“A los agricultores nos están cazando”: en el sur van cinco atentados a bala en dos meses

Ser agricultor en La Araucanía se ha convertido en una tarea de alto riesgo. Ninguno sabe hasta cuándo podrá seguir cosechando su tierra y, mientras tanto, el miedo campea: miedo a las balas, a que les quemen el trabajo de toda una vida, a que les tomen sus campos o les roben sus animales. 

Poco a poco grandes extensiones de terreno van quedando desoladas y quienes se quedan dicen que están en una misión de resistencia, incluso “haciendo patria” para evitar que las orgánicas radicales que operan en el sur logren su objetivo de “control territorial”. 

Datos de la Sociedad de Fomento Agrícola de La Araucanía (SOFO) apuntan a que son 20 mil hectáreas las que han dejado de trabajarse. Un número que podría aumentar. 

El último informe de la Multigremial de La Araucanía resalta un incremento preocupante en los ataques directos con armas de fuego a personas en la provincia de Malleco, con un total de 7 incidentes registrados en los últimos 50 días. De esos, al menos cinco han sido contra agricultores, dejando a algunos gravemente heridos.

“A todos los agricultores nos están dejando con una bala en el cuerpo”

“A mí me secuestraron, me amarraron, me pusieron un rifle en la cabeza y me amenazaron de muerte”, resume una de las víctimas, que prefiere el anonimato por seguridad. 

Mientras estaba maniatado y con una venda en los ojos, los atacantes quemaron todo: la vivienda, galpones, vehículos y maquinaria. Y las amenazas de muerte no cesaban. 

El campo ha sido propiedad de la familia por más de 100 años. Los más jóvenes han nacido y se han criado allí. 

“Yo estudié en la universidad y regresé, pero son pocos los que siguen viviendo en el campo. Hay miedo porque en la zona todos saben que en algún momento les puede tocar. Nosotros vivíamos allá y sabíamos que en algún momento podía pasar”, afirma. 

Y pasó el mes pasado. Junio terminó con saldo de 32 hechos de violencia en la Macrozona Sur, de los cuales 17 ocurrieron en la IX Región. Fue un período de violencia en el que además de los disparos directos contra agricultores hubo quema de iglesias y de una escuela.

En su caso, este agricultor recuerda que los violentistas que participaron en su ataque eran más de 10 y, además, tenían un tiempo definido para ejecutarlo. “Estaban muy organizados. El líder en algún momento dijo ‘ya es tiempo, retirada’ y en ese minuto se estaba quemando la casa, los galpones, la maquinaria, todo”, señala. 

Pese al hecho, dice que su posición en este minuto es seguir trabajando la tierra, ahora con resguardo policial: “No tenemos otra alternativa. Nuestra fuente de ingreso viene del campo y ahí vamos a estar. No sé qué otra alternativa tengo”. 

Sin embargo, es una tarea cuesta arriba, pues producto de los atentados terroristas que cada vez cobran más gravedad en la zona, el acceso a las pólizas de seguro se hace cada vez más cuesta arriba; así como la posibilidad de que en la región haya nuevas inversiones. 

El agricultor sostiene que en la zona de La Araucanía en la que ocurrió el atentado ahora son los únicos que van quedando. “El trabajo de campo a veces no es muy atractivo porque es de mucho esfuerzo por eso la gente tiende a migrar a la ciudad”, dice. 

Recuerda que cuando era chico tenían “un vecindario” que poco a poco se ha ido reduciendo. 

“Si siguen las cosas como van, no sólo en La Araucanía, sino que a nivel del país, lo que habrá es hambre, miseria. Están atacando la matriz productiva, donde se produce la materia prima básica para el pan, la comida. Entonces, una vez que tomen esos objetivos, vamos a estar en problemas, todos. Para mí es un tema de seguridad alimentaria”, advierte. 

También admite que “el miedo está”. “A los agricultores nos están cazando. A todos nos están dejando con una bala en el cuerpo”. 

Agrigultor: “No te puedes defender. Tienes que ponerle el pecho a las balas”

Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Victoria y Traiguén son señaladas como los sectores más peligrosos para la agricultura, por Joaquín de la Fuente, presidente de la Sociedad Agrícola de Malleco (Sama). Una situación que preocupa, pues de acuerdo con datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura (Odepa) La Araucanía es hoy el mayor productor de trigo y avena del país. 

No en todos los casos, aunque exista la voluntad, los agricultores logran permanecer en sus tierras. En otras ocasiones se ven obligados a marcharse. 

Después de más de cinco ataques incendiarios, y de un número similar de intentos de usurpaciones; éste agricultor –otra víctima– no tuvo más remedio que vender.

“Yo me di cuenta de que no había ninguna posibilidad de seguir trabajando después del último ataque incendiario, cuando perdí galpones, maquinarias, bodegas”, cuenta. Y esto después de que hacía unos años atrás ya le habían quemado la casa patronal. “Cuando se tiene a una comunidad violenta al lado es muy difícil trabajar”, subraya. 

Y es que no sólo lo amenazaban a él, también lo hacían contra los trabajadores de las empresas a las que contrataba para que le prestaran servicios: “La gente no se atrevía a ir porque les decían que les iban a quemar la maquinaria”. 

En el intertanto también se tomaron los campos vecinos y esas tierras quedaron abandonadas. “Me quedé solo recibiendo todas las amenazas, toda la violencia y toda la usurpación; pero no podía irme, porque si yo dejaba el campo no lo iba a recuperar más”, relata. Asegura que los predios vecinos al que era el suyo siguen tomados y no han podido sacar a los responsables “ni con juicios, ni con fiscales”. 

“Por supuesto que sentí mi vida amenazada”, sostiene. Y relata que cuando iba al campo tenía que entrar por un lado y salir por otro. “Son caminos donde no hay carabineros o militares transitando, custodiando. Si te pasa algo, nadie sabe quién te violentó, quién te mató, quién te hirió. La fuerza pública no tiene idea. De todas las veces que nos atacaron nunca encontraron a nadie, nunca hubo resultados. Quedamos en la indefensión”, cuenta. 

Sobre este punto, además cuestiona el actuar de las autoridades en los casos de usurpación: “Lo primero era avisar a la Fiscalía, luego esperar al COP de Carabineros, que cuando llegaba los sacaban tranquilamente; pero después el COP se iba y uno quedaba allí, indefenso. En una hora, las personas podían volver, te podían violentar, podían volver a usurpar… Tuve resguardo de carabineros con un punto fijo y luego con rondas periódicas y así y todo me quemaron dos veces más”. 

Con las llamas perdió galpones, maquinarias, bodegas e insumos; y aunque trató otra clase de cultivos era difícil lograr rentabilidad. La producción quedó “botada” y los más de 350 trabajadores que iban a trabajar en su campo en verano, “mujeres y gente de esfuerzo, también quedaron sin la posibilidad de ayudar a sus familias y de utilizar ese dinero para pagar la escolaridad de sus hijos”. 

Afirma que quienes se quedan en los campos a expensas de la violencia son “valientes”: “No hay forma de que paguen quienes nos atacan. En cambio, si los agricultores se defienden, inmediatamente hay cárcel. No te puedes defender. Tienes que ponerle el pecho a las balas”.  

«Hay un abandono de la agricultura y de la vida rural»

Para esta última víctima, “sin una nueva ley de usurpaciones es imposible que no siga esta violencia rural” y también que Carabineros cuente con mejor inteligencia, sin eso, señala, “nadie se puede adelantar a las tomas y a la violencia”.

Datos de la Multigremial de La Araucanía indican que ha existido un “alarmante número de usurpaciones” entre 2018 y 2022: más de 630 casos. 

Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Araucanía, lamenta que el Gobierno haya puesto indicaciones que “complican” la tramitación de la ley de usurpaciones. 

“De aprobarse esas indicaciones no habría avance en lo que el proyecto establece. El proyecto establece fundamentalmente que la usurpación es un delito permanente, mientras ocurre, y no como hoy día que a las 12 horas si no es denunciado ya entras en un juicio. Y lo otro es que establece penas de cárcel, porque hoy no hay detenidos, al no haber penas de cárcel, sino que solamente una multa, y eso significa total impunidad. Y en el caso que hubiera multa, son bajísimas. Entonces el Gobierno ha puesto una indicación para mantener la multa, en el caso de lo que ellos llaman ‘usurpaciones no violentas’, y eso es mantener la impunidad, dejar espacio para que estos grupos sigan operando. Entonces no se entiende que el Gobierno diga que quiere combatir esto, cuando en la práctica toma acciones en el área legislativa que lo único que hacen es mantener la situación de impunidad”, dice Santibánez.

El agricultor afectado también considera un problema grave que muchas tierras vayan a parar a manos de violentistas, porque “se desaprovechan y no la hacen producir” y, al mismo tiempo, dice que “los agricultores nos estamos desfinanciando. No hay forma de aumentar la producción. El Gobierno no te protege”. 

Para Santibáñez, es “inaceptable” esta situación que han tenido que enfrentar los agricultores en sus residencias y también los trabajadores agrícolas: “Hacemos un reclamo porque no hay prevención de este tipo de delitos, que se sabe que van a ocurrir, y que siguen ocurriendo”. 

Agrega que “hay agricultores que tienen problemas para operar, empresas constructoras de camino que también tienen problemas para operar y, obviamente, eso significa un impacto sobre la producción. No estamos hablando solamente de la inversión de gente que quiere ofrecer cosas nuevas, sino que los bienes de producción se van a ver afectados, además de la seguridad de las personas. Claramente en la parte agrícola hay una disminución persistente del nivel de siembra de trigo; en la parte forestal lo mismo, y en cuanto a prestaciones del Estado, hay muchas obras que quedan paralizadas o rechazadas por este tipo de situaciones”.

Joaquín de la Fuente, presidente de la Sociedad Agrícola de Malleco (Sama), reitera que los violentistas “ya no disparan al aire, están baleando a las personas. El mal que hacen es tremendo, porque cuando un agricultor se va y nadie ocupa su tierra hay un abandono de la agricultura y de la vida rural. Y esto afecta a pequeños y medianos agricultores cuyo único pecado es vivir ahí o trabajar en el campo. Ese es el daño que produce el terrorismo”.