El 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua y para este año la ONU estableció como lema “Acelerando el cambio” para impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos dentro de la Agenda 2030, en particular, el objetivo de “Acceso al Agua y Saneamiento” que es el ODS número 6.
El diagnóstico que acompaña a este objetivo indica que a nivel mundial, 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura. Esto se traduce en que hay 783 millones de habitantes de nuestro planeta que todavía no tienen acceso a agua limpia y más de 2,5 millones carecen de instalaciones de saneamiento adecuadas.
Las metas del ODS 6 para el año 2030 son las siguientes:
1. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.
2. Alcanzar el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.
3. Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.
4. Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.
5. Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.
6. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.
¿Cuál es la situación en Chile?
Dentro de América Latina y el Caribe, Chile se encuentra entre los países con mayores logros respecto al acceso universal al agua y saneamiento. El año 2017, había 99% cobertura de acceso a agua potable gestionada de manera segura en el ámbito urbano concesionado, y 78% en el sector rural. Una relación semejante se advertía respecto al saneamiento, que alcanzaba el 81% en las ciudades y el 45% en las zonas rurales.
Lo anterior muestra que es evidente que las brechas de Chile se encuentran mayoritariamente en el sector rural, y es ahí donde nuestro país debe acelerar el cambio.
Chile inició una nueva ruta constitucional y sigue viviendo un largo período de sequía, que hace más evidente la necesidad de cuidar el agua para el cumplimiento de este derecho humano.
El desafío será que el nuevo texto no incurra en los errores anteriores, entrando en un nivel de especificidad que hacía pensar sobre la necesidad de contar con un Código de Aguas. Ahora, tampoco se trata que la Constitución omita el tema.
El reto para los encargados de presentar la propuesta a la ciudadanía será ajustarse al Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de la ONU, fijando un marco general a la institucionalidad pública y a las funciones estatales, pero teniendo en cuenta la historia nacional y la urgencia de ciertos cambios.
De todas formas, hay principios que deberían quedar establecidos. Se podría hablar de “bordes” en materia hídrica.
En primer lugar, se debe considerar el agua como un bien nacional de uso público, que pertenece a toda la nación. Esto ya se encuentra contenido en el artículo 595 del Código Civil y en el artículo 5 del Código de Aguas, modificado recientemente y con mayor profundidad.
A continuación que es deber del Estado priorizar el derecho humano al agua para el consumo y el saneamiento reconociendo el llamado de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 de julio de 2010 (Resolución 64/292), que reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
Luego, que tanto el Estado como los particulares tienen la obligación de conservar los ecosistemas, usar el agua de manera sustentable para producir alimentos y en otras actividades productivas.
Por último, asegurar que el Estado tenga las capacidades para actuar y cumplir estos principios.
Estos tres elementos presentes en una Constitución, sumado al trabajo diario que debe seguir realizándose y profundizando desde diversas instituciones, públicas y privadas, permitirá a nuestro país avanzar en el cumplimiento de este objetivo tan importante para cada uno de los habitantes de nuestra nación.
* Carlos Rubilar Camurri – ex asesor Dirección General de Aguas, Ministerio de Obras Públicas