Hace poco más de un mes, sorprendió el comunicado de un grupo de senadores anunciando la conformación de la Bancada por el Agua. Se trata de una bancada políticamente transversal que busca realizar “un esfuerzo conjunto para abordar la crisis hídrica que afecta al país y garantizar el acceso al agua potable para todos los chilenos”. Para ello agilizará la tramitación de al menos 19 proyectos de ley relacionados con el agua.
Los proyectos de ley en trámite a los que aluden los senadores de la Bancada del Agua abordan materias muy relevantes.
Por ejemplo, en materia de desalinización sería muy deseable que se legisle al menos sobre las necesarias servidumbres de paso para la instalación de ductos que permitan la distribución del agua, similar a lo que existe en la regulación eléctrica. Esta carencia complejiza el desarrollo de esta nueva fuente hídrica. Dicho proyecto de ley aún se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado desde enero de 2018, hace 7,5 años (Boletín N. 11.608-09).
Asimismo, se requiere modificar la Ley 20.998 de Servicios Sanitarios Rurales porque los comités y cooperativas de menor tamaño han enfrentado bastantes obstáculos en su implementación. Algunos de estos se refieren a los requisitos de información para su registro y definición del área de servicio, brechas de infraestructura e información insuficiente para los procesos de tarificación y control. El MOP ha avanzado con el diagnóstico de cambios legislativos que considera fundamentales y busca plasmarlos prontamente en un proyecto de ley.
Otros proyectos de ley que son parte de la agenda hídrica son: modificaciones del Código de Aguas en materia de procedimiento de construcción y modificación de bocatomas y en materia de protección de puntos de captación de aguas subterráneas; y la reutilización de aguas residuales tratadas provenientes de emisarios submarinos.
El anuncio no sorprende si consideramos los crecientes problemas que enfrenta nuestro país en materia hídrica desde hace décadas, los que se manifiestan tanto en graves episodios de sequía en la zona centro sur, como en inundaciones y aluviones en la zona centro norte. Tampoco sorprende si revisamos los magros avances que exhibe el actual gobierno en materia de gestión hídrica. Esta carencia ha tendido a pasar más bien desapercibida probablemente debido a que la naturaleza ha sido comparativamente generosa en materia de pluviometría.
Lo que sí sorprende, en cambio, es que dicho anuncio se realice cuando apenas restan escasos seis meses para que termine tanto el periodo de gobierno como el período legislativo actual (Legislatura N. 373). Es evidente que no es tiempo suficiente para abordar dicha tarea, sobre todo si consideramos que en los próximos meses el Congreso debe priorizar necesariamente la discusión del Presupuesto 2026, enfrentar la elección presidencial y parlamentaria, y tomar el receso legislativo en febrero de 2026. Por tanto, parece ingenuo abrigar mucha esperanza en que avance la agenda legislativa en materia hídrica.
Así las cosas, dicha bancada debería modificar su agenda y poner el mayor esfuerzo en dos o tres proyectos de gran relevancia. En este sentido, sería muy recomendable priorizar la tramitación del proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos (Boletín 14.446), que justamente busca resolver la ausencia de liderazgo y coordinación institucional en materia hídrica que esta bancada pretende reemplazar. No es aventurado especular que, si dicha Subsecretaría estuviera en funcionamiento, habría empujado en forma permanente y sistemática la agenda hídrica con los proyectos de ley de mayor relevancia. Hoy la agenda hídrica está a la deriva y sólo responde a urgencias y emergencias.
