Hubo quienes creyeron imposible que el Congreso cumpliese con los exigentes plazos impuestos para despachar la reforma constitucional, así como antes hubo quienes estimaron imposible un acuerdo político como el “Acuerdo por Chile” y ahora que ya estamos con las reglas claras y definidas para el nuevo proceso, hay quienes cuestionan su legitimidad y/o vaticinan un mal resultado.

Evidentemente, nadie espera que no existan dificultades en el camino que falta, seguramente se vendrán momentos difíciles y negociaciones complejas, pero este nuevo proceso tiene diferencias significativas con el anterior, lo que nos hace estar optimistas, sin por eso perder el sentido de realismo. 

Si bien, según la última encuesta CEP, para la ciudadanía existen otras prioridades urgentes de resolver, como la delincuencia (60%), salud (32%), pensiones (31%), educación (26%) y narcotráfico (25%), es muy importante, y no excluyente, terminar el proceso constitucional y hacerlo bien.

Desde la perspectiva humanista cristiana, valoramos profundamente las menciones a la dignidad de la persona humana y la búsqueda del bien común, contenidas en las “12 Bases Constitucionales”, que servirán de marco para una nueva Constitución. Ellas se hacen cargo de rescatar los elementos exitosos de nuestra República y también de incorporar otros, como el reconocimiento a los pueblos originarios, el reconocimiento del Estado social y Democrático de Derecho y el cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad.

Nos parece necesario sin embargo, que el comité de expertos defina con claridad lo que se entiende como “Dignidad de la persona humana” y como “bien común”. La Enseñanza Social Cristiana, que como sabemos, está escrita para todo hombre de buena voluntad, creyente o no creyente, nos entrega importantes luces al respecto. De esta manera, comprende a la dignidad humana como un valor especial del hombre, la “única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma” (GS 24, 3), que lo pone “en el centro y en la cumbre de la creación” (CDSI, 108). El bien común, por su parte, lo comprende como “un bien relacionado con el vivir social de las personas”, “es el bien de ese «todos nosotros», formado por individuos, familias y grupos intermedios que se unen en comunidad social” (CV, 7), y “abarca todo un conjunto de condiciones sociales que permitan a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección” (MM, 65).

También nos parece muy relevante que haya quedado establecido que una posible próxima Constitución proteja “derechos y libertades fundamentales”, como “el derecho a la vida”, “la igualdad ante la ley”, “el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones”,  “la libertad de conciencia y de culto”, y “la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos”.

Así como se puede ser optimista de esta nueva etapa, por los elementos mencionados, este proceso también debe propender a generar las instancias de diálogo y participación real, que fallaron en el proceso anterior, asegurándose ahora la colaboración de todos los actores de la sociedad, entre ellos los que estamos en el mundo del trabajo, trabajadores, empresarios y emprendedores, grandes y chicos.

La empresa que propiciamos, entendida como comunidad de personas, que va más allá de la sola búsqueda de utilidades y comprende su responsabilidad pública, es un actor relevante y necesario para la construcción de un tejido social sano y cohesionado que apunte a una sociedad más justa, próspera, solidaria y humana,  debe tener un papel activo y de cooperación en este proceso de diálogo y participación.

Que lleguemos al plebiscito de salida este 17 de diciembre con un país mayoritariamente unido en torno a un texto que dé garantías de paz y prosperidad es tarea de todos y cada uno.

*Francisco Jiménez Ureta, presidente USEC, Unión Social de Empresarios Cristianos

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