¿Sabía usted que en Chile no existe una autoridad responsable de la gestión del agua? ¿Y que más de 40 actores institucionales incluyendo organismos públicos, organizaciones de usuarios de agua y organismos autónomos participan en dicha gestión? Este verdadero enjambre institucional constituye una gran debilidad del país a la hora de resolver problemas. Ello ha sido enfatizado por organismos tales como el Banco Mundial en los documentos Estudio para el mejoramiento del marco institucional para la gestión del agua (2013) y Plan para la Mejora del Marco Institucional del Agua en Chile (2015), la OCDE en Environmental Performance Reviews: Chile 2024, y también por todos los gobiernos de las últimas dos décadas. No obstante, los esfuerzos de mejoramiento institucional han estado acotados a fortalecer la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Esta abundancia de actores profundiza los problemas de coordinación, dispersión de información, y lentitud en la toma de decisiones. Dichas falencias se han ido haciendo cada vez más críticas en la medida en que se han ido agravando los impactos de la mega sequía que azota al país desde 2009, que según los expertos no hará sino empeorar.
Cada nuevo gobierno entrante enfrenta problemas de disponibilidad de agua para consumo humano, principalmente en zonas rurales (i.e. Petorca y Alhué), pero también en zonas urbanas (i.e. Ovalle y Valparaíso), emergencias agrícolas (i.e. regiones de Coquimbo y Valparaíso), niveles mínimos en lagunas y embalses (i.e. laguna de Aculeo y embalse La Paloma), y aluviones en zonas precordilleranas (i.e. Atacama y Cajón del Maipo), por nombrar algunos ejemplos críticos.
Así también, cada nuevo gobierno tiene una mirada distinta sobre cómo mejorar la institucionalidad del agua. Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet se intentó impulsar una estrategia para la creación de autoridades de cuenca que no tuvo éxito. Luego, en el periodo 2010-2014, el gobierno de Sebastián Piñera decidió priorizar la coordinación a nivel central y el MOP lideró la elaboración de una Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Luego en el periodo 2014-2018, se nombró un delegado presidencial dependiente del Ministerio del Interior que impulsó la dictación de una Política Nacional de Recursos Hídricos. Pero a la larga el liderazgo lo tomó nuevamente el MOP, al presidir un Comité de Ministros del Agua integrado por los ministros de Agricultura, Medio Ambiente, Energía y Minería. Dicha instancia propuso avanzar con una Subsecretaría de Recursos Hídricos en el MOP, lo que no prosperó.
Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, 2018-2022, se instaló la Mesa Nacional del Agua, instancia público privada liderada por el Ministerio de Obras Públicas e integrada por los ministerios de Agricultura, Energía, Ciencias, Medio Ambiente y Secretaría General de Gobierno, servicios públicos afines, parlamentarios, representantes de gremios y de la sociedad civil. En su informe final entrega recomendaciones sobre 12 ejes fundamentales y propone la creación de una Subsecretaría de Recursos Hídricos en el MOP. Para ello, ingresó un proyecto de ley en junio de 2021 (Boletín 14446-09). El gobierno actual, 2022-2026, creó el Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa, que es presidido por el Ministerio del Medio Ambiente con participación de los ministerios de Agricultura, Minería, Energía, Obras Públicas y Ciencias. Esta instancia decidió no avanzar con la Subsecretaría y poner el foco en la implementación de una nueva gobernanza de aguas a nivel de cuencas. Primero fueron los Consejos de Cuenca y más tarde, luego del rechazo de la primera propuesta constitucional en el plebiscito de septiembre de 2022, las Mesas Estratégicas de Recursos Hídricos, a cargo de la DGA.
En resumen, en un periodo de escasez hídrica crítica de dos décadas no hemos sido capaces de consensuar cómo avanzar en materia de institucionalidad del agua. No hay acuerdo entre los gobiernos si debe ser una Subsecretaría de Recursos Hídricos o una Agencia del Agua, o si es más importante abocarse al nivel central o a nivel local. El único punto de acuerdo ha sido el funcionamiento de una instancia de coordinación interministerial para establecer prioridades en materia hídrica y agilizar la toma de decisiones, y salvo al inicio de este último periodo, el liderazgo ha recaído siempre en el Ministerio de Obras Públicas.
Cada uno de los últimos cinco gobiernos ha levantado diagnósticos y hojas de ruta a distintos plazos cuyos componentes tienen bastantes elementos en común, pero que han sido cuidadosamente archivadas por el gobierno entrante. Ya es hora, entonces, de al menos constituir una instancia de coordinación interministerial permanente con autoridad política, que trascienda las administraciones para darle continuidad a la implementación de muchas propuestas que cuentan con el beneplácito de distintos sectores, tales como la creación de una plataforma de información confiable y transparente, reducción de plazos de otorgamiento de permisos y autorizaciones, y fortalecimiento de la fiscalización y el monitoreo de extracciones de aguas superficiales y subterráneas, por nombrar algunos.
