Mañana comienza ante el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago el juicio contra Maickel David Villegas Rodríguez, uno de los imputados por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en nuestro país en febrero de 2024. Villegas fue extraditado a Chile desde Costa Rica y permanece en prisión preventiva, acusado por la Fiscalía como autor del delito de secuestro con homicidio consumado.

Villegas es una de las 32 personas individualizadas por su participación en el crimen que, de acuerdo con la Fiscalía, fue ejecutado por «Los Piratas», una célula vinculada al Tren de Aragua que operaba en Chile por encargo del número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

Del total de involucrados, 26 se encuentran detenidos en Chile y el extranjero, con 19 a la espera de juicio y tres condenados; mientras que otros seis mantienen órdenes de detención pendientes y se encontrarían actualmente en Venezuela.

Villegas fue detenido el 19 de julio de 2024 -cuatro meses después del homicidio- en un paso fronterizo entre Panamá y Costa Rica; y se presume que su destino final era Estados Unidos. Está en prisión preventiva desde el 21 de noviembre de ese mismo año, luego de su extradición. 

“Se ha logrado establecer hasta la fecha durante la investigación que una organización criminal con lazos políticos en Venezuela habría recibido un encargo de ubicación selectiva, eliminación y ejecución ejemplarizadora de un oponente político, de una persona que tenía ideas diferentes respecto de la conducción de Venezuela en aquellas épocas y, particularmente, en lo que decía relación con el control ideológico o material del Ejército venezolano”, afirma el abogado de la familia de Ronald Ojeda, Juan Carlos Manríquez.

“La Fiscalía de Chile ha sostenido la tesis de que este grupo fue cooptado, utilizado y a su vez servido como un verdadero ‘outsourcing criminal’ con dineros provenientes de Venezuela, pagados por, según tres personas en esta investigación, Diosdado Cabello, fuera de Venezuela y fuera de Chile, y que a su vez en un plan logístico sumamente sofisticado, hasta esa fecha nunca visto en Chile, lograron la extracción, ejecución, muerte, entierro ilegal e intento de desaparecimiento del cuerpo de Ronald Ojeda”, agrega el abogado.

Quiénes están entre los imputados

Y es que según ha explicado el fiscal Regional Metropolitano Sur y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, a la agrupación se le pagó una mitad del dinero antes de ejecutar el crimen y la otra mitad debía entregarse una vez terminado el trabajo. No obstante, la operación habría sido considerada defectuosa por los propios jefes del Tren de Aragua. 

Barros relató en 24 Horas que Carlos Francisco Gómez Moreno, alias «Carlos Bobby» -detenido en Colombia a la espera de su extradición a Chile- y Rafael Enrique Gámez Salas, alias “Turko” -extraditado a Chile el pasado 28 de agosto desde EE.UU.- reprendieron a quienes ejecutaron el secuestro porque el crimen adquirió demasiada notoriedad pública y porque habían cometido errores que facilitaron que la Fiscalía y las policías los identificaran.

La consecuencia de esto fue que la segunda mitad del pago no habría llegado a los ejecutores, sino que habría quedado en manos de los niveles superiores del Tren de Aragua.

“¿Dónde se pagó? Unos dicen que en Perú una parte, otros dicen que lo pagaron desde la misma Venezuela a la cúpula, y de ahí bajó el dinero”, señaló Barros. 

Carlos Bobby es descrito como el líder del Tren de Aragua para Sudamérica, mientras El Turko era quien encabezaba la estructura que operaba en Chile. 

Alfredo Camilo Carrillo Ortiz, alias “El Gocho”, también fue extraditado y llegó a Chile junto con El Turko el 28 de agosto, en su caso proveniente de Colombia. A él se le vincula con la etapa posterior al homicidio. Según los antecedentes expuestos en su formalización, Carrillo Ortiz controlaba el sector de la toma Santa Marta de Maipú donde fue encontrado el cuerpo de Ojeda, y habría participado en la operación para enterrarlo y ocultarlo.

El caso terminará dividido en distintos juicios orales debido a los distintos momentos en que los imputados han sido detenidos, extraditados y puestos a disposición de la justicia chilena. 

La primera condena se produjo en octubre de 2024 y fue impuesta al adolescente que acompañó a Villegas a prestar cobertura durante la operación que comenzó la noche previa al secuestro. Al juicio de Villegas que comienza mañana se suma otro que empezará el 20 de octubre, contra 18 imputados; y hay una carpeta separada para El Turko y El Gocho, a la espera de que pueda incorporarse Carlos Bobby, ante la imposibilidad legal de esperar indefinidamente a todos los prófugos para realizar un solo juicio. 

“Existen todavía seis personas que no han sido puestas a disposición de los tribunales chilenos y tanto la Fiscalía Nacional como la Corte Penal Internacional, que conocen las distintas aristas vinculadas a este caso y a otros, así como también la cooperación de agencias internacionales conforme a los tratados y convenios de cooperación, no van a cejar en seguir adelante en ubicar a todos los responsables involucrados en este crimen. De la misma manera, vamos a seguir insistiendo ante las autoridades político-administrativas para que las extradiciones pendientes se cumplan a la brevedad”, dice Manríquez.

Entre quienes mencionó Barros que estarían en Venezuela figuran José Carlos Valverde Araujo, a quien sitúa como uno de los presuntos autores materiales; Johnny López Mendoza, alias “El Mudo”, quien aparece asociado a funciones operativas durante el crimen, y a “El Pichota”, vinculado a la toma Santa Marta. 

El juicio contra Villegas

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la madrugada del 21 de febrero de 2024 Maickel Villegas permaneció en las inmediaciones del edificio donde residía Ojeda -en la comuna de Independencia- junto al adolescente, mientras un grupo de falsos funcionarios de la PDI ingresaba al departamento y sacaba por la fuerza al exmilitar venezolano. 

Villegas grabó un video del momento en que Ojeda era sacado del edificio y permaneció algunos minutos en el lugar para cerciorarse de que nadie siguiera a los vehículos utilizados por el grupo. Después habría participado en la etapa de huida y en el cambio de vehículos realizado por los secuestradores. Es en ese trayecto donde cometió el error que permitió a los investigadores identificarlo: se detuvo a cargar combustible y dejó registrada su cédula de identidad.

Pese a ello, logró abandonar Chile por un paso no habilitado. Posteriormente fue localizado y detenido en Costa Rica. Desde allí fue extraditado a Chile y puesto a disposición de la justicia.

La formalización de Maickel Villegas, realizada en noviembre de 2024, detalla el rol que el Ministerio Público le atribuye durante las horas previas y posteriores al secuestro.

Según el documento, cerca de las 23:00 horas del 20 de febrero Villegas y el adolescente ya condenado llegaron hasta las inmediaciones del edificio donde vivía Ojeda. La Fiscalía señaló que ambos “montaron un punto de vigilancia en las cercanías del domicilio con la finalidad de prestar cobertura y asegurar el resultado”, a bordo de un Chevrolet Sail blanco.

Horas después llegaron otros participantes caracterizados como funcionarios de la PDI, quienes utilizaron una orden falsa para ingresar al edificio, forzaron la puerta del departamento y sacaron a Ojeda esposado y bajo amenaza de armas de fuego. La Fiscalía sostiene que Villegas conducía el vehículo de apoyo y posteriormente trasladó a parte de los falsos policías “asegurándose que pudieran huir del lugar y evitar la detención”.

“Nosotros esperamos que la evidencia que se ha recolectado, la actividad nacional, internacional, la cooperación de agencias internacionales lleve a una sentencia ejemplarizadora”, afirma Manríquez.

La tesis de la Fiscalía sobre Diosdado Cabello

En paralelo al avance contra los autores materiales y operativos, el Ministerio Público sostiene que el crimen habría tenido un origen político y apunta directamente a Diosdado Cabello.

Consultado en 24 Horas sobre los fundamentos de esa línea investigativa, el fiscal Barros señaló que existen “alrededor de cinco antecedentes vinculados a declaraciones” que aportan información que calificó como “bastante verosímil y de muy buena fuente”, además de chats entre los involucrados que, según explicó, van confirmando la teoría del caso de la Fiscalía.

Barros fue más explícito al referirse a la eventual responsabilidad de Cabello: “El delito que tendría él es el mismo delito que tienen los autores, porque él sería el que encarga en este caso el secuestro y el posterior homicidio”. Según explicó, la hipótesis es que, en lugar de utilizar agentes venezolanos directamente en Chile, se habría recurrido a una estructura criminal instalada en el país y se le habría pagado para realizar el crimen.

El fiscal también sostuvo que “si Diosdado Cabello estuviera en Chile, lo más probable es que habría tenido una orden de detención en su contra”. Respecto de Nicolás Maduro, en cambio, precisó que la investigación no ha llegado hasta ese nivel: “Nosotros llegamos en este momento hasta Diosdado Cabello”, aunque agregó que a la Fiscalía le interesa determinar qué sabía el entonces mandatario venezolano sobre el caso.

La tesis de la Fiscalía indica que Ojeda les era incómodo porque en diciembre de 2023, apenas dos meses antes de su secuestro, habría participado en un intento por provocar un levantamiento militar contra Maduro. La idea habría sido conseguir que uno de los principales regimientos venezolanos se alzara en armas y que luego se plegaran otras unidades, pero fueron detectados por funcionarios venezolanos. 

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