Ideas para la oposición en educación

Las “bases programáticas” de los candidatos presidenciales ya están disponibles. Si bien la educación no es un tema central en ninguno de ellos –hoy se enfocan en los temas de mayor prioridad de la ciudadanía: seguridad y economía– está igualmente presente. Es esperable que los programas de oposición sean en general convergentes, especialmente en los temas de mayor visibilidad mediática: convivencia y violencia escolar, burocratización, docentes y admisión escolar, entre otros. Más allá de la contingencia, y suponiendo que uno de los dos candidatos pasará a segunda vuelta, ¿cuáles debieran ser los elementos de un sustrato común en la mirada de educación de Kast y Matthei?

El primero debiera ser la reconstrucción de la institución escolar. Obviamente no hablamos solo de infraestructura. La escuela requiere con urgencia ser apuntalada para poder cumplir el rol que esperamos de ella. Esto requiere un mayor financiamiento directo a las escuelas. Chile gasta 4.816 USD (PPP) por estudiante en educación escolar, contra los 9.634 y 9.874 de España y Portugal, respectivamente, y los 14.201 del Reino Unido. Esto debe venir de la mano con mayor autonomía para los directores, tanto para elegir y liderar sus equipos, como para hacer valer los reglamentos y el proyecto educativo. La intervención “ejecutiva” del Estado debe retirarse, reemplazando la legitimidad de “lo que dice la normativa” por la legitimidad de la autoridad del director. La recomposición de la escuela como unidad educativa también requiere que se le devuelvan espacios de decisión que se le han quitado, como la admisión, el manejo del tiempo escolar y las remuneraciones. Si le estamos pidiendo a las escuelas un nuevo estándar de convivencia e inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales, debemos apoyarla con recursos para profesionales que puedan asistir en ello: psicólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, entre otros. Deben crearse las condiciones para que esta escuela autónoma, con liderazgo, independencia y capacidad para decidir, puede ser el centro de una política de calidad en la cual la ciudadanía deposite su confianza, luego de dos décadas esperando soluciones del Estado central.

Lo segundo que se requiere es un reajuste de prioridades para la acción del Estado. El Ministerio de Educación suele estar sobrepasado de demandas y problemas de todo tamaño, lo que lo hace olvidar el objetivo propio. En lugar de estar metido en todo, debiera preocuparse de lo propio. La acción gubernamental debe centrarse en la recuperación de los indicadores estructurales prepandemia: asistencia promedio, inasistencia crónica y grave, y deserción. Puede parecer números abstractos, pero sus consecuencias son gravísimas. Acostumbrarnos a un estándar menor de cobertura es un retroceso inaceptable para un país que quiere desarrollarse. Lo mismo ocurre con la cobertura de educación parvularia, estancada hace 10 años. Esto puede tener varias explicaciones, pero ya basta de posponer el tema. Se requieren medidas valientes, que modernicen la provisión estatal e impulsen la participación del sector privado, para crear una oferta atractiva para las familias y compatible con el trabajo.

Lo tercero es un foco en los aprendizajes. En esto lo central es reagrupar y alinear herramientas que están algo dispersas. Es necesario plantear metas nacionales explícitas en Lectura y Matemática, materializarlas en una actualización del currículum nacional, y luego establecer estándares que guíen la evaluación de estos logros de aprendizaje, mediante el Diagnóstico Integral de Aprendizaje y el Simce. Al mismo tiempo, los programas de apoyo como Leo Primero y Sumo Primero y el apoyo formal del Mineduc y los SLEP a las escuelas deben también alinearse a estos objetivos y metas. Esto no implica reducir la educación solo a lenguaje y matemática, o hacer del Simce el centro de la educación. Sí implica que el Estado debe tomar las medidas para asegurar las habilidades de lecto escritura y alfabetización matemática para todos sus ciudadanos.

Finalmente, la profesión docente requiere una preocupación particular. El llamado Sistema Nacional de Desarrollo Docente (usualmente llamado “Carrera Docente”) cumplió con el necesario aumento de las remuneraciones de los profesores, pero poco más. El resto de los problemas que llevaron a las reformas siguen presentes (como la deserción docente, el bajo atractivo de la carrera y la falta de docentes idóneos en el país), pero las condiciones de trabajo de los docentes han empeorado de la mano de la mala convivencia, la inclusión sin recursos y el aumento de la carga burocrática. Se debe buscar un acuerdo para modernizar el estatuto docente, para entregar facultades a los directores para premiar a sus mejores docentes y desvincular a los que no cumplan los estándares, fomentar la evaluación docente local, y no nacional.