Durante la semana del 15 al 21 de junio, el Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero no registró hechos violentos en la Macrozona Sur. En el período tampoco se informó de personas detenidas por causas vinculadas a este tipo de ataques. Con ello, junio de 2026 se mantiene sin registrar atentados en la zona.
Esta semana, sin embargo, es clave desde el punto de vista judicial. Ayer, 22 de junio, se realizaron los alegatos de clausura en el juicio que involucra a uno de los hijos del líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul. Y el juicio por el caso del ataque al Molino Grollmus debía comenzar hoy, pero se pospuso a última hora para el 6 de julio.
Se trata de dos hechos que pueden tensionar el sur del país, justo cuando comienza a implementarse un cambio estratégico en el estado de excepción constitucional que rige en la zona, al unificarse su mando.
Desde el 20 de junio el Ejército asumió de forma exclusiva la Jefatura de la Defensa Nacional (Jedena) tanto para la Región de la Araucanía como para las provincias de Arauco y Biobío, en la Región del Biobío; una gestión que desde el comienzo del estado de excepción, el 17 de mayo de 2022, había estado en manos de la Armada en la VIII Región.
Con este rediseño, la comandancia unificada quedó en manos del general de brigada José Soto Escala, del Ejército de Chile.
“Esta estructura, establecida según el Decreto Supremo N.° 81, consolidará un mando centralizado y una planificación integral para fortalecer la seguridad y protección de la población en todo el territorio bajo Estado de Excepción”, se lee en un comunicado difundido por el Jedena Macrozona Sur, durante el fin de semana.
“La nueva organización permitirá optimizar los medios disponibles mediante un trabajo coordinado con la Armada en el borde costero y un reforzado despliegue interagencial con las policías y autoridades civiles. El objetivo central sigue siendo garantizar la tranquilidad y el normal desarrollo de las actividades de todos los habitantes de la zona”, agrega el comunicado, con lo cual el cambio de mando no significará el repliegue de los efectivos navales de la zona.
A raíz del inicio del juicio por el Caso Grollmus, se había convocado a una manifestación hoy en la Plaza Caupolicán de Cañete, a partir de las 9:00 horas, en apoyo a los imputados y en rechazo al uso de testigos protegidos durante el proceso. Según el fiscal Danilo Ramos, en esta causa dichos testimonios han sido relevantes para la entrega de antecedentes, y durante el juicio se presentará una parte significativa de los que fueron incluidos en la acusación.
No obstante, a menos de 24 horas de que comenzara el juicio, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete determinó reprogramarlo. Ya que, por un lado, el abogado particular de Alonso Llempí, uno de los imputados, abandonó la defensa, por lo que la Defensoría Penal Pública tuvo que asumir el rol. En consecuencia, se pidieron 10 días de plazo para que el nuevo profesional pudiera analizar los antecedentes.
Por otra parte, Javier Mariñán, también imputado, actualmente enfrenta otro juicio en Temuco por un hecho de violencia. Así que el tribunal determinó que el proceso por el Caso Grollmus comience el próximo lunes 6 de julio, siempre y cuando en una audiencia previa, el 3 de julio, se confirme que Mariñán, esté disponible para estar presente en esa jornada en Cañete.
Además, está previsto que este jueves 25 de junio el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco entregue el veredicto del juicio en contra de los cinco integrantes de la CAM, y para esa fecha también hay una convocatoria en la sede del tribunal a partir de las 8 de la mañana.
Caso CAM: juicio contra hijo de Llaitul entra en etapa final
El lunes 22 de junio se realizaron los alegatos de clausura en el juicio contra cinco acusados por una serie de atentados incendiarios perpetrados la mañana del 22 de noviembre de 2022 en faenas forestales de las comunas de Lautaro, Temuco y Cholchol, en la Región de La Araucanía.
Entre los acusados se encuentra Pelentaro Héctor Llaitul Pezoa, uno de los hijos de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco. Junto a él están imputados Luis Darío Fuenzalida Eneros, Juan Carlos Mardones Sáez, Luis Guillermo Menares Chañilao y Jorge Andrés Caniupil Coña.
La Fiscalía los acusa por diversos delitos, entre ellos robo con retención de víctimas, robo con intimidación, incendio, disparos injustificados, porte de arma de fuego prohibida y tenencia de municiones. Los cinco acusados permanecen en prisión preventiva en el módulo mapuche del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, aproximadamente a las 8:20 horas del 22 de noviembre de 2022, los imputados –junto a otros sujetos no identificados y previamente concertados– ingresaron al predio San Luis de la empresa FHO, ubicado en la Ruta S-10, sector Coihueco de la comuna de Lautaro. La Fiscalía sostiene que portaban escopetas y un fusil, armas con las que intimidaron a cinco trabajadores forestales y efectuaron disparos con el propósito de obligarlos a huir del lugar.
Luego, según el ente persecutor, rociaron con combustible e incendiaron tres camiones y una excavadora, maquinaria avaluada en $262 millones. Antes de retirarse del sitio, desplegaron un lienzo con una leyenda relativa al denominado conflicto mapuche.
Posteriormente, los imputados habrían intimidado a Rodrigo Tiznado Toledo, trabajador de la empresa, a quien apuntaron con un arma de fuego y forzaron a acompañarlos a bordo de la camioneta marca Maxus que conducía, avaluada en $18 millones. El objetivo, según la acusación, era que los guiara hasta otro sector de la propiedad donde hubiese más vehículos.
Bajo amenaza, Tiznado los condujo hasta otro punto del predio, donde los acusados prendieron fuego a una camioneta, una máquina trineumática y un bulldozer, bienes avaluados en $200 millones. Tras cerca de 40 minutos de retención, el trabajador fue liberado en un camino interior del fundo La Colonia, en la comuna de Lautaro, mientras los atacantes se llevaron la camioneta.
En ese vehículo, los imputados se habrían dirigido luego hasta un campamento forestal de la empresa Hancoock Chilean Plantations, ubicado en la comuna de Temuco. En ese lugar dispararon contra el parabrisas de un camión Mitsubishi Canter de propiedad de la empresa Charriot y obligaron a un grupo de brigadistas a tenderse en el suelo. Posteriormente incendiaron el camión y dependencias del campamento forestal, provocando la pérdida total de bienes avaluados en $80 millones.
Antes de retirarse, según la Fiscalía, los acusados sustrajeron motosierras y otros equipos avaluados en $2,5 millones, además de escribir consignas alusivas a la Coordinadora Arauco Malleco en una bodega.
Luego se desplazaron hacia el sector de Pastales y, al llegar al fundo Santa Laura, en la comuna de Cholchol, incendiaron la camioneta en la que huían, la que resultó completamente destruida.
Durante su escape a pie, los imputados fueron sorprendidos por personal de Carabineros, contra quienes habrían efectuado disparos. Posteriormente abandonaron las armas que portaban en una quebrada e intentaron ocultarse entre la vegetación del sector, pero fueron ubicados y detenidos por los policías.
Durante el traslado a la Octava Comisaría de Carabineros de Temuco, Pelentaro Llaitul y Juan Mardones fueron observados cuando intentaban desprenderse de 12 cartuchos calibre .357. Al ser registrados, se encontraron otros cartuchos balísticos entre sus vestimentas.
La Fiscalía solicita penas que van desde los 59 a los 71 años de presidio para los acusados.
El violento ataque al Molino Grollmus
Hoy debía comenzar el juicio oral contra 21 imputados por el atentado al Molino Grollmus, ocurrido el 29 de agosto de 2022 en la comuna de Contulmo, Región del Biobío. El ataque, adjudicado por la Resistencia Mapuche Lafkenche, incluyó el incendio del molino patrimonial de la familia Grollmus, de 106 años de antigüedad, además de graves agresiones contra personas que se encontraban en el lugar.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, cerca de las 16:00 horas del 29 de agosto de 2022, alrededor de una treintena de sujetos se reunieron en una cancha ubicada en el sector de Antiquina, comuna de Cañete. En ese lugar habrían acordado la forma en que atacarían propiedades de la familia Grollmus, utilizando radios para comunicarse y desplazándose por caminos poco transitados en al menos tres camionetas.
Según el Ministerio Público, en ese contexto la única imputada mujer, Claudia Nahuelán Llempi, habría prestado cobertura durante el ataque, manteniendo contacto radial con su pareja y líder del grupo, Federico Astete Catrileo, para advertir eventuales imprevistos. La Fiscalía sostiene además que, al llegar a las inmediaciones de la propiedad, Nahuelán distribuyó funciones y entregó armas cortas y largas, municiones, chalecos antibalas y radios.
Una parte del grupo, portando antorchas y líquido acelerante, habría prendido fuego a una casa vecina que terminó completamente consumida por las llamas.
En paralelo, un segundo grupo, integrado por cerca de una docena de sujetos, atacó en un camino secundario a Mario Hernán González Arce y Celso Hernaldo Carrillo Castillo, quienes realizaban labores forestales y transitaban en una camioneta. Tras intimidarlos con escopetas, los obligaron a descender del vehículo para apropiarse del vehículo, dos motosierras y los teléfonos celulares de los trabajadores. Luego de amarrarlos de pies y manos, los atacantes se llevaron la camioneta, que posteriormente fue utilizada junto a otro auto previamente sustraído para bloquear el acceso al molino.
Entre las 17:30 y las 18:00 horas, los agresores accedieron violentamente al predio donde se ubica el molino, en el kilómetro 1.220 de la Ruta P-700, en Contulmo. El terreno era de propiedad de Edward Helmuth Wilfred Grollmus Schröeder y allí también se emplazaba la casa habitación que compartía con su hijo Christian Grollmus Fritz, además de un museo y bodegas.
De acuerdo con la acusación, los atacantes rodearon la vivienda familiar y abrieron fuego contra el inmueble. El ataque fue repelido por Christian Grollmus con una escopeta calibre 12 y una pistola 9 milímetros, mientras su padre lo secundó con una escopeta calibre 16.
Durante la balacera, los agresores prendieron fuego a la leñera, el molino y el museo de la familia, instalaciones que resultaron completamente destruidas. También fueron quemados los vehículos de los ocupantes de la casa: una camioneta del padre y un station wagon del hijo.
Otra facción del grupo ingresó a una vivienda contigua, donde redujo violentamente a Carlos Enrique Grollmus Thiele, de 79 años. Según la Fiscalía, los atacantes lo utilizaron como escudo para protegerse de los disparos provenientes del inmueble principal. Luego lo agredieron con golpes de pies y puños y uno de los imputados le disparó con una escopeta a corta distancia en la pierna izquierda. La herida puso en riesgo su vida y obligó posteriormente a la amputación de la extremidad.
Durante el ataque también fue reducido Ramón Cid, de 75 años, quien se encontraba en las cercanías al interior de un automóvil, esperando a un hijo. Cuando los agresores lo sacaron del vehículo y lo arrojaron al suelo, su hijo, Christian Cid, intervino. En ese momento, uno de los atacantes le disparó con una escopeta calibre 12 en el rostro, provocándole trauma ocular, pérdida de la visión del ojo derecho y otras lesiones por impacto de perdigones.
Al tomar conocimiento de los hechos, personal de Carabineros de la Tenencia de Contulmo se trasladó al sitio en una camioneta y un vehículo blindado. Sin embargo, debido a los cortes en la ruta realizados previamente por los imputados, debieron continuar a pie. Al llegar al lugar, hicieron uso de sus armas de fuego institucionales, tras lo cual los atacantes escaparon en las camionetas en que se desplazaban.
La Fiscalía acusa a los imputados, entre otros delitos, por cuatro homicidios frustrados. En el caso de los adultos, el Ministerio Público solicita presidio perpetuo. Respecto de quienes eran adolescentes al momento de los hechos, la Fiscalía pide las penas máximas contempladas en la Ley 20.084: 10 años de internación en régimen cerrado en algunos casos y 5 años de internación en régimen cerrado en el caso de otro adolescente.
El juicio estaba programado para realizarse durante 37 jornadas, entre el 23 de junio y el 20 de agosto, sin perjuicio de eventuales modificaciones. La Fiscalía espera presentar durante el proceso testimonios y pruebas reunidas durante la investigación, con el objetivo de obtener un veredicto condenatorio. Ahora hay que esperar al próximo 3 de julio, para que se confirme si efectivamente el juicio oral comienza el día 6.
*Nota de la redacción: esta nota fue modificada el 23 de junio a las 6:30 horas.