El 4 de agosto la casa de Guardia Vieja 392, en Providencia, cambió de dueño. La compró una empresa de topografía. Por $1.000 millones. La va a usar para ampliar sus oficinas.
Es la casa donde vivió Salvador Allende entre 1953 y 1971. La misma que el gobierno anterior intentó comprar a fines de 2024 para transformarla en casa museo. La operación terminó con la destitución de la senadora Isabel Allende, por la prohibición constitucional de celebrar contratos con el Estado.
Entre el escándalo y la venta pasó más de un año. Una lástima que sus fervientes seguidores no hayan sido capaces de organizar una simple «vaca». Con 10.000 personas poniendo CLP 100.000 cada una era suficiente. Nadie lo intentó. Cuando el comprador era el Fisco, la casa era patrimonio de todos los chilenos, y estaban dispuestos a pagar la mantención de ese museo por décadas. Cuando había que poner plata propia, era un bien raíz de Providencia. Se vendió al mejor postor.
En Estados Unidos cada Presidente termina con su biblioteca presidencial. Un edificio que mezcla archivo y museo para guardar los documentos de su gobierno y contar su legado. El equivalente de la casa museo que aquí se quería levantar. Ninguna se construyó con plata fiscal. Las trece del sistema de Archivos Nacionales, de Hoover a Bush hijo, funcionan igual desde 1955. Una fundación privada junta los fondos, construye y recién ahí dona el edificio al gobierno federal, que solo lo opera. Allá los partidarios ponen la plata para levantar el monumento a su Presidente. Aquí, al parecer, con plata propia el museo no era tan importante.
Milton Friedman lo explicó en Free to Choose, el libro que publicó junto a su esposa Rose en 1980. Existen cuatro maneras de gastar plata. Cuando uno gasta la propia en sí mismo, cuida el precio y la calidad. Cuando gasta la propia en otro, cuida el precio y se relaja con la calidad, que es la razón por la cual tantos regalos de Navidad terminan en el clóset. Cuando gasta plata ajena en sí mismo, elige el mejor restaurant de la ciudad y jamás mira la boleta. Y cuando gasta plata ajena en un tercero, no tiene incentivo alguno para cuidar ninguna de las dos cosas. Friedman sostenía que casi todo el gasto público cae en esa cuarta categoría. No es maldad ni incompetencia de sus funcionarios. Es cómo operan los incentivos y la naturaleza humana.
En diciembre de 2025 Codelco reportó 172.300 toneladas de cobre, su mejor mes de la década, después de promediar 105.600 toneladas entre enero y noviembre. Una auditoría interna descubrió que 26.875 de esas toneladas no correspondían. Con la cifra original se cumplían las metas del año. Con la corregida, no. Cochilco detectó además que el salto de diciembre viene de antes: 32% por sobre el resto de los meses en 2022, 64% en 2023 y 62% en 2024. Un patrón bastante inusual.
Los bonos ya estaban pagados. US$14,3 millones entre 6.322 trabajadores y ejecutivos, unos $2 millones promedio por persona. Cuando Codelco pidió devolverlos, los sindicatos de Chuquicamata respondieron que no van a permitir la devolución de un peso. Codelco despidió al gerente de Presupuesto y Control de Gestión, sancionó a otros siete ejecutivos, presentó denuncia penal y ordenó la restitución. El control interno funcionó. Lo que falló fue el diseño. El bono estaba amarrado a toneladas reportadas por la misma línea que cobraba el bono, sin verificación independiente previa al pago. Un sistema así no necesita gente deshonesta para producir este resultado.
Hice mi práctica en Chuquicamata en 2003. Los «viejos» nos decían con orgullo «de acá sale el sueldo de Chile». Esa mística lamentablemente se perdió.
Hace unos días, la Dipres publicó los resultados del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2025. De 216 instituciones, 213 obtuvieron la bonificación máxima. El 99%. La propia Dipres reconoce que no hay evidencia de mejoras verificables en la calidad del servicio. Un indicador que aprueba al 99% durante años ya no mide desempeño. Y el defecto de diseño es el mismo de Codelco: las metas las propone la institución evaluada. Mientras tanto, según Libertad y Desarrollo, las listas de espera en salud crecieron 21% durante el gobierno anterior y solo en 2024 murieron más de 41 mil personas esperando atención.
En agosto el Presidente Kast presentó la Comisión Asesora para la Modernización del Empleo Público, encargada de revisar el Estatuto Administrativo, la norma que rige al sector público desde 1989. Doce integrantes, 120 días. La ANEF salió a rechazar la iniciativa antes de que la comisión alcanzara a sentarse a trabajar.
Espero que esta vez la reforma sea total y que el Estado quede al servicio de la gente y, no al revés. Pongamos los incentivos correctos para no caer en la trampa que Friedman describió. Porque con la plata de otros, cualquiera es generoso.
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