El cierre de la siderúrgica Huachipato no tiene solución fácil, aunque se quiera; más bien ocurre todo lo contrario: una “salida” para la situación enfrenta diversos dilemas, que habrá que ponderar prudencialmente, de cara a la adopción de decisiones.
La primera disyuntiva está en determinar con certeza si el problema económico que enfrenta la empresa (CAP) es debido a distorsiones en el mercado introducidas por China o a una falta de competitividad suya de carácter más estructural y permanente. En el primer caso, cobra sentido pensar en correcciones temporales en las tasas a las importaciones de los productos provenientes de las empresas competidoras chinas. En el segundo, en cambio, pareciera más aconsejable encarar el término definitivo de las operaciones de la empresa nacional, permitiendo de paso que los consumidores de sus productos puedan seguir abasteciéndose al precio de mercado actual, sin sufrir un forzoso incremento del valor de compra de sus insumos, como consecuencia de la imposición de aranceles más altos.
La segunda cuestión de fondo dice relación a cuál será el destino de los miles de trabajadores (familias) que quedarán desempleados fruto de un eventual cierre de la compañía acerera. Nuevamente, la determinación de proteger sus puestos de trabajo vía modificaciones arancelarias resulta más atendible en el primer caso y, claramente, menos en el segundo. Si la realidad correspondiese a esta última alternativa, cabría necesariamente que considerar cómo ayudar a la reconversión laboral de los trabajadores que perderían su fuente laboral. ¿De quién sería esa responsabilidad? ¿En qué medida tocaría esperar cierto apoyo proveniente de la propia empresa en cese de actividades? ¿Cuál es el papel que debería ejercer el Estado en esta tarea? ¿O se trata de un “ajuste” que habría que dejar obrar únicamente a las “fuerzas del mercado” (ley de oferta y demanda)? La respuesta a esta delicadísima materia es compleja y, posiblemente, requiera pensar en una combinación de las tres vías mencionadas.
Como se aprecia, el escenario delineado es altamente complejo. Pero, lo es todavía más si se agregan otras variables en juego. Por ejemplo, si el término de funciones de Huachipato comportase una debilidad geopolítica significativa para Chile y la industria nacional, especialmente su minería -usuaria de las bolas y barras de acero-, quedando a total merced de las compañías y del Estado chinos. O, si una decisión arancelaria adoptada por la autoridad económica doméstica pudiese desatar una suerte de “represalia” de la nación asiática, comportando repercusiones negativas para otros rubros productivos, como ha hecho presente el sector exportador agrícola. Este breve análisis, nada exhaustivo, deja entrever la dificultad que implica resolver este problema y, consiguientemente, la importancia de hacerlo teniendo en cuenta todas las variables relevantes e involucrando el juicio autorizado de todas las instancias técnicas-institucionales que sea preciso.
Una vez más, los hechos muestran que decisiones de esta naturaleza, obligan a incorporar, conjuntamente, apreciaciones técnico-económicas, ético-sociales, de seguridad nacional y, por cierto, propiamente políticas. Además, con altura de miras y visión de largo plazo. Así sea.
*Álvaro Pezoa Bissières. Director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial. ESE Business School
No soy economista, pero creo que el problema es más simple. No es difícil calcular una media del precio internacional del acero en países y economías normales y decentes. Obtenido ese dato, cual es el promedio en que llega el acero chino, si es igual o mayor a la media, es problema de eficiencia de la Cap y que cierre. Si el precio del acero chino es menor o sensiblemente menor a esa media, debe aplicarse aranceles que lo igualen. Y considerando que ese acero chino es de inferior calidad que el de Cap