La última encuesta de opinión de Black & White que dio a conocer los efectos tras la Cuenta Pública del pasado 1 de junio, donde el Presidente condicionó varias iniciativas a la aprobación de una eventual reforma tributaria, en un baño de realidad el sondeo nos muestra que un 43% de los encuestados condiciona el proceso a medidas que fomenten el crecimiento y la inversión. De igual importancia son los resultados que da cuenta que la ciudadanía apoya un pacto tributario, «pero no un cheque en blanco», puesto que la inmensa mayoría solicita que se transparente cómo se gastarían esos recursos y se adquieran otros compromisos en la reactivación económica y de modernización del Estado.
En la misma línea panel ciudadano UDD ratifica la consideración por el delicado momento económico al evidenciar que el 60% de los encuestados considera que subir impuestos “sería malo para el país, porque frenaría el crecimiento” y un categórico 79% considera que para financiar los programas sociales “es mejor dejar los impuestos como están y fomentar el crecimiento”
Los resultados de los sondeos de opinión en torno a la reforma tributaria no deben sorprendernos -es la inversión y crecimiento económico el pilar del progreso del país- sin crecimiento económico la recaudación fiscal que depende en el 80% del aumento en el PIB se debilita, el dinamismo y oportunidades de avance de las personas se tornan esquivas, la capacidad de obtener un empleo bien remunerado se pone cuesta arriba.
Considerando los efectos nocivos del bajo crecimiento que se traduce en aumento del desempleo y estancamiento real del nivel de remuneraciones, después de todo es natural que las personas pongan el crecimiento en el centro, porque está en la esencia del ser humano avanzar y aspirar a más que el mínimo y desplegar su máximo potencial.
Por tanto, es de todo sentido común la opinión de una gran mayoría, ya que sin crecimiento el país incluso puede retroceder en el notable avance para derrotar la pobreza. Es un sentir que se hace eco de noticias lamentables en esta materia. El FMI indica que Chile será una de las 20 economías a nivel mundial que menos crecerá en el periodo 2023-2026, la misma institución internacional indica que nuestro país junto a Haití serán los países de peor desempeño en el crecimiento de su PIB en 2023.
Entre tanto, las voces de alerta se escuchan transversalmente, David Bradbury, director adjunto del centro de política y administración tributaria de la OCDE. indicaba a medios locales “Es importante pensar en un sistema tributario en términos de que apoye el crecimiento, la equidad y la sostenibilidad. No tiene sentido tener todos los impuestos del mundo si la economía no está creciendo; los ingresos fiscales disminuirán. Los ingresos fiscales serán mayores cuando la economía crezca.”
Pero no basta crecer y recaudar si el gasto público es poco eficiente y de baja calidad el país se desvía y pone en riesgo su camino al desarrollo. Es por tanto relevante que más que hablar de reforma tributaria que pone el foco solo en la recaudación fiscal, se ponga el foco en un verdadero pacto fiscal, el cual requiere una mirada conjunta también del gasto público, su eficiencia y calidad y elevar los estándares de transparencia fiscal.
Tanto es así que el mismo director de la OCDE enfatizaba: “Sobre las dos palancas de la política fiscal, impuestos y gastos, los gastos tienen un impacto mayor en mejorar la equidad que los impuestos” (…). “Nunca es tan simple como decir ‘aumente los impuestos y se acaba el problema’, si el gasto no es de alta calidad, eso socavará la confianza tributaria de las personas y su disposición a pagar impuestos”
Se requiere por tanto que, junto con solicitar más impuestos, exista un compromiso de parte del Estado de un gasto público eficiente, de calidad y que tenga en cuenta las prioridades actuales del país para su desarrollo futuro.
En este sentido es revelador los resultados del sondeo Black & White que también consultó por las prioridades en materia de necesidades sociales, donde se registró que existen proporciones similares «entre los que priorizarían mejorar la educación de un niño vulnerable, y los que priorizarían la pensión de un adulto mayor vulnerable». Tan importante como pensiones dignas es una educación de calidad para nuestros niños. Lo sorprendente es que en la cuenta pública presidencial, la educación básica de calidad no se muestra como una prioridad, es más, está ausente del discurso, cuestión no menor ya que crecimiento sin educación de calidad, es destinar al país al subdesarrollo.
De la misma forma lo entendieron quienes fueron convocados por el propio Gobierno a los diálogos tributarios, un grupo diverso y transversal de la sociedad concordó que la primera prioridad de gasto público debe ser una educación básica y primaria de calidad y en último lugar políticas de investigación y desarrollo. Y ¡cómo no! si todos los países que han alcanzado el desarrollo lo han logrado de la mano de una educación de calidad base para la innovación y fomento de políticas de investigación y desarrollo que sólo pueden ser fructíferas cuando existen el pilar de una educación de alto estándar.
No obstante ser de todo sentir ciudadano, el actual Gobierno parece hacer oídos sordos. Insiste en invertir las prioridades de gasto, destinando gran parte de los recursos del royalty a I+D y políticas productivas verdes, que no garantiza un crecimiento sostenible si en la base no existe una educación de calidad. De esta manera se posterga la real inversión de largo plazo que nos puede llevar al desarrollo que es la educación básica y temprana.
¿Es posible avanzar y enmendar el rumbo? Claro que sí. Concretamente en materia de educación un pequeño país de Europa del Este nos da la respuesta, Estonia es en la actualidad el país con la mejor educación del mundo occidental, lo ha logrado destinando un porcentaje del PIB de su presupuesto fiscal menor al que destina Chile, lo que muestra que no sólo importa más recursos, sino también una mejor gestión y visión estratégica en áreas claves para el desarrollo. Chile por su parte es uno de los países que a nivel de la OCDE destina la mayor cantidad de recursos respecto al PIB a educación, pero con pobres resultados que lo tienen en los últimos lugares de calidad educativa del bloque de países.
Dentro de este orden de ideas, nuestro país en el pasado dio pasos importantes en materia de educación. En el libro Equidad con crecimiento sostenible veinte años de políticas sociales Chile 1990- 2009, José Pablo Arellano destaca que una de las políticas de crecimiento con equidad fue la prioridad creciente que recibió la educación en la asignación de recursos públicos, siendo consistente con el desarrollo de capital humano para el desarrollo del país y la movilidad social. Pero también debemos ser objetivos, se avanzó enormemente en infraestructura y cobertura de la educación básica y media, pero quedó pendiente la asignatura de la calidad, que posteriormente se reprobó con la gran reforma tributaria del 2014, que tenía precisamente cubrir ese fin y no lo cumplió.
Desconcierta por tanto la propuesta de condonación del CAE anunciada en la cuenta pública presidencial, ya que no va en sintonía con las reales prioridades de gasto público, tampoco la deuda histórica de profesores que como gasto extraordinario debe ser cubierto con ingresos extraordinarios. Si de prioridades se trata la educación básica de calidad debe ser la verdadera revolución. Sin una educación de calidad hipotecamos a su vez mejorar la productividad y consecuentemente retomar la senda del crecimiento en la cual nuestro país se ha estancado hace años.
Junto con poner las fichas en políticas públicas de largo plazo como la educación básica, es imperativo que Chile vuelva a crecer a nivel de su potencial. En relación a la problemática expuesta parece sensato lo estipulado por las Pymes de solicitar una hoja en blanco para una futura reforma tributaria, destacando que el crecimiento económico debe ser un aspecto prioritario y que el Estado debe ser más eficiente en el uso de los recursos, enfocando esos esfuerzos en combatir la informalidad y potenciar la productividad.
En materia de informalidad lo principal son reales incentivos a la formalización, un sistema tributario simple y competitivo. En materia de productividad no existen fórmulas mágicas como las 40 horas, más bien se requiere generar competencias reales, tal como indicaron las pymes en los diálogos tributarios poniendo el foco nuevamente en la educación de calidad, en este caso a nivel técnico, países líderes como Alemania donde las pymes representan el 40% de la economía así lo han entendido.
Si de crecimiento económico se trata, es importante también poner énfasis en el tipo de crecimiento que queremos. Es esencial pensar en incentivos pro inversión y crecimiento verdaderamente multiplicadores para nuestra economía -que mejor en esta materia que fomentar el desarrollo de nuestras pymes- las pequeñas y medianas empresas dan el 60% del empleo, pero sólo generan el 13% de las ventas, siendo empresas con una potente base regional y que son el motor de nuestro ecosistema de emprendimiento.
Sucede pues, que la misma hoja en blanco solicitada por las Pymes para un acuerdo en materia de pacto fiscal, nos debe llevar a repensar los incentivos fiscales, reorientar los esfuerzos en función del sector mayoritario de las empresas en nuestro país. Por ejemplo, la rechazada reforma tributaria contemplaba un crédito tributario para proyectos de energías verdes con efecto multiplicador, 500 millones de dólares en régimen por año, un incentivo concentrado en grandes corporaciones que tienen capacidad de abordar grandes proyectos en esta industria, sin necesidad de incentivos tributarios.
En relación con este tema, nuestro país ha demostrado contar con ventajas competitivas, no obstante, es seguridad, certeza jurídica y reglas claras y estables las que se requiere para seguir caminando en esta senda, 500 millones de dólares por año no hacen la diferencia para estas grandes corporaciones. En cambio, si destináramos estos recursos a fomentar el desarrollo de la pyme, entregando mayor productividad y competencias, con educación técnica de calidad vinculada con el desarrollo emprendedor, podríamos dinamizar un sector clave en la diversificación productiva y que tiene un rol preponderante en bajar la concentración económica.
Es necesario esta vez no equivocar el camino, para un crecimiento sostenido se debe fomentar el desarrollo de las empresas que dan la mayoría de los empleos en el país, aprovechando de esta manera las enormes oportunidades de acuerdos comerciales como el TTP-11. Si se trata de priorizar el gasto público en incentivos al crecimiento con efecto multiplicador las fichas debieran estar evidentemente en las Pymes y en una educación de calidad, única manera de fomentar un crecimiento económico que genere oportunidades a gran parte de la población.
*Juan Alberto Pizarro. Presidente Comisión Tributaria – Colegio de Contadores de Chile y Christian Aste Mejías. Presidente Comisión Tributaria – Cámara Nacional de Comercio, servicios y turismo de Chile