Matrimonio y familia en Chile

La necesaria renovación poblacional que todas las sociedades humanas requieren para subsistir más allá de sus grupos fundadores brilla en Chile por su ausencia. La natalidad simplemente se ha derrumbado entre nosotros y, por tal motivo, nos aproximamos a toda velocidad a convertirnos en una sociedad de gente mayor y anciana con cada vez menos jóvenes que puedan sostenerla de manera eficaz.

Mucho hincapié se hace en que la procreación obliga a la mujer a dejar cualquier otra oportunidad laboral para dedicar su tiempo y sus fuerzas a la crianza de la prole. La procreación se presenta, así, como la adversaria de la mujer en el camino de su éxito profesional o laboral y, por ende, de dotarse de mayores ingresos.

Al Estado, por supuesto, le corresponde generar las condiciones para que esta antinomia entre maternidad y la mayor generación de ingresos se vea, por lo menos, atenuada, pero, junto con eso, es muy importante advertir que la causa del problema es más profunda. Más allá del tema económico es indudable que hay detrás un egoísmo creciente que inhibe a las personas a involucrarse en el servicio de una causa que trasciende al mero interés personal. Traer nuevos hijos al mundo se aprecia como un esfuerzo destinado en definitiva a un bien que no es el propio de cada uno. Y ello, a pesar de la evidencia de los problemas que puede traer una vejez sin compañía de gente más joven.

El Estado de Chile dio dos señales muy importantes que han contribuido de sobremanera a la gestación de este egoísmo colectivo. En primer lugar, recordemos cómo en 1968 se presentaron a la población las sustancias anticonceptivas artificiales cuyo uso permite disociar la relación sexual entre un varón y una mujer de la procreación consiguiente. Por el uso de estas sustancias, la sexualidad deja definitivamente de estar orientada a la procreación de nuevos seres humanos para transformarse en un instrumento de puro placer físico; es decir, en un instrumento de egoísmo. Como bien se sabe, la Iglesia Católica, de mano de su Pontífice San Paulo VI, en la encíclica Humanae Vitae, procedió a denunciar este carácter y a prevenir al mundo católico, y también al resto de la humanidad, acerca de este egoísmo y de sus nefastas consecuencias. Fue así como ese Papa vetó a los católicos definitivamente su uso.

Pero, el gobierno de entonces en Chile, aunque encabezado por un partido que se denominaba “cristiano” (Democracia Cristiana), no sólo no se plegó a la enseñanza pontificia, sino que entró en una política de total promoción de estos anticonceptivos. Fue claramente el punto de partida del descenso de la natalidad en Chile. Muy lenta al comienzo, esta no ha dejado de acrecentarse con el transcurso de los años. Se argumentó que eso se hacía para disminuir la mortalidad infantil con el resultado de que, en vez de un niño que muriera ya nacido, se procedió a matarlo impidiendo su concepción y en números mucho mayores a los de la mortalidad original. Sobre todo, fue grave esta política porque sembró en el corazón de chilenas y chilenos precisamente el germen de ese egoísmo que no ha dejado de acrecentarse.

Con la disociación de unión sexual y procreación dejó de tener sentido el matrimonio pensado para toda la vida entre un varón y una mujer. Este era así en la medida que el fruto de esas relaciones iba a ser una prole, cuyo cuidado y formación exige la presencia conjunta de padre y madre. Si esta procreación ya no es querida y, al contrario, es apartada, carece de fundamento que esa relación tenga que ser de por vida y exclusiva. Fue lo que tomó forma cuando en Chile en el año 2005 se aprobó la Ley N° 19.947 que aprobó el divorcio vincular, incluso por mutuo acuerdo de los cónyuges, y en cuyo origen se encontraron también parlamentarios del partido denominado Democracia Cristiana. En conclusión: la sexualidad para cualquier fin, menos para la procreación. Es precisamente que, en esas condiciones, el amor deja de tener sentido. Este nace entre dos personas cuando ellas saben que por su relación sirven a un bien superior y común a ambas. Cuando, al contrario, cada una tiene un fin distinto en esta relación, lo que en ella brota es el egoísmo.

Pero, lo que se creía una satisfacción del interés personal sobre otros fines, comenzó a mostrar su falacia, porque fue el mismo bien de las personas individuales el que comenzó a verse gravemente afectado. Es que eso que se denomina “interés individual”, cuando se aparta o se pone en contradicción con el bien común, deja de favorecer al individuo que pretende ser su titular. Una sexualidad que desprecia la procreación termina envileciendo a esa persona y desorientando su vida. Es cuando vemos las consecuencias de haber adoptado estas políticas antinatalistas que advertimos el tremendo daño que se causa a sí misma la persona que los adoptó. Hoy, al llegar a una vejez sin compañía de descendientes y sin compañía de jóvenes, las personas no hacen sino sufrir las consecuencias: soledad y carencias.

Recuperar la voluntad de servir al bien común, aportando a nuestra comunidad sus elementos más importantes, esto es, nuevas personas que aseguren su continuidad en el tiempo, constituye así la condición fundamental no sólo para recuperar la fortaleza de esa comunidad, sino para asegurar el bien de cada una de sus partes. Apuntando a ese fin es que, por ejemplo, deben definirse muy bien los roles de padre y madre de manera que ambos, cumpliendo tareas distintas, estén orientados en su vida matrimonial precisamente a la generación y al cuidado de la prole. Y debe estructurarse una política por parte del Estado que apoye a padres y madres en el camino de la procreación y de la formación de la prole. Sobre todo, a la madre que se lleva el mayor peso en esta tarea.

Son exigencias que brotan al advertir que el matrimonio de por vida entre un varón y una mujer y la familia que forman entre ambos y sus hijos constituyen los fundamentos para la solidez y proyección de una comunidad política hacia el futuro.