El proyecto de ley boletín 14.068-01 que modifica y renueva la Ley 18.450 de fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje lleva poco más de dos años (desde marzo 2021) en discusión parlamentaria. Hoy está en tercer trámite, debiendo finalizar antes del 4 de diciembre de 2023 pues en esa fecha caduca la ley actual por lo que, salvo alguna solución transitoria, se acaban sus concursos, financiamiento y todo el sistema de consultores y constructores que se ha desarrollado a su alrededor.
Durante los casi 40 años en que ha operado esta ley, su aporte a la eficiencia en el uso del agua en el sector agrícola ha sido trascendental, permitiendo tecnificar en la última década cerca de 200.000 de las 530.00 hectáreas con riego tecnificado que indica el Censo Agrícola y Forestal 2021, las que son un 59% del total de hectáreas regadas. También, en una década, ha permitido la construcción de tranques acumuladores por casi 20 millones de metros cúbicos, y la mejora de más de 1.500 km. de canales de conducción de agua.
Las cifras anteriores son relevantes en cualquier contexto, pero más aún si consideramos que el sector agrícola es el principal usuario de agua dulce del país, sobre el 70%, y que estamos enfrentando la sequía más intensa y prolongada de la que tengamos registro. Este último factor, hubiera significado una crisis mucho mayor en el sector agroalimentario, incluyendo riesgos al abastecimiento alimentario nacional y a la industria de la fruta de exportación, si no fuera por la potente colaboración público-privada que ha significado este instrumento.
La renovación y actualización de esta ley se inició en marzo de 2021. De esta manera, se aprobó en la Cámara de Diputados en agosto de 2021 un proyecto ingresado en el gobierno anterior que, junto con prorrogar el instrumento, excluía a las grandes empresas agrícolas, focaliza en la mediana y pequeña agricultura, traía nuevas consideraciones ambientales, evitaba la postulación de empresas mayores en categorías menores a través del análisis de empresas relacionadas y otros elementos.
Posteriormente, en septiembre de 2022 mientras avanzaba su discusión en el Senado, el Ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva que incluye una serie de cambios, de los que vale la pena analizar los siguientes.
1. Cambia la forma tradicional de la ley para categorización de sus usuarios desde el indicador de superficie de riego ponderado, a un indicador de ventas anuales. Este cambio en sí mismo no es bueno ni malo, pero viene a modificar uno de los elementos centrales de funcionamiento de un instrumento que ha operado adecuadamente desde 1985.
2. Hace una categorización restrictiva de los usuarios, destinando el 98% de los recursos para empresas en las categorías “micro”, “pequeña” y “medianas 1” dejando fuera a la categoría “medianas 2” que utiliza el SII. Por alguna razón, lo que es parte de las Pyme para todo el sistema chileno, no lo será a ojos de la Comisión Nacional de Riego. Esto conlleva, además, la superposición con el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, Indap, que ha aumentado sus recursos para riego en la pequeña agricultura a 32 mil millones de pesos en 2023, siendo la institución especializada y preparada para la mejor atención a la pequeña agricultura.
3. Introduce una facultad a la Dirección General de Aguas (DA) que le permitirá restringir la operación de concursos para nueva superficie de riego en zonas con declaración de restricción o prohibición a la emisión de nuevos derechos en los acuíferos. Esta idea parece positiva, pero su aplicación en la zona sur de Chile puede ser muy perjudicial. Recordemos que los proyectos que postulan deben contar previamente con agua, por lo que un proyecto no significa una mayor demanda de agua, y recordemos también que en las regiones de Biobío o de La Araucanía al sur, hay grandes superficies agrícolas que hasta hace poco tiempo se abastecen completamente de agua de lluvias. Ese escenario está cambiando y el riego tecnificado ha entrado con fuerza, por lo que no tendría sentido limitarlo en esta zona.
4. Se crean varios programas especiales para distintos fines, así como una variable que otorga puntaje de “diversificación de cultivo”. Estos dos elementos modifican sustantivamente la idea esencial, que ha estado presente en la Ley 18.450 desde su origen, y que es la prescindencia respecto de las decisiones de producción y de inversión del agricultor.
No hay duda de que tecnificar el riego agrícola es una de las principales medidas de adaptación al cambio climático para el sector productor de alimentos, y nuestro país debe seguir avanzando en esa línea atendiendo a las zonas que desde mucho tiempo han utilizado el riego, pero también reconociendo las particularidades de la zona sur.
También, es sumamente necesario apoyar a la pequeña agricultura en su camino hacia la eficiencia hídrica, pero para eso el Ministerio de Agricultura cuenta con Indap, quien no sólo tiene cada vez más recursos para este fin, sino que también dispone alianzas con municipios, extensionistas capacitados, y una serie de elementos que lo hacen ser el verdadero especialista en atención a este tipo de agricultores.
