Intereses Marítimos de Chile… vulnerables

En noviembre pasado la Aviación Naval Argentina recibió el segundo de un total de cuatro aeronaves P-3 de Exploración Aeromarítima. El 20 de enero, la Agencia Nacional de Puertos argentinos asumió el control del puerto de Ushuaia. Una intervención que se vincula con intereses argentinos para establecer una base naval conjunta con los EE.UU. Su primera medida, reducir las tarifas portuarias entre un 10% y 15%.

Recientemente un almirante, jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, afirmó que la boca oriental del Estrecho de Magallanes es de soberanía argentina, y coincidentemente la Fuerza Aérea argentina confirmó la incorporación de dos aviones KC-135 de reabastecimiento en vuelo, lo que incrementará significativamente el radio de acción de sus cazas F-16.

Más al norte, Perú moderniza la Base Naval del Callao ($1.500 millones de dólares), con apoyo técnico de EE.UU. El proyecto, incluye nuevas instalaciones portuarias y logísticas y contempla también “la construcción, equipamiento y puesta en operación de un dique seco para naves de tamaño, Post Panamax” es decir para varar naves de hasta 366 metros de eslora y hasta 49 metros de manga, según la declaración oficial del Congreso peruano.

Adicionalmente y como parte del plan integral de modernización naval de la Marina de Guerra del Perú, el astillero naval de SIMA en conjunto con Hyundai Heavy Industries (HHI) de Corea del Sur, han acordado la construcción de Fragatas, Patrulleros Oceánicos (OPV) y buques de apoyo logístico. De igual forma, en conjunto con el astillero sudcoreano STX, han iniciado la construcción de diez patrulleras de 56 metros de eslora, en el astillero de SIMA – Chimbote, varias de las cuales ya operan.

Téngase presente que las fragatas del modelo HD-3600, cuya primera unidad de seis, sería entregada el 2030, serán los primeros buques de guerra de la región equipados con un mástil integrado con radar AESA o de barrido electrónico activo; proporcionándoles una innegable ventaja en el ámbito de las operaciones navales.

La construcción de los buques logísticos apunta a entregar el primero el presente año, y el programa de construcción de tres a cuatro Patrulleros Oceánicos (OPV), pretende tener operativo el primer OPV el año 2028.

De igual forma, y a semejanza del requerimiento de la Fuerza Aérea argentina, Perú confirmó la solicitud de adquisición a EE.UU. para hacerse de aviones KC-135 de reabastecimiento en vuelo, para mejorar el alcance y capacidad operativa de la flota de 24 cazas F-16 Block 70, que recientemente ha adquirido la FAP.

Todas señales y evidencias de una responsable política y énfasis por parte de nuestros vecinos por incrementar la vigilancia y control sobre sus respectivos espacios marítimos y los vitales intereses marítimos que en ellos se contienen.

Los denominados Intereses Marítimos (IIMM), son los beneficios “directos e indirectos” que los chilenos obtienen del uso de las áreas marítimas nacionales y de la explotación de los recursos contenidas en ellas, es decir son fuente de desarrollo, trabajo y bienestar.

En un país tricontinental y bioceánico, cuyo patrimonio marítimo está constituido por 3,7 millones de km2 de mar, (¡¡casi cinco veces el territorio terrestre!!), 4.300 km de costa, y en el cual el 90% del fruto de la actividad laboral de nuestros compatriotas debe necesariamente navegar, la permanente vigilancia y control de esos espacios marítimos, adquiere carácter vital.

El financiamiento de nuestras FF.AA. se basa en los dos instrumentos que, en el marco de la denominada Ley de Capacidades Estratégicas (Nº 21.174), reemplazaron el año 2019 a la Ley Reservada del Cobre (Ley Nº13.196 de 1958),

• El Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa, cuyo propósito es financiar la planificación cuatrianual y la renovación programada de capacidades, financiando la operación (sueldos, tareas, entrenamiento y mantención), la modernización y la adquisición de material.
• El Fondo de Contingencia Estratégica, concebido como un mecanismo financiero de emergencia, un verdadero seguro, para cubrir gastos no planificados, tales como conflictos, catástrofes naturales y/o reposición urgente material dañado como también oportunidades de adquisición de sistemas de defensa.

Mas, la realidad es que al día de hoy, el Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa se ha ido desfinanciando progresivamente, por medio de autorizaciones explícitas, en el marco de la Ley de Presupuesto, para postergar los aportes, haciendo legal, no obstante inmoral, incumplir con los traspasos. Hoy más del 80% del fondo se destina a remuneraciones y no alcanza para cubrir las responsabilidades adicionales que se les ha ido asignando a las FF.AA. debiendo, en consecuencia, postergar la mantención y renovación de sistemas y equipos.

Por su parte, el Fondo de Contingencia Estratégica opera con menos del 1% de los recursos que debiese tener; por tercer año consecutivo, este 2026, no recibirá aportes frescos. En resumen, Chile no cuenta hoy con un fondo que financie eventuales emergencias.

Lamentablemente la tendencia para reducir y despotenciar la defensa de Chile, que comenzara el año 2019 con la derogación de la Ley del Cobre, se ha visto seriamente incrementada con el irresponsable manejo financiero de pasadas administraciones, lo que se traduce hoy, en un escenario país de innegable vulnerabilidad respecto del control y resguardo de los Intereses Marítimos de Chile.

El principal activo de un país es el entorno de paz en que pueden desarrollarse sus habitantes, mas hoy Chile navega un período de debilidad respecto de la vigilancia, control y eventual defensa de sus vitales intereses marítimos, lo que pudiese transformarse en el mediano plazo, en una vulnerabilidad.