Hace unos días se aprobó en la sala de Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales, una iniciativa fundamental en la defensa de la libertad de enseñanza.

Harto se ha progresado desde que el entonces ministro Abdón Cifuentes fuera duramente interpelado en la Cámara de Diputados en 1873 por tener el atrevimiento de defender la libertad de educación. Hoy, nuestra Constitución reconoce el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales y el derecho de los padres a escoger el colegio de sus hijos, sin negar la importancia del rol del Estado y la necesidad de garantizar tanto la calidad como el acceso a la educación.

Sin embargo, hay quienes argumentan que la libertad de enseñanza genera una tensión permanente con el derecho a la educación. En 2015, el segundo gobierno de Michelle Bachelet implementó una ambiciosa reforma educacional que, en la lógica de “bajar al otro de los patines”, optó por limitar drásticamente la apertura de nuevos establecimientos particulares subvencionados al restringir la figura del arriendo a sostenedores posterior a 2015 y los comodatos; así como al exigir demanda insatisfecha o de ausencia de un proyecto educativo similar para autorizar la creación de estos colegios.

El diagnóstico crecientemente compartido es que la reforma de Bachelet II, no sólo no logró el efecto deseado, sino que creó las condiciones para una década perdida para nuestra juventud. Al apuntar contra la educación particular subvencionada -que durante las últimas cuatro décadas permitió a millones de chilenos acceder a una educación de calidad-, sólo se logró coartar la libertad de elección de los padres al limitar la oferta existente de colegios.

De ahí la relevancia de este proyecto de ley, que propone abandonar la lógica restrictiva de la “Ley de Inclusión Escolar” en favor de un sistema flexible que permite al sostenedor de un colegio tener el inmueble no sólo en propiedad, sino también en comodato o arrendamiento con los resguardos respectivos. Se faculta también al Ministerio de Educación a permitir el acceso a subvención a establecimientos educacionales en zonas donde no exista demanda insatisfecha. Finalmente, se extienden los plazos para que los sostenedores organizados como persona jurídica sin fines de lucro puedan adquirir el inmueble donde funciona el establecimiento mediante un crédito garantizado por el Estado.

Este proyecto permite que los padres tengan la mayor capacidad de elegir, reemplazando normas rígidas por un régimen flexibilizado que favorece la creación de nuevos recintos, fortalece los proyectos educativos de excelencia y corrige la arbitrariedad presente en los criterios actuales de demanda insatisfecha.

Pese a sólo ser una de múltiples reformas necesarias para “devolver los patines”, urge su rápida tramitación así como la de iniciativas similares que fortalezcan algo tan preciado como la libertad de enseñanza como un derecho fundamental.