Cuatro datos explican por qué el Gobierno prepara un plan de emergencia laboral.

Chile tiene hoy 9,5% de desempleo; la OCDE, 4,9%. Y llevamos 43 meses con una tasa igual o superior a 8%.

La fuerza laboral crece 0,7%, mientras el empleo cae 0,2%. Faltan puestos.

Falta crecimiento. El Banco Central proyecta 0,25% a 0,75% este año.

Y uno de cada cuatro trabajadores es informal, casi dos millones y medio. En doce meses el empleo cae y su composición empeora: los asalariados formales disminuyen 2,4% y los informales aumentan 1,6%.

El problema no es solo recuperar actividad. Es convertirla en empleo formal. En dos años el trabajo formal se encareció por tres vías: jornada de 42 horas con el mismo salario (40 en 2028), cotización adicional del empleador y un salario mínimo que sube más que la productividad. El capital y la tecnología, en cambio, se abaratan, y la inteligencia artificial acelera la tendencia. La sustitución llega antes.

El plan debería tener dos velocidades.

La primera es de emergencia: medidas transitorias, ejecutables con las reglas vigentes, que muevan contrataciones en meses. Y partir por corregir lo que ya tenemos.

Desde octubre, el Subsidio Unificado al Empleo reemplaza a los subsidios vigentes. Los antiguos ya cerraron postulaciones: en plena emergencia, no hay subsidio al que acceder. El SUE apunta bien: premia contratar y no solo emplear, salarios bajos y trámite en línea. Pero tiene dos fallas corregibles. Exige seis meses sin cotizar, y así premia esperar: quien acepta un contrato al cuarto mes pierde el beneficio; la ley permite acortar ese plazo por decreto. Y paga por cada contrato, no por empleo adicional: reemplazar a quien renunció recibe el mismo subsidio que crear un puesto. Basta pagar solo por los contratos que superen la dotación previa, verificable con las cotizaciones que ya reporta cada empresa.

Conviene adelantar la inversión pública ya presupuestada: licitar antes, destrabar obras, habilitar segundos turnos. Mejor eso que programas de empleo público, cuyos puestos duran lo que dura el subsidio.

La segunda es estructural: reglas permanentes, para que el próximo ciclo vuelva a crear empleo formal.

La reforma de mayor efecto es dejar de subir el costo laboral por calendario. Jornada, cotizaciones y salario mínimo persiguen objetivos legítimos, pero su gradualidad debería depender de la productividad, el desempleo y la informalidad. Dos herramientas lo permiten. La primera, como recomendó la CNEP para la jornada, es evaluar cada etapa antes de la siguiente y complementarla con otros instrumentos si daña demasiado a los menos productivos. La segunda es el gatillo, poco usado en Chile: suspender el próximo tramo si el desempleo o la informalidad empeoran, para no cargar una reforma permanente sobre el peor momento del ciclo. Los objetivos se mantienen; el calendario se adapta.

Chile debería institucionalizar la reducción temporal de jornada con apoyo del Seguro de Cesantía, la herramienta que improvisó en la pandemia y desarmó después. No resuelve el estancamiento, pero ante un shock transitorio permite reducir horas antes que personas. Alemania lleva años usándola.

Falta adaptabilidad. Chile permite promediar la jornada en ciclos de cuatro semanas; en Europa llegan a cuatro meses. Contratos estacionales y polifuncionalidad ayudan. La clave es distribuir mejor el trabajo, manteniendo derechos y límites.

El resto acompaña. Una indemnización a todo evento para nuevos contratos reduce litigios y el costo de contratar. Sala cuna y cuidado extraescolar remueven barreras al empleo femenino. Y la capacitación debe ligarse a vacantes y reconversión tecnológica, no a la oferta de cursos.

El plan no se mide en monto ni en número de programas, sino con cuatro preguntas. ¿Hace más barato contratar formalmente mañana? ¿Evita subsidiar empleos que habrían existido igual? ¿Protege el empleo cuando el shock es transitorio? ¿Ajusta el costo laboral al ciclo y no al calendario?

La emergencia exige actuar rápido. El problema estructural exige empezar ahora.