencia temporal desde abril de 2023 hasta septiembre de 2025, el grupo más numeroso corresponde al tramo de 10 a 14 años, seguidos de los adolescentes de 15 a 17 años.
Por otro lado, los datos abiertos disponibles en el portal del Sermig muestran que el número de residencias temporales acogidas después de la denuncia de Thayer, también aumentaron de forma drástica. Si en 2023 fueron 7.732, en 2024 fueron 14.008 y en 2025 19.635.
Leer que entraron más de 6.700 niños y adolescentes haitianos a Chile a pesar de las alertas que ya existían desde 2023 deja un sabor súper amargo. Hacer la vista gorda ante miles de vuelos chárter no es solo ineficiencia o falta de profesionalismo, sino la evidencia de un Estado inepto que derechamente se volvió cómplice de la corrupción. Da para reflexionar profundamente sobre qué clase de líderes tenemos y en qué sociedad vivimos cuando nuestras instituciones no tienen el carácter ni las habilidades para frenar una atrocidad como el tráfico de niños, que sabemos que se vincula directamente con redes de abuso sexual, pornografía, explotación laboral y tráfico de órganos. Que a las pocas personas que dieron la alerta nadie las haya tomado en cuenta demuestra que lo que estamos viendo hoy es apenas la punta del iceberg.
Todo este escenario deja claro el poder y la tremenda influencia que tienen estas mafias internacionales, capaces de operar en la clandestinidad y mover piezas a su antojo dentro de nuestro sistema. Esto conecta directamente con la película estadounidense Sound of Freedom, que justamente expone con muchísima crudeza cómo operan estas asquerosas redes de tráfico infantil y cómo esta es una realidad que, por el poder y la plata que manejan, muchas veces se prefiere mantener oculta. Lograr que la burocracia de un país entero mire hacia el techo por tanto tiempo nos hace dimensionar que no nos enfrentamos a simples delincuentes, sino a verdaderas maquinarias oscuras que compran silencio y encuentran en la corrupción institucional su pase libre.
Frente a este nivel de crisis institucional, ojalá que el actual gobierno deje de lado el circo político que hemos visto en estos días y tome decisiones. Sabemos que el Estado chileno no tiene el peso internacional para acabar por sí solo con organizaciones tan nefastas y poderosas, pero sí tiene la obligación absoluta de limpiar los cargos que fueron tomados por esta red y modernizar el país. Es urgente endurecer los eslabones más débiles e implementar sistemas anticorrupción de verdad, usando herramientas como inteligencia artificial, para asegurar de que el Estado nunca más vuelva a ser el facilitador del tráfico ilegal de niños y adolescentes.
Daniel Reyes