La semana pasada el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) cumplió con su mandato de analizar el estado de las finanzas públicas frente al Congreso Nacional, de cara a la tramitación de la Ley de Presupuestos. Las reacciones de los parlamentarios frente a la presentación fueron múltiples, pero apuntaban, en general, a dos elementos centrales que el CFA hizo ver.
El primero es que es vital para el país mantener y profundizar los esfuerzos en reducir el gasto fiscal corriente. El proyecto de ley incluye más gastos de los que se pueden solventar y, además, hay gastos que no están siendo transparentados contablemente, lo que equivale a hacerse trampa en el solitario. Algunos interpretan que el gobierno busca esconder gasto hoy, para heredar el problema a la próxima administración.
El segundo elemento es que el Ministerio de Hacienda ha sobre estimado repetidamente los ingresos fiscales. Como nadie tiene una bola de cristal, lo que esta crítica implica es que la Dirección de Presupuestos ha sido demasiado optimista respecto a cuántos recursos entran al Fisco, y debe perfeccionar su metodología. Los parlamentarios oficialistas, al parecer sin contar con elementos para contradecir al Consejo, llamaron a solucionar las dificultades en la estimación de los ingresos con una estrategia tipo Don Otto: subir los impuestos.
Para quien haya seguido la discusión sobre el proyecto de ley FES, las observaciones del CFA sobre la Ley de Presupuestos llaman la atención. Son las mismas críticas que ha recibido el FES y su informe financiero.
Respecto a reducir los gastos corrientes, el Ministerio ha defendido que el FES es más barato que el CAE, lo que lo alinearía con la necesidad de que el Fisco gaste menos. Esto es falso, pues todo se trata de un juego contable. El argumento del Ministerio de Hacienda es que el FES es más barato porque: (1) se posterga el avance de la gratuidad universal y (2) el pago de aranceles a las universidades sería “inversión” y no gasto. Respecto del primer argumento, este es tramposo. No estamos gastando menos, porque el costo fiscal de cada estudiante gratuito es exactamente igual al de uno con FES. Solo estamos sustituyendo. Respecto al segundo argumento, el CFA también hizo ver que considerar el pago de aranceles a las universidades como inversión es poco prudente: no hay certeza de que se devuelva, y como el FES no es un crédito, no se puede valorizar. ¿El resultado? Al igual que en el proyecto de ley presupuestos, el gobierno “esconde” gasto corriente disfrazándolo de inversión, una contabilidad creativa que solo daña el estándar de transparencia necesario en estas materias.
En relación con la credibilidad de las estimaciones, el escenario tampoco es mejor. El FES es un impuesto a los graduados, que tiene por finalidad establecer un sistema de reparto, o de subsidio cruzado entre quienes sean beneficiados. Su sostenibilidad financiera se basa en un supuesto fundamental: que cerca del 40% de los beneficiarios tendrá ingresos futuros suficientes para restituirle al Fisco no sólo lo que costó su carrera, sino hasta 3,5 veces dicho valor. Esto se sostiene en supuestos de empleo, crecimiento económico, crecimiento de los salarios futuros que se basan –adivine– en proyecciones de la Dipres. El mismo optimismo (o voluntarismo) del Ministerio de Hacienda que ha criticado el CFA para la Ley de Presupuesto se está aplicando en las proyecciones del FES. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que la Dipres vuelva a equivocar sus estimaciones y el FES termine constándole a Fisco muchísimo más de lo proyectado.
En síntesis, la respuesta técnica y política del Congreso frente al FES no debiera ser distinta a la que tuvo frente a la Ley de Presupuestos. El “anzuelo” de la supuesta condonación del CAE (que, a todo esto, no es una condonación sino una muy bien pensada forma de cobranza acelerada por planilla) puede hacer que varios parlamentarios no vean la realidad: que el FES es tan poco creíble como las proyecciones de Hacienda.
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