¿Hasta cuándo vamos a seguir tratando la violencia en nuestros liceos como si fuera una anomalía espontánea? Ya no hablamos solamente de faltas de respeto a profesores, tomas o acoso al compañero que piensa distinto. Hablamos de establecimientos vandalizados, encapuchados, drogas, armas y bombas molotov. Hablamos de una educación pública en la que, según Cadem, un 90% de los chilenos considera inseguros sus liceos.

Y las cifras ayudan a dimensionarlo. La ministra de Educación, María Paz Arzola, reveló que durante 2025 se registraron, en promedio, 43 casos diarios de delitos o infracciones vinculados a amenazas, drogas o armas dentro de establecimientos educacionales. Solo las amenazas alcanzaron las 6.113 durante el año: prácticamente 31 por día. El problema es que, una vez que estos jóvenes reconocen las prácticamente nulas o mínimas consecuencias que enfrentan por sus acciones, el resto sigue el ejemplo y el ciclo continúa.

El caso del INBA probablemente sea una de las expresiones más brutales de este deterioro: en octubre de 2024, una explosión mientras se manipulaban artefactos incendiarios dejó decenas de estudiantes lesionados. La investigación posterior incluso abrió interrogantes sobre la eventual participación de adultos.

Porque resulta cada vez más difícil analizar toda esta violencia como una simple sucesión de adolescentes espontáneamente enojados.

Existe también una dimensión ideológica que durante demasiado tiempo hemos preferido ignorar. Desde Gramsci hasta Laclau y Mouffe, buena parte de la izquierda comprendió que la disputa política no ocurre únicamente en las elecciones ni en la economía: también se libra en la cultura. Y pocos lugares son más determinantes para esa batalla que la educación.

El problema comienza cuando formar políticamente da paso a instrumentalizar; cuando el estudiante deja de ser alguien a quien educar y comienza a ser visto como un sujeto revolucionario al servicio de una causa.

Por eso son especialmente graves los antecedentes sobre adultos detrás de la violencia secundaria. El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, hizo público el testimonio de un estudiante del Liceo José Victorino Lastarria que habría reconocido haber recibido dinero para generar desórdenes dentro del establecimiento. Si menores son utilizados por adultos para provocar violencia, el objetivo deja de ser su bienestar: el estudiante se convierte simplemente en un medio.

Claramente, no es una buena combinación: alumnos disruptivos, drogas, armas, escaso respeto por la autoridad, consecuencias prácticamente nulas, políticos de izquierda defendiéndolos mediante eslóganes como “no criminalizar a los estudiantes” y, a su vez, organizaciones y movimientos políticos inmiscuyéndose en los colegios y reclutando activamente a estudiantes.

Y ahora conocemos una arista todavía más perturbadora.

La Fiscalía Centro Norte mantiene vigente y reservada una investigación por posibles delitos de violación y trata de personas que involucraría a miembros de los Grupos de Acción Popular (GAP), una organización de ultraizquierda que actualmente busca reclutar estudiantes en liceos emblemáticos de Santiago.

El GAP, nacido en 1996 y que reivindica parte de la tradición política del MIR, se declara dispuesto a construir una “alternativa revolucionaria en Chile”. Actualmente distribuye propaganda llamando a secundarios a “rebelarse y luchar”. Un reportaje de El Líbero constató material de la organización en seis liceos emblemáticos, principalmente en el Liceo 1 Javiera Carrera y el Liceo 4 Isaura Dinator, ambos de mujeres.

Este antecedente adquiere una dimensión especialmente delicada frente a la denuncia que investiga el Ministerio Público.

Una exintegrante asegura haberse acercado al GAP cuando tenía apenas 15 años. Según su relato, integrantes de la organización la habrían alejado progresivamente de su familia y, años después, entre 2014 y 2017, la habrían obligado a prostituirse para financiar la organización, bajo amenazas contra ella y sus seres queridos.

Hay que decirlo con toda claridad: se trata de una denuncia que debe ser investigada y cuyos hechos no han sido acreditados judicialmente. Pero la Fiscalía confirmó que la causa permanece vigente, reservada y con diligencias investigativas junto a la PDI por posibles delitos de violación y trata de personas.

De comprobarse la denuncia, ya no estaríamos hablando solamente de violencia escolar ni de radicalización política. Estaríamos ante una presunta dinámica de captación y explotación de mujeres jóvenes revestida de consignas sobre lucha popular, justicia social y defensa del pueblo.

Podrán considerarse combatientes por la justicia social, revolucionarios dispuestos a desafiar el orden democrático o defensores de las expresiones más puras del marxismo. Podrán tapizar su lucha de consignas sobre el pueblo, la dignidad y la liberación del proletariado. Pero déjenme enfatizar lo siguiente: los estudiantes no son soldados de una revolución, ni recursos de una organización política, ni mucho menos daños colaterales de una batalla ideológica.

Mientras discutimos quién controla nuestros liceos, quizás hemos olvidado la pregunta más importante: ¿Quién está protegiendo a quienes estudian dentro de ellos?