En los últimos días, se ha abierto una discusión marcada por la preocupación fiscal y la necesidad de contener el gasto público en un contexto de estrechez. En este escenario, el gobierno ha presentado propuestas que apuntan a ajustar la política de gratuidad en educación superior. Frente a esto, resulta fundamental mirar los datos para dimensionar el alcance que ha tenido esta política a lo largo de los años, y visualizar cuáles deberían ser las prioridades educativas de la nueva administración.
La gratuidad en educación superior —implementada en 2016— ha significado un alto costo fiscal, con un presupuesto que se ha sextuplicado en los últimos 10 años, pasando de $395.194 millones en 2016 a $2.224.580 millones en 2025. En términos porcentuales, para el año pasado representó cerca de un 13,8% del presupuesto total del Ministerio de Educación y un 54% del total de recursos asignados a Educación Superior. Asimismo, este aumento del gasto ha ido de la mano con una expansión significativa de la cobertura, que pasó de representar un 11,6% de la matrícula de pregrado en 2016 a un 46,3% en 2025.
Mientras tanto, ¿qué sucede con los otros niveles educativos? Partamos con educación parvularia. A este nivel —que, según la evidencia internacional, presenta los mayores retornos educativos y sociales, además de contribuir a reducir desigualdades desde la primera infancia— se le destina apenas un 8% del presupuesto total del Ministerio de Educación. Hoy, la educación inicial presenta desafíos importantes que no pueden seguir siendo postergados, tales como la baja cobertura, brechas de financiamiento entre jardines infantiles, y la dificultad creciente para atraer y retener educadoras de párvulo.
Por otro lado, la educación escolar presenta problemas difíciles de ignorar. Las denuncias por convivencia escolar han aumentado un 98,3% desde 2019 y, en 2025, alcanzan las 17.067, la cifra más alta registrada. Persisten además importantes rezagos en los aprendizajes: según el SIMCE 2025, 1 de cada 2 estudiantes de cuarto básico y 4 de cada 5 de octavo básico no alcanzan los estándares adecuados en lectura y matemáticas. A esto se suma que la asistencia aún no logra recuperarse a niveles prepandemia: 747.934 estudiantes presentan inasistencia grave, y cerca de 150.000 perdieron la mitad del año escolar en 2025.
En un sistema con múltiples urgencias, seguir expandiendo recursos en educación superior sin abordar los rezagos en etapas tempranas resulta difícil de justificar. Frente a recursos escasos, las prioridades deben ser claras: volver a colocar la educación parvularia y escolar en el centro de la agenda educativa.
Muy sensato, un gusto leer cosas sensatas