La circularidad del agua se ha consolidado como uno de los principales pilares de la seguridad hídrica moderna. A diferencia del modelo lineal de extraer, usar y descargar, este enfoque busca maximizar el valor del recurso mediante la eficiencia, la reutilización y el reciclaje, permitiendo que el agua sea utilizada múltiples veces antes de retornar al medio ambiente. Su relevancia es creciente en un contexto de escasez hídrica, ya que reutilizar agua suele ser más eficiente y menos costoso que desarrollar nuevas fuentes de abastecimiento. Países como Israel reutilizan cerca del 90% de sus aguas residuales tratadas, mientras que Singapur ha desarrollado uno de los sistemas de economía circular del agua más avanzados del mundo, donde una misma agua puede pasar por múltiples ciclos de uso antes de regresar a la naturaleza.
Chile comienza a avanzar en esta dirección y el debate legislativo ha comenzado a abordar de manera decidida la necesidad de transformar la gestión hídrica bajo esta lógica. En este escenario, el Congreso tramita una iniciativa de la mayor relevancia estratégica: el proyecto de ley que regula la reutilización de aguas residuales tratadas actualmente dispuestas mediante emisarios submarinos (Boletín 17.329-09). Actualmente en su segundo trámite constitucional en el Senado tras ser aprobado por la Cámara de Diputados, esta propuesta ingresó a inicios de 2025 como una moción parlamentaria orientada a habilitar y regular el uso de efluentes urbanos que hoy se vierten al océano. Su valor radica en que introduce el concepto de reúso masivo de aguas residuales urbanas, una práctica de frontera consolidada en países como Israel, Australia y España, abriendo una nueva fuente hídrica para las zonas costeras.
Esta propuesta se alinea con el enfoque global denominado Water Positive. Aunque la ley no menciona este concepto, su espíritu encarna esta visión en la que los proyectos buscan devolver a la naturaleza y a las comunidades un balance hídrico favorable, reponiendo recursos y aumentando la resiliencia de las cuencas. Al transformar un efluente descartado en un recurso estratégico, se viabiliza un modelo de economía circular hídrica que incrementa la disponibilidad efectiva de agua en el territorio sin generar nuevas extracciones desde fuentes superficiales o subterráneas bajo estrés severo y sin afectar a ningún usuario. Esta lógica se materializa en los usos proyectados para estas aguas regeneradas —que deberán superar los estándares actuales del DS N.º 90/2000—, los cuales abarcan el riego agrícola, el uso industrial, actividades mineras, la recuperación de ecosistemas y la recarga artificial de acuíferos.
Es precisamente a través de esta diversificación de usos la forma en que se genera un beneficio para el consumo humano. Si bien el proyecto excluye el uso directo para consumo de la población, el alivio para los sistemas sanitarios llega de manera indirecta pues sustituye la demanda de grandes consumidores industriales, mineros y agrícolas por agua regenerada, con lo que se libera agua dulce continental de buena calidad para el consumo humano. Esto disminuye la competencia y la presión sobre las fuentes naturales compartidas, lo que robustece la seguridad de los servicios de agua potable urbana y, especialmente, de los Servicios Sanitarios Rurales (SSR).
El proyecto representa una oportunidad única para el desarrollo local de las comunidades litorales, tales como caletas y zonas pesqueras, que enfrentan déficits crónicos de abastecimiento hídrico que limitan su desarrollo y, en muchos casos, las obligan a depender de camiones aljibe. En este contexto, el boletín puede converger positivamente con la Ley N.º 21.027 de Caletas Pesqueras, permitiendo que el agua regenerada contribuya a fortalecer la gestión integral de estos territorios mediante usos compatibles con la normativa vigente. De esta manera, el recurso puede transformarse en una infraestructura habilitante para mejorar las condiciones operativas, ambientales y de resiliencia hídrica de las comunidades costeras. Para materializar estos beneficios será necesario contar con financiamiento para infraestructura secundaria —como tuberías y estanques— y cumplir con las exigencias sanitarias y regulatorias aplicables a cada uso específico.
En el ámbito agrícola, la vinculación abre una ventana de seguridad para el riego en valles costeros, permitiendo mantener la producción alimentaria sin depender de la volatilidad de las lluvias. Además, el sector ya tiene un buen camino recorrido haciendo reúso indirecto de aguas regeneradas desde plantas de tratamiento que hoy descargan a los ríos.
Bajo criterios de estrés hídrico, disponibilidad de infraestructura sanitaria y potencial de generación de agua para reúso, las zonas con mayores beneficios se concentrarían en aquellas donde convergen una alta demanda por nuevos recursos hídricos y una elevada densidad poblacional. En este sentido, regiones como Valparaíso, Coquimbo y Antofagasta presentan condiciones especialmente favorables, ya que combinan escasez hídrica estructural con importantes centros urbanos capaces de generar volúmenes significativos de aguas residuales tratadas. A ellas se suman Atacama y Arica y Parinacota, donde el reúso podría transformarse en una herramienta estratégica para diversificar la oferta hídrica, fortalecer la resiliencia de los territorios y reducir la presión sobre fuentes convencionales de abastecimiento.
Desde el sector técnico, la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (ACADES) ha manifestado una opinión favorable, calificando el reúso como una fuente hídrica estratégica y complementaria a la desalación dentro de un portafolio diversificado. ACADES ha recordado que el país cuenta con cerca de 33 emisarios submarinos y que se descarga al océano el 21% de las aguas servidas tratadas a nivel nacional; un potencial hídrico significativo que urge aprovechar. Sin embargo, el gremio enfatiza que la ley debe entregar certezas regulatorias claras en materias de titularidad de las aguas, permisos, condiciones económicas y su relación con las concesiones sanitarias vigentes, desafíos que hoy analiza el Senado junto a las observaciones de la DGA y la SISS.
La tramitación del Boletín 17.329-09 debe avanzar con celeridad. Se trata de una pieza legislativa fundamental para modernizar la gestión del agua. Mirando hacia adelante, el debate ganaría vocación social si se propusiera una indicación complementaria para establecer que una fracción de estas aguas regeneradas se destine de forma prioritaria al desarrollo productivo de las caletas pesqueras y al fortalecimiento de los servicios sanitarios rurales costeros, conectando así la economía circular del agua con el bienestar de las comunidades costeras.
