Recomendaciones de la OCDE en materia de aguas

El día 7 de marzo se publicó el tercer informe de Evaluación de Desempeño Ambiental sobre Chile, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este informe es parte de una línea de trabajo que analiza el progreso de los países pertenecientes a esta organización, y algunos países no miembros, en materias ambientales. Previamente Chile recibió su primer informe en 2005 y un segundo informe en 2016.

El informe se estructura en dos capítulos temáticos: desarrollo sostenible y políticas y gestión del agua. Lo más interesante y relevante de analizar son las evaluaciones y recomendaciones para cada uno de ellos. En esta columna revisaremos las observaciones en materia hídrica.

La primera sección aborda posibles mejoras institucionales, planificación e información, y deja entrever un mensaje para las autoridades de los últimos 20 años: la falta de implementación de medidas concretas, pues se reviven algunas sugerencias realizadas hace más de una década:

1. Crear una autoridad nacional del agua, que regule, planifique, y proteja el agua.
2. Mejorar a nivel gubernamental la coordinación interinstitucional.
3. Impulsar un proyecto de ley que establezca instituciones de cuenca.
4. Dotar a la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de capacidades técnicas y recursos para el desarrollo e implementación de planes estratégicos de recursos hídricos por cuenca.
5. Procurar una mayor participación y compromiso por parte de los principales usuarios.
6. Establecer un sistema de información para la calidad y cantidad de agua que sea centralizado, coherente y que abarque las distintas fuentes de información.
7. Fortalecer el monitoreo y fiscalización sobre las extracciones de agua.

En una segunda sección se agrupan tres recomendaciones sobre suministro y depuración de agua:

1. Reducir la cantidad de aguas no facturadas (por pérdidas, robos y otros factores) por las empresas sanitarias e incorporar los riesgos climáticos para el abastecimiento y depuración.
2. Aumentar la regulación para la incorporación de tratamiento terciario para mejorar la calidad de las aguas y para elevar el estándar de las aguas que son descargadas en cuerpos de aguas.
3. Acelerar la implementación de la ley de servicios sanitarios rurales y su expansión hacia el tratamiento del agua servida.

Las políticas de asignación de aguas forman la tercera sección, y sus propuestas son las más controvertidas:

1. Desarrollar una reforma integral para abordar el sobreconsumo y sobre otorgamiento, considerar los derechos como una proporción del caudal existente y asegurar los caudales ecológicos.
2. Avanzar en normas e información de calidad de agua y elevar los estándares de vertimiento de aguas contaminadas.
3. Formalizar los aspectos legales vinculados al reúso de aguas grises y de aguas tratadas, a la desalinización y disposición de la salmuera y la promoción de soluciones basadas en la naturaleza.

Por último, se agrupan sugerencias en torno a los instrumentos económicos y financiamiento del manejo de aguas:

1. Establecer tarifas por uso, impuestos por efluentes y contaminantes.
2. Revisar la inversión en tecnificación por su impacto en acuíferos.
3. Analizar nuevos instrumentos económicos para el desarrollo de inversiones en agua.

Cualquiera que haya seguido la discusión nacional en materia hídrica verá que el informe hace un análisis bastante completo de lo que se ha estado discutiendo en Chile en los últimos años. La OCDE parece coincidir en priorizar el manejo del agua como uno de los principales desafíos que enfrenta nuestro país, y en ese aspecto hace algunas recomendaciones muy acertadas, pero también algunas que se quedan más bien en la superficie del problema.

Entre las primeras, comparto plenamente varios planteamientos y propuestas, que en general nos muestran que no hemos avanzado con la diligencia necesaria:

1. La ausencia de políticas de generación, manejo y uso de datos e información.
2. Mejorar la coordinación de los servicios públicos en materia de aguas.
3. Aumentar los recursos para que la DGA pueda cumplir las múltiples y crecientes tareas que se le encomiendan, en tiempo y forma.
4. Formalizar mediante legislación aspectos relevantes del reúso de aguas de todo tipo y de la desalinización, de manera de fomentar ambas sin generar nuevos conflictos.
5. Apoyar a los Servicios Sanitarios Rurales, que es crucial.
6. Determinar los derechos de agua como proporción de un caudal existente pareciera ser algo adecuado en contra de las políticas de “perfeccionamiento” que se impulsan desde hace algunas décadas.
7. Avanzar hacia el pago de tarifas e impuestos es una materia muy delicada pero que, pronto será ineludible, entre otros.

Respecto de la institucionalidad, la creación de una autoridad central del agua y de autoridades de cuenca, son muy importantes, pero procurando siempre conseguir la adopción y compromiso temprano de los actores relevantes existentes hoy. Para que sea efectiva, la creación de nueva institucionalidad debiera surgir de grandes acuerdos y dotada de recursos y atribuciones que le permitan generar un cambio positivo.

En relación con una reforma integral al sistema de asignación de derechos, el informe parece basarse en opiniones generales, pero sin hacer una revisión del estado del sistema actual. En la actualidad la entrega de derechos de aprovechamiento de aguas, incluso más allá de las reformas al Código de Aguas, se ha vuelto bastante más compleja y lenta de lo que era hace algunas décadas, que fue cuando se generó el sobre otorgamiento. Además, esto se generó en gran medida por la falta de información sobre la disponibilidad hídrica real en el caso de las aguas subterráneas o proyectada bajo supuestos de cambio climático, por eso el tema de datos e información es de la mayor relevancia. El problema de cuencas sobre otorgadas sigue existiendo y su complejidad no alcanza a ser abordada en un informe tan amplio como éste.

Por último, hubiera sido muy oportuno recibir comentarios más profundos sobre qué tipo de soluciones basadas en la naturaleza debiéramos explorar, qué nivel de entrega de servicios deben asumir los servicios públicos para fomentar una gestión adecuada, y alguna mención hacia la importancia de la infraestructura para acumulación de agua en un país con lluvias invernales y demandas estivales.

Con todo, el informe es un valioso aporte que sistematiza algunos de los principales desafíos de Chile en materia hídrica. Corresponde ahora a las autoridades convocar al trabajo conjunto para priorizar y ejecutar estas sugerencias.