La frase se repitió por años en muchos hogares chilenos como una advertencia económica más que moral. Embarazarse temprano implicaba truncar estudios, reducir ingresos futuros y aumentar la dependencia económica. Ese mensaje cultural fue reforzado por políticas públicas y campañas masivas de prevención del embarazo adolescente, especialmente desde mediados de los 2000. Un llamado del conjunto social a la postergación del embarazo, desde la familia (“te arruinas la vida”), educación (prevención y postergación) y Estado (salud pública, anticonceptivos y píldoras abortivas).
El resultado fue muy exitoso, quizás demasiado.
Chile hoy exhibe una de las tasas de fecundidad adolescente más bajas del mundo: alrededor de seis nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años, frente a cifras superiores a 40 o más en países como Perú, México o Brasil. Desde el punto de vista de política pública, el objetivo se cumplió.
El problema es que el mensaje permeó más allá de la adolescencia. La percepción de que tener hijos es un alto riesgo económico se extendió a toda la vida adulta. El costo esperado de la crianza —en términos de ingresos, crecimiento laboral, bienestar y libertad individual— pasó a ser demasiado alto. El resultado es una tasa de fecundidad total cercana a 1 hijo por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo (2,1). Es decir, pasaríamos de una población actual de 20 millones en Chile, a 10 millones para el año 2100.
Actualmente, tenemos un perfil demográfico similar al de países desarrollados envejecidos, pero sin su nivel de ingreso, ni red de protección social ni su productividad. Menos nacimientos hoy implican menor crecimiento potencial y una presión creciente sobre pensiones, salud y cuidados de largo plazo.
Aquí aparece la pregunta crítica de política pública: ¿Qué ocurrirá con una población creciente que llegarán a la vejez sin hijos ni redes familiares? En Chile, la familia sigue siendo el principal mecanismo informal de seguro en la vejez. Si esta desaparece, el problema se traslada íntegramente al Estado.
No es posible obligar a tener hijos. La natalidad, como la mayoría de nuestras decisiones, responden a incentivos y nivel de riesgo percibido. Como política pública el desafío es reducir los riesgos objetivos de la crianza: financieros, laborales, educativos y de salud.
Debemos discutir y pensar la educación y la salud como una garantía social de la infancia y adolescencia. Además, disminuir el riesgo de desempleo cuando se tiene hijos, por ejemplo, con un mecanismo de seguro del ahorro previsional con un retorno intertemporal para quienes tengan hijos.
Durante décadas enseñamos que tener hijos era un problema. Hoy el desafío es evitar que siga siéndolo desde el punto de vista de política pública, pero sin olvidar el discurso social desde la familia, el colegio y el Estado.