Al 21 de mayo, la estación de Quinta Normal de la Dirección Meteorológica de Chile registraba un déficit de precipitaciones respecto a un año normal del -76.4 %, aunque se pronosticaban lluvias para el lunes y el martes en la Región Metropolitana.
Para algunos especialistas, las posibilidades de aumentar la disponibilidad hídrica no llegarán caídas del cielo, sino que del mar. La Asociación Chilena de Desalinización (Acades) plantea que una de las ventajas competitivas de nuestro país es contar con un borde costero de 6.435 km de longitud y que en las ciudades costeras de la zona norte y central de Chile debería haber desalinizadoras que aseguran el abastecimiento de agua para el consumo humano, por lo menos para casos de emergencias. De hecho, en Antofagasta el agua potable procede habitualmente de una planta desalinizadora.
En marzo de 2023, Acades publicó el primer Catastro de proyectos y plantas desalinizadoras de agua de mar de Chile. De acuerdo a este levantamiento, hay 22 plantas operando con una capacidad de 8.282 litros por segundos, que se concentran fundamentalmente en las regiones de Antofagasta (59%) y Atacama (23%), las cuales cuentan con una capacidad de 6.388 l/s y 1.740 l/s, respectivamente. Además, hay seis proyectos en construcción (4.194 l/s), tres con la evaluación ambiental aprobada y perspectivas de licitación (2.126 l/s) y 12 iniciativas y proyectos (20.171 l/s).
Ahora, la capacidad instalada aún es baja, especialmente si nos remitimos al sector sanitario. Solo hay tres plantas destinadas al agua potable con una capacidad de 1.578 l/s, equivalente al 20% del total y al comparar con la producción total de agua potable es equivalente al 1% aproximadamente, el resto corresponden principalmente a plantas para el sector minero.
El diagnóstico existe desde hace varios años. Los proyectos de desalinización deberían ser más. ¿Qué falta? Lo de siempre: voluntad, sentido de realidad y urgencia.
Uno de los desafíos planteados por la Mesa Nacional de Agua (2019-2022), que encabezó el Ministerio de Obras Públicas (MOP), fue la Seguridad Hídrica, que consideraba un Plan de Infraestructura Hídrica e Incorporación de Nuevas Fuentes de Agua, como la desalinización, reúso de aguas servidas tratadas, recolección de aguas lluvias e infiltración artificial de acuíferos. Todo lo anterior, se enmarca en el desarrollo de los planes estratégicos de cuencas, cuya ejecución ha perdido dinamismo, a pesar de estar estipulados en el nuevo Código de Aguas.
Este cuerpo legal, que se promulgó en abril de 2022, no entró en profundidad en el tema de la desalinización, porque corría por un carril paralelo en el Congreso Nacional.
De todas maneras, no hay que perder el norte y pensar que la desalinización es “la solución”. Se trata de una alternativa, cuya viabilidad y pertinencia dependerá justamente de las características de cada zona y en eso los planes estratégicos de cuenca tendrán algo que decir, si es que recuperan dinamismo.
¿Qué pasó con la ley de desalinización?
El proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para desalinización (Boletín 11608-09) fue ingresado el 2018. Lo último que se supo de esta iniciativa fue la indicación sustitutiva que se ingresó el 9 de marzo de 2022.
La propuesta incluye una serie de elementos que podrían contribuir a aumentar la disponibilidad hídrica a través de una mejor gestión. En primer lugar, se reconoce que el agua de mar es un bien nacional de uso público, que pertenece a toda la nación y que cualquier persona puede solicitar una concesión para su extracción y desalinización a la Dirección General de Aguas (DGA) del MOP.
Además, instruye a la DGA a elaborar una Estrategia Nacional de Desalinización con una vigencia de 10 años, cosa que se echa en falta porque mientras más tiempo tarde en desarrollarse, menores son las posibilidades de alcanzar la Seguridad Hídrica. Este punto es particularmente importante pues las 22 plantas que se encuentran operando hoy han sido evaluadas en forma aislada, sin que formen parte de una estrategia más amplia.
La iniciativa legal se hace cargo del cuidado medioambiental y, por supuesto, de priorizar el consumo humano. De hecho, en el artículo 8 se señala que los proyectos que no sean para estos fines deberán realizar un aporte mensual de la concesionaria de hasta un 5% de la capacidad para ser destinado a conservación y saneamiento, aunque sería prudente, por decir lo menos, evaluar la legalidad e impacto económico que provocaría este punto que para algunos tiene un dejo expropiatorio. De todas formas, esto ya es un primer paso para instalar el concepto de multipropósito en todos los proyectos de plantas desalinizadoras.
Si las plantas desalinizadoras que se encuentran en construcción y en diversas fases de tramitación, estuviesen operativas bajo esta normativa, habría una capacidad adicional de 1.325 l/s para agua potable. Es decir, se duplicaría la actual.
Es paradójico que después de 14 años de bajas precipitaciones no haya prisa en buscar soluciones para el abastecimiento de agua para el consumo humano, y el tiempo corre. Cada planta de desalinización tarda al menos 6 años en estar operativa. ¿Chile será capaz de esperar?