El nuevo gobierno ha asumido la tarea de reordenar las cuentas fiscales y ajustar el gasto público a los ingresos efectivos del país. En ese proceso, han comenzado a aparecer distintas inconsistencias heredadas de la administración anterior, tanto en materia presupuestaria como en la gestión de los recursos públicos.

Una de las primeras medidas adoptadas ha sido efectuar un ajuste profundo del Presupuesto 2026, aprobado bajo supuestos de crecimiento e ingresos fiscales excesivamente optimistas. Ese diseño permitió expandir el gasto público sobre una base que hoy se demuestra poco realista y, sobre todo, poco responsable.

Sin embargo, más allá de los ajustes inmediatos, es importante comprender que recuperar el equilibrio fiscal no será tarea de un solo gobierno. Se trata de un proceso gradual que exige disciplina, continuidad y visión estratégica.

¿Por qué resulta tan relevante el equilibrio fiscal en términos de políticas públicas? Porque permite algo fundamental, gobernar con una lógica contracíclica. En otras palabras, ahorrar y ordenar las cuentas en períodos de mayor estabilidad para contar con herramientas suficientes cuando el país enfrenta crisis externas o internas.

Esa capacidad fue precisamente la que permitió a Chile enfrentar con relativa solidez la crisis subprime de 2008, las turbulencias internacionales posteriores y, más recientemente, los efectos económicos de la pandemia en 2020. Muchos de quienes criticaron en su momento las políticas de prudencia presupuestaria terminaron reconociendo que la responsabilidad fiscal constituye uno de los principales activos de un país.

Por supuesto, el equilibrio fiscal no puede transformarse en el único objetivo. Reducir gastos siempre tiene costos políticos y sociales, y sus efectos son limitados si no van acompañados de una estrategia de crecimiento económico. Por ello, resulta indispensable volver a situar el desarrollo en el centro del debate público.

El gran desafío del gobierno no es solo ordenar las cuentas, sino también recuperar la capacidad de crecimiento del país. Eso implica avanzar simultáneamente en productividad, sostenibilidad ambiental, formación de capital humano, modernización del Estado e identificación de nuevas oportunidades económicas en un escenario internacional cada vez más competitivo.

Junto con mejorar la gestión y el uso eficiente de los recursos públicos, el crecimiento económico es la condición necesaria para responder adecuadamente a las demandas sociales de la población.

En este contexto, recuperar el equilibrio fiscal no es contradictorio con fortalecer las políticas sociales. Por el contrario, hoy Chile destina más de 4.000 millones de dólares anuales al pago de la deuda pública. Son recursos que dejan de invertirse en salud, educación, seguridad o protección social.

Por eso, quienes analizan el endeudamiento únicamente desde el corto plazo omiten un aspecto esencial, entender que la deuda no es inocua. Tiene costos concretos y, cuando supera ciertos límites, termina afectando negativamente la capacidad de desarrollo del país y precisamente a quienes más requieren de las políticas sociales.

La combinación de los tres factores señalados, equilibrio fiscal, crecimiento económico y focalización eficiente del gasto público puede permitir que Chile retome la senda del desarrollo. Pero, sobre todo, puede devolverle a las personas algo que hoy parece escaso, la esperanza de que en Chile es posible construir una buena vida.