servicio público

Hoy comienza un nuevo gobierno y con ello la oportunidad de enmendar el rumbo del país en diversos ámbitos. En el plano económico, el nuevo gobierno ha anunciado que actuará sobre la base de tres pilares fundamentales: facilitación regulatoria, competitividad y ajuste fiscal. El objetivo es que el país vuelva a crecer a tasas del orden del 4% anual, lo que permitiría sanear la deteriorada situación fiscal y generar excedentes para dar solución a las múltiples carencias que afectan a muchos ciudadanos.

Chile, al igual que otros países tales como Australia, Nueva Zelandia y Noruega, son ricos en recursos naturales. Durante las últimas décadas se ha avanzado enormemente para lograr que la explotación de estos recursos se realice minimizando los impactos negativos sobre el medio ambiente y los ecosistemas. Existe hoy una profusa legislación y normativa al respecto.

Sin embargo, estamos en una suerte de gridlock: la paralización de las inversiones como resultado de intereses múltiples y de la falta de coordinación y liderazgo. En un gridlock existen filas interminables de automóviles que se bloquean entre sí, deteniendo completamente el tráfico en todas las direcciones. Hay casos dramáticos en ciudades como Nueva York y Los Ángeles donde miles de vehículos han quedado inmovilizados por horas e incluso días.

En este contexto, el gridlock se refiere a la dificultad para avanzar, dentro de plazos razonables y comparables con los de países similares al nuestro, en la materialización de las inversiones. Los proyectos son evaluados y revisados una y otra vez por numerosas instituciones públicas, con el consecuente intercambio interminable de preguntas y respuestas con los titulares de los proyectos.

Postulamos que una de las razones principales es la desconfianza existente entre los distintos actores de la sociedad chilena: desconfianza en los permisos que otorga el aparato público, desconfianza en el quehacer del sector privado, desconfianza en la calidad de la información que sustenta las decisiones y desconfianza en el actuar de los fiscalizadores, por nombrar algunos ejemplos. Esta desconfianza ha sido medida por encuestas tales como la Encuesta Bicentenario UC que concluye que sólo dos de cada diez chilenos creen que puede confiar en la mayoría de las otras personas.

Trabajar para reducir esta desconfianza es fundamental ya que tiene impactos positivos en la relación entre las personas y las comunidades, en el desarrollo de la actividad productiva y en la gestión pública, entre otros ámbitos. Existen al menos tres elementos concretos que pueden contribuir a superar este estado de desconfianza: información, transparencia y tecnología.

Información. Si las decisiones tanto públicas como privadas se sustentaran en información de calidad, conocida y compartida públicamente, y expuesta permanentemente a revisión de pares, sería posible acotar el conjunto de acciones y decisiones “correctas”. Contar con este tipo de información permitiría reducir la discrecionalidad y debilitar miradas puramente ideológicas. Esto es válido tanto para quienes buscan desarrollar y materializar inversiones como para quienes deben evaluar y fiscalizar sus impactos económicos, ambientales y sociales.

Transparencia. En la medida en que fueran conocidos los objetivos, los procesos y los fundamentos que sustentan la toma de decisiones de todos los actores involucrados –públicos y privados, incluyendo la academia–, aumentaría la confianza en nuestra sociedad. De esta forma, las reglas del juego estarían más claras y se reduciría la arbitrariedad. Esto requiere además explicitar y gestionar adecuadamente los inevitables conflictos de interés, así como contar con mecanismos apropiados de rendición de cuentas.

Tecnología. Hoy es factible mejorar significativamente la trazabilidad, disponibilidad y validación de la información utilizada en los procesos de evaluación y fiscalización. Plataformas digitales abiertas, sistemas de monitoreo ambiental en tiempo real, sensores remotos, herramientas de inteligencia artificial para el análisis de datos y registros públicos interoperables pueden contribuir a reducir la discrecionalidad y aumentar la confianza en las decisiones adoptadas. La tecnología puede proveer evidencia objetiva y accesible para todos los actores.

Recuperar y fortalecer la confianza entre el Estado, las empresas y la ciudadanía es un trabajo de largo aliento, pero indispensable para destrabar el gridlock en que se encuentran hoy muchas inversiones. Es un requisito indispensable para que Chile vuelva a crecer.

Deja un comentario

Debes ser miembro Red Líbero para poder comentar. Inicia sesión o hazte miembro aquí.