El fenómeno demográfico que enfrenta Chile no admite eufemismos: la nación se aproxima a un abismo silencioso, incubando una crisis que toca la médula de su cohesión social. La drástica caída de la natalidad, la fragilidad de los vínculos familiares y el alarmante número de niños que ingresan al sistema de protección del Estado configuran un cuadro que, de no revertirse, comprometerá seriamente el futuro del país.
De acuerdo con cifras del INE, en 2024 se registraron 154.441 nacimientos, 11,3% menos que en 2023; la tasa de natalidad descendió a 7,7 por mil habitantes, y la de fecundidad cayó a 1,16 hijos por mujer, el nivel más bajo de nuestra historia y muy lejos del 2,1 necesario para el reemplazo generacional. No son simples estadísticas: son señales de un país que se resiste a perpetuarse.
A ello se suma un cambio cultural profundo: la mayoría de los nacimientos se producen fuera de un matrimonio o unión estable. Aunque no toda relación formal garantiza estabilidad, la evidencia internacional muestra que los hijos que crecen en familias consolidadas cuentan con mayores niveles de protección, capital cultural y apoyo emocional. La erosión de la institución familiar como núcleo de la sociedad debilita los cimientos sobre los cuales se transmiten sentido de pertenencia, principios y disciplina.
El panorama se agrava al considerar la situación de la infancia vulnerable. En 2024, ingresaron al sistema de protección estatal cerca de 429 niños por día, mientras nacieron en promedio 371 diarios. Dicho de otro modo, más menores requirieron tutela estatal que aquellos que nacieron. Resulta devastador: la niñez chilena se desarrolla en una proporción creciente bajo la custodia del Estado y no en el seno de una familia propia.
Las consecuencias de este fenómeno son profundas. Los más entre esos niños egresan del sistema de protección con severas carencias emocionales, educativas y sociales. El Estado, por más recursos que destine, es incapaz de reemplazar lo que solo una familia puede dar: arraigo, afecto, estabilidad y transmisión de sentido. Una generación formada mayoritariamente en hogares de tránsito o residencias institucionales arrastrará cicatrices que se manifestarán en dificultades de inserción laboral, vínculos inestables, exposición a la marginalidad y débil adhesión al bien común.
Se trata de una triple crisis. Demográfico-económica: la natalidad en caída libre compromete la sostenibilidad de pensiones, la salud y el producto. Familiar: los vínculos estables se debilitan y, con ello, la principal escuela de virtudes y de ciudadanía. Social: un número creciente de niños será “criado” por el Estado o bajo su directo influjo. En fin, un pasivo humano que la sociedad deberá afrontar por décadas.
Chile requiere políticas públicas que valoren la natalidad y la familia como pilares de la vida común. Ello supone no sólo incentivos económicos para tener hijos; todavía más, un marco cultural e institucional que prestigie la maternidad, la paternidad y el matrimonio como bienes sociales. Implica, asimismo, un rediseño del sistema de protección que priorice la prevención y la colaboración de la sociedad civil.
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