Resolver los problemas de financiamiento de la educación superior debe ser abordado ya. Cuando los problemas se arrastran por años y no se enfrentan, se complican. El proyecto enviado por el gobierno es muy distinto de lo que se planteó en un comienzo, se acerca a lo posible. Es una base razonable y viable para iniciar la discusión en el Congreso.
Creo un deber de todos los parlamentarios abordar la discusión con disposición abierta para mejorar la situación de algunos estudiantes entrampados con deudas impagables y definir nuevas condiciones para la mayoría que deberá seguir pagando, otorgando incentivos con criterios de justicia y cuidando los límites fiscales.
La creación del Crédito con Aval del Estado fue una buena decisión. Era progresista, dio oportunidad a muchos jóvenes con mérito de los grupos sociales más vulnerables que quedaban excluidos, y pudieron ingresar a carreras universitarias y técnicas.
Esa política se aprobó en 2005 por unanimidad junto con la ley de acreditación de las universidades. La situación actual es distinta de la existente en 2005, entonces no había recursos, hoy existen recursos, que son las deudas pendientes, debidamente renegociadas y con un sistema de cobro que funcione. Además, el esfuerzo de los gobiernos al inicio fue mucho mayor, no sólo de organización, sino por el incremento acelerado cada año. Hoy la matrícula total está estabilizándose y, por lo tanto, es más viable financiar a través de un fondo rotatorio, con la deuda que se paga se van financiado todo o parte de los nuevos.
Lamentablemente muchos jóvenes que ingresaron con gran esperanza enfrentaron obstáculos por su formación insuficiente, no tenían clara su vocación o no dispusieron las condiciones económicas para continuar, la tasa de interés no se redujo a tiempo y la relación con bancos fue generando desconfianza. Muchos desertaron, hoy se hallan sin título y deudas impagables. Lo primero es resolver el problema más crítico que el gobierno evalúa en 75.000 personas de un total de 1 millón 500 mil créditos, o sea cerca de un 5 %. Ellos deben ser la prioridad.
El resto de los egresados tendrá formas de ayuda para reordenar sus deudas, con sus pagos se propone constituir, según el gobierno, un fondo rotatorio para proveer recursos a los nuevos. Habrá que diferenciar los casos, no existen fórmulas universales. También será preciso ajustar los aranceles de referencia y atender a las grandes universidades públicas y algunas privadas que recibirán menores recursos que las demás, mientras llevan a cabo el grueso de las investigaciones científicas esenciales para sostener la calidad de la educación y el desarrollo tecnológico del país.
El proyecto es razonable y sensato. La actitud constructiva es estudiar los números y convenir criterios, evitar la rigidez y las frases rimbombantes. En un sistema político fragmentado es indispensable evitar la pugna estéril. Es mejor resolver ahora, pues si queda pendiente, quien gane la próxima elección presidencial tendría más dificultades para hacerlo y los problemas se acrecentarían.
*Sergio Bitar, ex ministro de Educación