En la Región del Biobío, el desarrollo productivo está íntimamente ligado a la pesca industrial. Es un eslabón estratégico que representa un aporte valioso para ciudades como Coronel, Tomé, Talcahuano, Lota, Hualpén y San Pedro de la Paz, que emplea a 6.500 personas, la mitad de ellas mujeres jefas de hogar, y que moviliza a más de 400 pequeñas y medianas empresas proveedoras, que a su vez sostienen a otras 4.000 familias. Esta cadena virtuosa, empuja a una economía regional decreciente, que ha sufrido un alza del desempleo del 17% en los últimos ocho años. Por ello, en un país pesquero como lo es Chile, es lógico y de sentido común, que su estabilidad debiera ser un objetivo de política pública.
Sin embargo, la discusión en el Congreso de la nueva Ley de Pesca ha sido el escenario escogido por el Gobierno para insistir en una idea que generó todo lo contrario: incertidumbre, inestabilidad, estrés social y tensión. Se trata de las subastas de cuotas de la pesca industrial, un elemento que ya fue descartado de manera clara y democrática durante la tramitación reciente de la Ley de Fraccionamiento. En esa oportunidad, y tras un debate legislativo donde primaron criterios políticos y técnico-jurídicos, se optó por no avanzar en las subastas precisamente para evitar consecuencias sociales y económicas negativas principalmente por el efecto de concentración que estas generan en pesca. Pero hoy vuelve a aparecer en el proyecto del Ejecutivo, como si nada de eso hubiese importado. Como si la estabilidad laboral de miles de trabajadores y sus familias pudiera estar en revisión una y otra vez.
Cabe recordar que, tras la Ley de Fraccionamiento, ya se traspasaron US$160 millones en cuotas de pesca al sector artesanal. Pero adicional a ello, se incorporó un arancel del 30% a las compras de cuotas internacionales de jurel. Esa tonelada de pescado que a cualquier país competidor de Chile le cuesta unos US$300 aproximadamente, a las empresas pesqueras del Biobío ahora le cuesta un 30% más caro. Es decir, pérdida de competitividad y mayor estrechez operacional, que reflejado en el caso de las empresas de menor tamaño de nuestro gremio, Landes en Talcahuano, y FoodCorp en Coronel, significa operar entre dos a cuatro meses menos.
Por lo tanto, si sumamos lo que plantea el proyecto del Gobierno, más la pérdida del 30% de cuotas impuesta por la Ley de Fraccionamiento, la pesca industrial podría perder hasta un 60% de sus cuotas actuales. Esto no es una redistribución: es una expropiación encubierta, que en términos prácticos, significa el cierre potencial de al menos cuatro empresas clave: PacificBlu y Landes en Talcahuano, y tanto FoodCorp como la planta de conservas de Camanchaca, en la comuna de Coronel. Ninguna de estas compañías podría operar con apenas el 40% del volumen que hoy procesan.
Más preocupante aún es la justificación que hay para impulsar las subastas. No se trata de incorporar más competencia, porque expertos han advertido que el efecto sería una mayor concentración; se trata de un mecanismo para financiar la Plataforma Social para la Pesca Artesanal, que si bien persigue un objetivo legítimo y loable, resulta inaceptable que su financiamiento recaiga sobre un sector que enfrenta un escenario de contracción sostenida. Las políticas sociales corresponden al ámbito de responsabilidad del Estado y no deben imponerse como una carga adicional a empresas que hoy luchan por mantener su viabilidad y el empleo que generan.
Nuestro llamado es claro. El desarrollo no se construye debilitando a los sectores productivos, sino impulsándolos con reglas claras, sostenibles y justas. La pesca industrial no pide privilegios, solo condiciones para seguir generando empleo, valor y desarrollo para la Región del Biobío.