No hay metáfora ni exageración posible: en Chile, el narcotráfico logró infiltrar a las Fuerzas Armadas. Ya no estamos hablando de barrios sin ley, ni de policías corruptos. Esto es otra liga. Si los grupos criminales logran entrar al corazón armado del Estado, lo siguiente no es una crisis: es el colapso.
En las últimas semanas supimos que personal de la FACH fue sorprendido traficando kilos de “Tusi” en aviones institucionales. Antes, miembros del Ejército fueron detenidos por transportar Coca y Pasta Base en el norte. Ahora se acaba de descubrir un termo con 400 gramos de pasta base en una base militar en Colchane. Un cóctel de armas, corrupción y fronteras en peligro.
¿Podemos darnos por satisfechos con lo que diga el gobierno? ¿Debemos aceptar la versión de las propias FF.AA., instituciones que -por historia y diseño- se comunican poco y se protegen mucho? ¿O es hora de exigir algo radicalmente distinto: una investigación civil, abierta, exageradamente transparente, que involucre a todos los poderes del Estado y que tenga como único fin proteger a Chile de sí mismo?
Mi respuesta es clara: debemos sobrerreaccionar, legalmente. Porque si no se reacciona hoy con contundencia, mañana ya no habrá cómo hacerlo.
Esto es más grave que Carrizal, más grave que el Boinazo o el Enlace, incluso más que el crimen del teniente Ojeda, guardando las proporciones humanas. Porque lo que está en juego ahora es el último anillo de defensa del Estado. Las FF.AA. no son un actor más. Son el límite. Si caen ellas, no hay plan B. No hay frontera que aguante, ni república que se mantenga.
Cuando el narco entra al cuartel, el riesgo no es solo que robe armas. Es que controle decisiones, espacios, personas. Es que empiece a dictar las reglas desde adentro. Y ese camino tiene nombre: México, Colombia. Sabemos cómo empieza. También sabemos que no tiene retorno.
Por eso, nada de buenismos. Nada de “no eran tantos”, “fue una vez”, “ya se solucionó”. Aquí hay que actuar como la vieja chota que ante el primer pelotazo se lleva la pelota para la casa. Así de tajante. Así de exagerado.
Pero con sentido jurídico. La investigación debe estar en manos de la justicia civil, con fiscales con autonomía, con medidas concretas, y con información pública como nunca antes. Que las FF.AA. colaboren, claro. Pero que no se investiguen solas. Que no administren el daño puertas adentro.
Y no basta con una vocería gubernamental. Esta vez tiene que hablar el Estado. Con todas sus voces. Todos los poderes juntos, todas las ramas castrenses detrás. Quizás ha llegado el momento del Consejo de Seguridad del Estado. Quizás hay información sensible que no puede decirse entera. Pero el mensaje tiene que ser uno solo: esto no se tolera, esto no se relativiza, esto se corta de raíz.
Porque cuando el narco entra al cuartel, ya no estamos hablando de seguridad. Estamos hablando de supervivencia.
Me parece un tanto histérico, casi neurótico lo expuesto, exagerado, no se condice con los hechos. En caso 6 personas dotación Ejercito, fue la contrainteligencia de la propia Institución que los descubrió y denunció a Ministerio Público para que los detuviera. En caso Fach, fue el control interno quien descubrió y detuvo a los involucrados, de UN avión, no de aviones como se vomita. Su forma de resaltar los méritos de una «justicia civil» parece fotocopia de frases de hace 40 años, toda la justicia que opera en nuestro país, es civil, y es un antro de corrupción, prevaricacion y feudos que se creen poder absoluto. Quizás ud como abogado le gusta navegar en esas aguas contaminadas.