Una paradoja de la nueva Ley de Protección de Datos Personales es que hablamos mucho del costo de cumplirla y casi nada del valor de lo que obliga a ordenar.
El Gobierno evalúa postergar su entrada en vigencia. Por ahora, el calendario sigue fijado para el 1 de diciembre de 2026 y la discusión se concentra en plazos y costos para las empresas.
Cumplir exige levantar tratamientos de datos, revisar consentimientos, definir responsables y ordenar procesos que crecieron sin demasiada gobernanza. Pero puede producir un efecto más interesante: obligar a las empresas a mirar de frente uno de sus activos más importantes.
Hace cincuenta años era más fácil saber dónde estaba el valor de una compañía: plantas, máquinas, inventarios y terrenos. En 1975, el 83% del valor de mercado del S&P 500 correspondía a activos tangibles; en 2025, los intangibles representan alrededor del 92%.
Los datos son solo una parte de esos intangibles, pero muchas empresas llevan años invirtiendo en ellos sin tener claro cuánto valor generan. Buena parte de ese valor económico, además, no se refleja explícitamente en los estados financieros. Y precisamente porque ese valor no se ve, muchas veces tampoco se gestiona como tal.
Eso tiene una consecuencia concreta en la gestión. Invertimos millones en capturar, almacenar y proteger datos, pero pocas veces nos preguntamos qué retorno obtenemos de ellos o qué ventaja competitiva estamos construyendo.
Tener muchos datos tampoco significa tener un activo valioso. Datos duplicados, desactualizados o que nadie utiliza pueden ser más un costo —e incluso un riesgo regulatorio— que un activo. El valor de un dato no está en acumularlo, sino en su capacidad de mejorar una decisión, cambiar un proceso o generar una ventaja que de otra manera no existiría.
Ahí aparece una oportunidad que va más allá de la regulación. Para cumplir la nueva ley, muchas empresas tendrán que identificar qué datos poseen, para qué los usan, quién accede a ellos y cuánto tiempo los conservan. Durante años, las empresas buscaron capturar cada vez más datos; ahora la regulación obliga también a preguntarse cuáles vale la pena conservar.
Ese trabajo puede terminar en una carpeta de compliance, pero también en una radiografía estratégica. ¿Qué datos tenemos que nuestros competidores no tienen? ¿Qué decisiones podríamos tomar mejor con ellos? ¿Qué parte de nuestra ventaja futura depende de información que hoy administramos como un costo?
En plena carrera por adoptar inteligencia artificial, estas preguntas son aún más importantes. Los modelos estarán cada vez más disponibles para todos, pero la información propia de cada empresa será más difícil de replicar. Dos empresas pueden comprar el mismo modelo, pero no tienen la misma historia operacional ni necesariamente saben convertirla en contexto útil.
El levantamiento lo vamos a hacer igual, porque la ley lo exige. Pero se ve poco razonable terminar con un inventario completo de los datos y poca idea de lo que valen. Si una empresa necesita que una regulación la obligue a descubrir qué datos tiene, cuáles vale la pena conservar y para qué sirven, quizás el problema nunca fue solo de compliance. También era un problema de gestión.