La crisis migratoria que enfrenta nuestro país no es casualidad, sino el resultado de decisiones políticas que han incentivado la irregularidad y la falta de control en nuestras fronteras, en un contexto global que ha causado esos grandes desplazamientos.
En 2014 había aproximadamente 416 mil extranjeros en Chile, que representaban el 2,3% de la población, esa cifra aumentó drásticamente a casi un millón en 2017, lo que representaba un 5,5% de la población total. Al terminar este gobierno esa cifra podría rondar los 2 millones de personas, un 10% de la población del país. Estimaciones fijan la migración irregular en un 10% del total de la población migrante.
La migración supone grandes desafíos para el mercado de trabajo, para la salud y educación pública, vivienda y en general para el acceso a las prestaciones y beneficios sociales en que los migrantes “entran a competir” con los chilenos.
Representa también la migración como un desafío para la democracia, el sistema electoral, la convivencia social y la identidad cultural de Chile. Por cierto, la migración irregular convive con fenómenos como la trata de personas, la criminalidad organizada transnacional o el comercio ilícito, de ahí que represente una amenaza también para el orden y la seguridad pública: una verdad que pocos están dispuestos a asumir.
Pero la izquierda no tiene un discurso ni una postura creíble en migración porque durante mucho tiempo pecó de “buenismo” con la migración irregular. Cierto es que el grueso de la población migrante proviene de países asolados por una crisis política y económica eternas, o un conflicto interno de larga data, o de terceros estados donde no han recibido las oportunidades que ahora buscan en Chile, pero 1) Chile no está obligado ni tiene la capacidad de recibir a todos los migrantes del continente, y, 2) Si quiere un extranjero venir a Chile la primera regla debería ser entrar obedeciendo las reglas del país, como por lo demás lo hicieron antes los migrantes regulares.
La izquierda planteaba durante la discusión de la ley de migraciones, no sabemos si lo sostiene todavía en privado, el otorgamiento de visas de oportunidades laborales para quien en la frontera declarara venir a busca trabajo a Chile, o, presentó todas las indicaciones posibles para entorpecer la expulsión judicial o administrativa y la reconducción en fronteras de migrantes irregulares. Incluso esa misma izquierda woke, encabezada por los entonces diputados Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Miguel Crispi, Manuel Monsalve, Camila Vallejo y Maya Fernández no solo entramparon o votaron en contra de ordenar la casa, sino que llevaron el proyecto de Ley de Migraciones al Tribunal Constitucional, cuestionando esos aspectos claves. Por eso no se les cree por más promesas y proyectos que encabecen ahora desde el Ejecutivo, y por el contrario de manera contumaz insisten en regularizaciones masivas.
Hoy la respuesta a la irregularidad y el descontrol migratorio no sólo pasa por el ámbito legal, de hecho, mucho es mejor gestión de lo ya existente, de decisión, no sólo del Ejecutivo por ejemplo, en ordenar la gestión del Servicio Nacional de Migraciones y concretar las expulsiones, de no provocar llamados a nuevas olas migratorias, reforzar la frontera, fiscalización de las normas y límites existentes a los empleadores y empresas de transportes, entre otros. Eso cuando es previsible que en los próximos meses la zona norte del país se verá presionada por los eventos que ocurrirán en enero en Venezuela o en endurecimiento de la normativa en otros países como Perú, ejemplo que en todo caso Chile debería imitar en resguardo de los chilenos y los migrantes regulares que ya están en el país.
* Patricio Cuevas – Encargado de estudios IR
Sr. Cuevas: Aqui las culpas son compartidas de parte de la Derecha Socialdemocrata y la Izquierda Woke, que al asumir a partir del año 1990 hasta hoy, delinearon su politica de venganza en contra de Chile. Y esto fue por lo acaecido el 11 de Septiembre de 1973. No solo el Partido Comunista juro venganza, tambien lo hicieron quienes conformaron la mal llamada Concertacion y los nuevos conglomerados de Derecha, conformados por liberales, conservadores y nacionales. Lo que hoy experimentamos es el producto de haber entregado a Chile el año 2015 a los organismos internacionales firmando por parte de la Izquierda Woke y la Derecha Socialdemocrata, la Agenda 2030, con sus diecisietes postulados. Y ahora estamos experimentando las consecuencias que tienen a Chile al borde del precipicio. Solo observe lo acontecido el año 2019, que no fue un «estallido social», sino destruir Chile para efectuar un suculento negocio inmobiliario para recibir a ilegales con todos los derechos a educacion, vivienda, fuentes laborales, salud y dinero. Y todo por sobre los chilenos. Aqui ya no gobiernan los chilenos, aqui gobierna la ONU. Es por eso que los carteles de narcotrafico estan asentados en Chile, haciendo suculentos negocios con los distintos tipos de drogas. Y en el caso de los ilegales, esto no se va a acabar por el suculento negocio que le reporta a cada partido politico un extranjero ilegal. Es por eso que no se pueden cerrar las fronteras. Por lo tanto, seguiremos sufriendo asesinatos, descuartizamientos, ajustes de cuentas entre narcotraficantes, incendios intencionales, violencia desatada hasta el año 2030.