La deuda que Chile decidió no mirar y el crecimiento que decidió no estimular

El Ministerio de Hacienda suele destacar que la deuda pública bruta de Chile se mantendría contenida dentro del marco fiscal vigente, según las proyecciones del Marco de Mediano Plazo (MMP) que elabora la Dirección de Presupuestos. El problema es que ese marco tiene un horizonte acotado de cinco años. Y cuando se trata de evaluar sostenibilidad fiscal, cinco años resulta insuficiente.

Este no es un detalle técnico menor. El horizonte temporal elegido determina qué obligaciones se toman en consideración y cuáles no. Y en el caso chileno, este MMP acotado es funcional a un diagnóstico fiscal incompleto: permite mostrar una deuda pública aparentemente sostenible, mientras los compromisos estructurales del Estado se acumulan fuera del campo visual del análisis oficial.

La economía moderna evalúa la sostenibilidad fiscal a partir del valor económico de las obligaciones del Estado, no solo de la deuda del gobierno central en el corto plazo. Este enfoque incorpora además pasivos implícitos que son compromisos no formales que el Estado espera tener en el futuro y pasivos contingentes que son obligaciones potenciales que se materializan ante la ocurrencia de determinados eventos. Aplicado a Chile, el diagnóstico es claro: la posición fiscal es más frágil de lo que sugieren las cifras tradicionales.

El caso más evidente es la Pensión Garantizada Universal (PGU). Su costo anual bordea hoy los US$ 7.000 millones (algo más del 2% del PIB) y crecerá inexorablemente con el envejecimiento de la población y la prolongación de la expectativa de vida. A ello se suman las pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden, con un costo cercano a US$ 3.000 millones anuales (0,9 % del PIB), de carácter altamente inercial. Nada de esto se refleja completamente en un horizonte temporal de cinco años, pese a tratarse de un compromiso prácticamente cierto  y recurrente por décadas.

Algo similar ocurre con el gasto público en salud. El gasto anual de Fonasa alcanza aproximadamente US$ 15.000 millones. Cerca de US$ 12.000 millones al año (3,5 % del PIB) deben cubrirse con aportes fiscales generales. Esta brecha estructural constituye un pasivo implícito creciente que simplemente no aparece como un problema en un horizonte presupuestario de corto plazo.

A su vez, el subsidio anual al transporte público que a nivel nacional bordea los US$ 2.100 millones se ha consolidado como un gasto estructural y permanente. Tampoco se consideran en forma integral los desembolsos vinculados con la renovación a mediano plazo que se requiere del equipamiento militar del país. Pero además se excluyen del radar fiscal los eventuales problemas financieros que puedan producir Codelco, Metro, TVN y otras empresas públicas, y que finalmente pueden terminar generándole un costo al Estado de Chile.

Menos visible aún es el aumento de las cuentas por pagar atrasadas del sector público, que operan como deuda de corto plazo no explícitamente reconocida, y la expansión de las garantías estatales que tienden a materializarse más intensamente en crisis: FOGAPE, concesiones viales, depósitos bancarios y rentas vitalicias. El FAPP, el proyecto de Ley del FES y el proyecto de Banco de Desarrollo, estos dos actualmente en discusión en el Congreso, amplifican esta exposición fiscal futura. Nada de esto altera sustantivamente la trayectoria de la deuda en el horizonte temporal oficial, pero todo ello condiciona la solvencia del Estado en el largo plazo.

El resultado es predecible: la deuda pública proyectada por el actual gobierno luce como si estuviese controlada, ya sea porque el ajuste fiscal se postergó para el nuevo gobierno o porque quedan muchos compromisos fiscales fuera del horizonte de análisis. Esto último constituye una limitación estructural del marco analítico. Al acotar el horizonte de análisis, se genera una falsa sensación de solvencia que lógicamente difiere de la conclusión de un análisis intertemporal integral.

La comparación internacional es elocuente. Países con marcos fiscales avanzados como Australia complementa sus presupuestos con proyecciones a largo plazo, precisamente para transparentar el impacto del envejecimiento, la salud y las pensiones. Chile, en cambio, sigue evaluando su deuda como si el Estado pudiera redefinirse cada cuatro o cinco presupuestos.

El problema no es que la Dipres utilice un marco a cinco años. El problema es que ese marco se haya transformado en el eje del debate fiscal, sin complementar el análisis con una evaluación intertemporal que revele el verdadero tamaño de los compromisos asumidos a largo plazo.

Chile por el momento no enfrenta una crisis de deuda inminente. Pero sí enfrenta un riesgo mayor: confundir evaluaciones de corto plazo con sostenibilidad de largo plazo. Y en política fiscal, esa confusión siempre se paga.

La sostenibilidad fiscal requiere no solo de un gasto fiscal austero, sino de un mayor crecimiento económico tendencial. Cuando la economía crece más aceleradamente, la recaudación tributaria aumenta sin subir impuestos, la razón deuda/PIB se reduce y compromisos como la PGU, la salud, la defensa o el transporte resultan financiables.

No existe sostenibilidad fiscal con un crecimiento del PIB tendencial  en torno al 1,8 % y un Estado que ha ampliado sus compromisos permanentes. La principal amenaza fiscal de Chile no es la deuda que reconoce, sino las obligaciones económicas que decidió no evaluar y el crecimiento económico que decidió omitir.

Por ello, analizar la sostenibilidad fiscal de largo plazo, evaluar con calma y seriedad las implicancias fiscales de mediano y largo plazo de los proyectos de Ley del FES y del Banco de Desarrollo del presente gobierno, generar estímulos pro-inversión y pro-crecimiento para aumentar el crecimiento tendencial de Chile y aplicar medidas de austeridad fiscal son pasos indispensables para recuperar la fortaleza fiscal de nuestro país.