Cuando la corrupción deja de sorprender

Un nuevo informe de la Contraloría ya no sorprende a nadie. Y ese es, precisamente, el problema.

El caso Fundaciones, las múltiples aristas del caso Convenios, las auditorías que han revelado graves deficiencias en el control de recursos públicos, las investigaciones por conflictos de interés y los reiterados cuestionamientos a distintos organismos del Estado han ido configurando un panorama inquietante. Son síntomas de un deterioro institucional que amenaza a un bien social que Chile edificó durante décadas: la confianza en sus instituciones.

Cuando las irregularidades dejan de escandalizar y la ciudadanía comienza a asumir que cada semana aparecerá un nuevo episodio de uso indebido de recursos públicos o de incumplimiento de los deberes funcionarios, el problema de fondo radica en la pérdida progresiva de los estándares éticos que sostienen la vida republicana, donde la falta de probidad deja de ser una excepción para convertirse en parte del paisaje cotidiano.

Durante mucho tiempo creímos que la corrupción era un fenómeno ajeno, propio de países con instituciones débiles. Chile parecía haber desarrollado una cultura distinta, donde la probidad, el respeto por la ley y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública constituían parte de nuestra identidad institucional. Hoy esa certeza se ha debilitado peligrosamente.

Cuando esto ocurre, se erosiona la confianza, uno de los bienes más valiosos para el desarrollo de un país. Las instituciones siguen existiendo formalmente, pero pierden la legitimidad que les permite cumplir adecuadamente su misión.

En este contexto, el creciente protagonismo de la Contraloría General de la República permite una reflexión especial. Sus auditorías y dictámenes han contribuido a revelar deficiencias que de otro modo permanecerían ocultas. No obstante, ninguna Contraloría, por eficiente que sea, puede reemplazar la integridad personal de quienes administran recursos públicos.

Las leyes, los controles y las sanciones son indispensables. Sin embargo, nunca serán suficientes. La probidad comienza mucho antes que la fiscalización. Nace de la convicción de que ejercer una función pública significa administrar bienes que pertenecen a todos y se debe responder por ellos con un estándar ético superior.

La probidad no admite dobles estándares ni puede depender del color político de quien infringe las normas. La integridad deja de ser un principio cuando se transforma en una herramienta de conveniencia.

Recuperar la calidad institucional exige fortalecer los organismos de control, mejorar la transparencia y sancionar con rapidez las conductas indebidas. Pero demanda, sobre todo, reconstruir una cultura donde la honradez vuelva a ser un deber elemental y no una virtud excepcional.

Las instituciones no colapsan de un día para otro. Se debilitan lentamente, cada vez que una falta queda impune, una responsabilidad se diluye o un abuso encuentra justificación. Del mismo modo, su recuperación comienza cuando la probidad deja de ser un discurso y vuelve a convertirse en el fundamento irrenunciable del servicio público y de la vida democrática.