Chile no enfrenta una crisis de deuda ni de solvencia. Pero sí atraviesa algo que suele ser la antesala de problemas mayores: una erosión gradual de la confianza y fortaleza de sus cuentas fiscales.
Durante décadas, el país construyó una reputación excepcional en la región gracias a instituciones capaces de generar confianza. La solidez de sus finanzas públicas permitió financiar al Estado a menores costos, enfrentar crisis con márgenes de acción y diferenciar a Chile del resto de América Latina. Hoy, esa ventaja estratégica está en cuestión.
La discusión pública reciente se ha concentrado en el endeudamiento adicional para financiar el Presupuesto 2026, pero esa cifra es sólo un síntoma de una dificultad más profunda: la erosión de la credibilidad fiscal. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió reiteradamente sobre proyecciones de ingresos demasiado optimistas y déficits mayores a los previstos. El último Informe de Finanzas Públicas corrigió el déficit efectivo para 2026 desde 1,8% a 2,4% del PIB y elevó el déficit estructural de 2,7% a 3,7% del PIB. Estas correcciones no respondieron a una desviación aislada, sino a reiteradas sobreestimaciones de ingresos fiscales de magnitudes inusualmente altas.
Más allá de las cifras anuales, el cambio estructural más relevante está en la trayectoria patrimonial del Estado. En 2010 la deuda pública representaba apenas 6,6% del PIB y estaba respaldada por activos consolidados del Tesoro que superaban holgadamente esas obligaciones. Hoy la deuda supera el 42% del PIB y los activos apenas cubren un 9,6% de ella. A marzo de 2018 la relación de activos a deuda fiscal ya había caído a 41,7% y desde entonces continuó deteriorándose hasta niveles de un dígito. La consecuencia es clara: Chile dispone de menos reservas para enfrentar futuras recesiones o emergencias.
Lo más preocupante es que este deterioro reciente no se explica por crisis extraordinarias. En los últimos años el país operó con precios del cobre históricamente altos y sin emergencias sanitarias o financieras. Ello sugiere que esta dificultad dejó de ser coyuntural y se volvió estructural: una erosión de la disciplina fiscal que ya supera una década.
El principal desafío no es únicamente el nivel y dinámica de la deuda pública ni el tamaño del déficit fiscal. Es la pérdida de credibilidad. Cuando las proyecciones dejan de ser confiables, la política fiscal pierde uno de sus activos más importantes. Las crisis fiscales suelen gestarse gradualmente, cuando las metas se corrigen una y otra vez, los ingresos se sobreestiman de manera sistemática y la deuda avanza más rápido que el crecimiento de la economía.
Recuperar la credibilidad exigirá reconstruir una trayectoria creíble de consolidación fiscal con metas verificables, fortalecer la independencia del Consejo Fiscal Autónomo y reponer gradualmente los fondos soberanos que alguna vez dieron respaldo patrimonial al Estado. Y, sobre todo, reconocer que ninguna consolidación será sostenible sin un incremento en el crecimiento económico. La responsabilidad fiscal consiste en preservar la solvencia y asegurar que las futuras generaciones no hereden una carga incompatible con el desarrollo.
Chile todavía posee instituciones sólidas y acceso a financiamiento. Pero ninguna de esas fortalezas es irreversible. La credibilidad tarda décadas en construirse y apenas unos pocos años en perderse. Esa es la discusión fiscal que Chile debería estar teniendo hoy.