A diario evidenciamos a través de distintos medios de comunicación graves episodios de violencia y problemas con convivencia escolar al interior de los colegios, una de las principales preocupaciones del sistema escolar. Cifras de la Superintendencia de Educación muestran un aumento de un 25,14% en las denuncias presentas por convivencia durante el primer trimestre de 2025 respecto del mismo período del año anterior. Bajo este escenario, se sigue discutiendo en el Congreso el proyecto de ley de convivencia escolar, sobre el cual persisten los cuestionamientos acerca de su capacidad para ser una herramienta útil y efectiva.
En este contexto, se ha reiterado la falta de recursos con que se pretende abordar las nuevas exigencias que crea y la mayor carga administrativa que implica como algunas de las principales preocupaciones para las comunidades educativas. Un estudio de la UDP del año 2022 sobre el liderazgo escolar en la Nueva Educación Pública reveló que los directores señalan como su principal preocupación la falta de recursos para la gestión del establecimiento (37,3%), seguido del aumento en el número de los estudiantes con problemas emocionales (28,1%), la sobrecarga de trabajo administrativo (27,3%), la matrícula del establecimiento (23,9%), y los resultados académicos del mismo (23,1%). Estos elementos han sido mencionados como una preocupación durante la discusión y sin embargo, siguen sin ser recogidos.
Además de mayor burocracia y la falta de financiamiento, hoy está sobre la mesa una cuestión que no formaba parte del proyecto original y que, en caso de aprobarse, implicaría un cambio radical: la prohibición de expulsión o cancelación de matrícula a párvulos y estudiantes de enseñanza básica que incurran en alguna falta al reglamento o en conductas sancionadas por la ley. Esta indicación del Gobierno, peligrosa, por cierto, amerita a lo menos dos reflexiones.
En primer lugar, revela -nuevamente- la forma en que se ha pretendido abordar esta problemática. Los establecimientos, en lugar de aplicar estas sanciones, deberán definir medidas para tratar, junto con los padres y/o apoderados, los factores de riesgo que incidan en la realización de estas conductas, todas las cuales deberán constar en protocolos. Nuevamente se pretende mejorar las dificultades que enfrenta nuestro sistema educativo a través de tareas administrativas y reglamentos internos cada vez más extensos y complejos.
Esta solución es el camino equivocado, en un contexto donde lo que se requiere son más profesionales capacitados -como, por ejemplo, duplas psicosociales-, más recursos y menos trabajo administrativo para los docentes y directivos puedan enfocarse en aquellas tareas que resultan esenciales dentro del proceso educativo: reforzar aprendizajes y fortalecer capacidades.
Como si esto fuese poco, esta indicación representa un riesgo aún mayor. Coarta el proyecto educativo mismo al impedir que este pueda decidir sus principios, valores y reglas, aspecto que nos lleva a incluso a cuestionar su constitucionalidad. Esta medida pone en riesgo a la comunidad educativa. El colegio, en tanto espacio de formación, es un lugar donde los niños deben aprender a resolver los problemas a los que se vean enfrentados. Sin embargo, ello no implica que cualquier acto pueda ser tratado con medidas formativas. En este sentido, la aplicación de sanciones como la expulsión y cancelación de matrícula se constituyen a su vez, como una herramienta para el resguardo de la propia comunidad y sus integrantes, así como del proyecto educativo mismo.
A pesar de todo ello, aún queda discusión en el Congreso. Hay espacio para introducir mejoras y legislar con base a evidencia para que las normas se conviertan en herramientas efectivas para los establecimientos, los estudiantes y sus familias.