Comprar otro equipo parece una respuesta razonable cuando se necesita ampliar una atención de un servicio público. Hasta que alguien pregunta cuánto se utilizan los que ya existen. Si permanecen parte del tiempo detenidos por falta de personal especializado, la decisión cambia. La necesidad era atender a más personas, pero habíamos comenzado por decidir qué comprar. Esa diferencia, pequeña en apariencia, puede cambiar por completo el destino de una inversión.
El ejemplo es hipotético, pero permite formular una pregunta concreta para la discusión del Presupuesto 2027: ¿qué capacidad pública hace posible cada decisión de gasto? La respuesta exige conocer qué tenemos, qué falta y qué combinación permitirá entregar una prestación. Un recurso adquiere parte de su valor por lo que permite hacer junto con otros. Por eso, aumentar los medios disponibles y ampliar la capacidad de respuesta pueden requerir decisiones diferentes.
En la Comisión Especial Mixta ya se han planteado controversias sobre beneficios sociales, reconstrucción y evaluación de programas. La discusión parlamentaria y el debate público sobre sus recursos es necesario. También lo es comprender qué cambia con cada alternativa. Mi planteamiento es incorporar de manera más explícita esa relación: qué permite habilitar una asignación presupuestaria, qué capacidad estatal ayuda a recuperar y qué respuesta contribuye a sostener.
Hablar de capacidad estatal no debería alejarnos de la experiencia cotidiana. Es poder atender a una persona, mantener transitable una ruta o responder a una emergencia cuando corresponde. Cada función pública necesita medios y conocimientos, pero también decisiones que permitan utilizarlos. La capacidad se vuelve concreta cuando esa combinación está disponible para actuar. Después habrá que observar si la atención fue adecuada, si llegó a quienes debía y si produjo el efecto esperado.
El nuevo terminal de Balmaceda permite visualizar ese paso. Al comunicar su inicio de operaciones el 5 de octubre, el MOP informó el término de la marcha blanca y destacó el trabajo con la DGAC, Aduanas, el SAG y Policía Internacional. El terminal construido pasa a formar parte de una operación que requiere distintas capacidades. Esa puesta en funcionamiento ofrece una referencia útil: examinar una inversión también exige comprender qué debe converger para utilizarla.
Desde esa perspectiva, una condición pendiente adquiere importancia por la función pública que permite habilitar. Puede ser una dotación, una conexión, un insumo o una decisión dentro de las atribuciones de otro organismo. El costo de resolverla no necesariamente expresa su importancia operativa. Esto no autoriza a financiar cualquier requerimiento adicional, obliga a comprobar si es indispensable, si las demás condiciones están disponibles y si existe una alternativa mejor.
Volvamos al equipo del comienzo. Contratar personal tendría sentido si esa fuera la restricción efectiva. Pero podríamos descubrir que faltan insumos, que los horarios están mal organizados o que la demanda puede atenderse mejor de otra manera. Cada diagnóstico conduce a una decisión distinta. Ahí se juega una parte de la calidad del gasto público, esto es, en reconocer qué intervención permitirá aprovechar una capacidad estatal y cuál agregará medios sin resolver lo que impide utilizarla.
Recuperar una respuesta del Estado, exige una decisión igualmente cuidadosa. Cuando un servicio se interrumpe, la urgencia empuja a reponer lo que había. A veces corresponde hacerlo. Otras, la pérdida revela que una solución dejó de ser adecuada, que falló una contraparte o que cambiaron las necesidades. Recuperar capacidad puede exigir rediseñar la forma de prestar el servicio. Repetir la inversión anterior no asegura recuperar su utilidad.
Sostener lo que funciona plantea una dificultad menos visible. Si una ruta conserva su disponibilidad gracias a un mantenimiento oportuno, su cobertura puede seguir siendo la misma. No habrá una expansión presupuestaria que exhibir, aunque se haya preservado una función del Estado necesaria. Para evaluar esa decisión hay que examinar el deterioro que razonablemente habría ocurrido sin intervenir. Una capacidad que se mantiene también puede expresar un resultado. La continuidad necesita ser explicada y evaluada con la misma seriedad que una ampliación.
Esto no convierte la conservación en una defensa automática de lo existente. Puede haber intervenciones cuyo costo ya no se justifique o que respondan a necesidades que podrían atenderse mejor de otra manera mediante otra solución. Lo invertido ayuda a comprender dónde estamos; la decisión debe mirar qué conviene hacer desde aquí. Haber gastado mucho en algo no vuelve conveniente seguir gastando. Del mismo modo, que una capacidad estatal funcione sin novedades no demuestra que sostenerla carezca de valor.
También hay una dimensión territorial. Concentrarse exclusivamente en aprovechar capacidades instaladas en los organismos del Estado, podría favorecer a quienes ya cuentan con mejores condiciones. Un territorio rezagado puede necesitar que esas capacidades se construyan, aunque su preparación tome más tiempo. La facilidad de ejecución no establece por sí sola la prioridad social. La comparación debe considerar qué respuesta se hace posible y para quién, incluyendo a quienes todavía no tienen una alternativa disponible.
Chile dispone de instrumentos estatales de evaluación, programación y seguimiento para profundizar esta lectura. En decisiones relevantes, propongo utilizarlos para comparar la situación actual, lo que ocurriría sin intervenir y las principales alternativas. Cada opción debería mostrar qué prestación o servicio permite entregar, qué condiciones requiere y cuánto costará sostenerla. Esa comparación puede orientar un aumento, una reasignación o una reducción en el presupuesto. La utilidad de esa comparación se medirá por cuánto contribuya a decidir mejor, no en la cantidad de antecedentes que logre acumular.
Nuestro país, y su Estado, pueden avanzar mucho si aprenden a reconocer qué decisión permite aprovechar mejor lo que ya tiene y qué capacidades necesita desarrollar. Eso exige mirar cada asignación dentro de la función pública que ayuda a sostener. A veces, el paso decisivo será una nueva inversión; otras, resolver aquello que impide utilizar las anteriores. La inteligencia de un presupuesto también está en reconocer esa diferencia. Porque un recurso puede parecer secundario en una planilla y ser decisivo para que todo lo demás funcione.