Hace unos días, en este mismo medio, advertí que la academia debía propiciar cambios e incorporar los intereses del país, la seguridad y la defensa en la investigación. Avancemos. Hoy sostengo algo todavía más elemental: la inmovilidad del sistema científico chileno agotó su tiempo.
Y este problema está lejos de ser una intuición reciente. Los propios académicos llevan más de una década estudiándolo.
En 2012, José Miguel Benavente, Gustavo Crespi, Lucas Figal Garone y Alessandro Maffioli evaluaron el impacto de Fondecyt y observaron efectos positivos sobre la cantidad de publicaciones, aunque sin un impacto equivalente sobre su calidad medida por citas, en torno al umbral de adjudicación. (Universidad Adolfo Ibáñez) Dos años después, Luis Améstica, Héctor Gaete y Xavier Llinàs-Audet describieron un sistema universitario marcado por “desventajas de inicio”, segmentación y acumulación histórica de recursos. (SciELO)
En 2023, David Marchant-Cavieres y sus coautores estudiaron 80 instrumentos de gestión de investigación en ocho universidades chilenas. Su análisis mostró cómo los mecanismos institucionales de competencia y desempeño moldean el trabajo científico y pueden favorecer procesos de concentración de recursos y capacidades. (Universidad Andrés Bello)
Y este año, Alexia Núñez-Parra y otros cuatro investigadores publicaron en Frontiers in Research Metrics and Analytics un estudio sobre investigadores de carrera temprana en Chile. Su conclusión resulta incómodamente familiar: existe un “cuello de botella progresivo” en el acceso al financiamiento competitivo, donde avanzar depende crecientemente de la antigüedad, del éxito previo obteniendo recursos y de la estabilidad laboral. (Frontiers)
Es decir, difícilmente alguien podría inventar un problema que la propia literatura académica lleva más de una década describiendo.
Ahora agreguemos nuestros datos
Después de depurar las enormes listas públicas de adjudicaciones Fondecyt en ciencias sociales y humanidades entre 2016 y 2026, identificamos 3.882 proyectos y 2.696 investigadores. De ellos, 957 -el 35,5%- obtuvieron dos o más adjudicaciones y concentraron el 55,2% de todos los proyectos. Veinte instituciones reúnen cerca del 83%.
La recurrencia existe. La permanencia institucional existe. También existen trayectorias perfectamente identificables desde Fondecyt de Iniciación hacia Regular y desde Regular hacia nuevos proyectos Regular.
Nada de esto demuestra favoritismo. Demuestra algo diferente y suficientemente importante: el statu quo también produce resultados distributivos.
Duele constatar, además, que incluso investigadores altamente formados enfrentan dificultades para convertir su preparación en carreras científicas sostenibles. El estudio de Núñez-Parra y sus colegas aporta otro dato revelador: entre quienes fracasaron en una postulación a Fondecyt Regular, un 41,8% señaló que su proyecto había sido evaluado como “muy bueno”, pero quedó bajo el corte de adjudicación. Entre quienes jamás habían postulado a Regular, un 60,7% señaló como principal razón considerar insuficiente su currículum. (Frontiers). Así tenemos: talento que el sistema forma en Chile o fuera, evalúa positivamente y muchas veces deja afuera. ¿Entonces, por qué genera tanta tensión revisar ese sistema?
Quizás porque estamos hablando de algo más que formularios y concursos. Son miles de millones de pesos, carreras académicas, capacidad para construir núcleos de investigación y posibilidades de desarrollar agendas intelectuales durante años. Todo sistema de financiamiento distribuye recursos, oportunidades y capacidad institucional. Toda modificación altera equilibrios e intereses. Sería ingenuo fingir lo contrario. La pregunta incómoda, entonces, merece hacerse: ¿a quién beneficia la estructura actual de la gestión científica chilena y a quién mantiene esperando en la puerta?
La discusión en su sitio
La OCDE viene advirtiendo que Chile presenta brechas en habilidades digitales, adopción tecnológica e innovación, factores directamente relacionados con nuestra productividad. En su evaluación más reciente sobre competitividad, señala además que el gasto empresarial en I+D sigue siendo bajo y que apenas 17% de las empresas chilenas reporta innovaciones tecnológicas, menos de la mitad del promedio OCDE. (OECD)
Después nos sorprendemos cada mes con el Imacec o nos quejamos por el crecimiento “mediocre” de la economía chilena. ¿En serio?
Sin embargo, de las críticas realizadas a la autoridad que está revisando qué hacer, hay un aspecto que resulta desorientador más que incómodo. Ninguna de las reacciones ha logrado aclarar a quién beneficia el actual estado de la gestión científica en Chile. Esa es la cuestión de fondo que una prensa verdaderamente inquisitiva debería estar investigando: quién concentra los recursos, qué instituciones dominan las adjudicaciones, qué trayectorias se reproducen y cuánto espacio queda para quienes intentan ingresar al sistema. Sin embargo, parte de la discusión pública ha preferido el sarcasmo hacia la autoridad, llegando incluso a enrostrarle que haya estudiado filosofía. Deplorable. Funesto, incluso. Porque mientras se caricaturiza a una ministra por su formación, quedan sin responder las preguntas relevantes sobre recursos públicos, concentración, renovación generacional y prioridades nacionales. Eso no esclarece a la opinión pública, la distrae. Y a todo esto hay que sumar ignorancia.
La inteligencia artificial constituye quizás el ejemplo más urgente. Si actuamos tarde, el riesgo es llegar al próximo quinquenio como usuarios dependientes de tecnologías creadas, entrenadas y gobernadas por otros. Traduzco: Chile perderá soberanía tecnológica y no podrá pensar por su propia cuenta. Eso exige ingenieros y especialistas tecnológicos, por supuesto. También exige juristas capaces de regular algoritmos; filósofos que trabajen sobre responsabilidad y ética; economistas que comprendan sus efectos productivos; educadores capaces de transformar competencias; y científicos sociales que estudien su impacto sobre empleo, desigualdad, instituciones y democracia. En consecuencia, el falso dilema entre tecnología y humanidades, que hoy estamos viendo, empobrece la discusión. Y, no es el dilema que plantea hoy la autoridad.
Reorientemos el asunto: Ser miembro de la OCDE tampoco es una medalla ornamental. Implica compararnos, aprender y cerrar brechas en productividad, innovación, capital humano y capacidad institucional. La propia OCDE plantea para Chile la necesidad de fortalecer digitalización, innovación y coherencia de los instrumentos públicos de apoyo a I+D. (OECD)
Por eso es que gobernar implica priorizar. En ciencia, como en seguridad o crecimiento, cada decisión define un rumbo.
Chile votó por un cambio. Esas transformaciones necesitan conocimiento propio y una política científica capaz de mirar las urgencias del presente mientras construye el futuro. Actualizar la ciencia nacional significa dialogar en democracia, conservar lo que funciona, corregir aquello que genera barreras, abrir espacio a nuevas generaciones y orientar capacidades hacia desafíos que Chile ya tiene frente a sus ojos. Impetrar a la autoridad solo nos devuelve al Chile que no queremos ser: miope.
En la base de datos contabilizamos trece investigadores con cuatro adjudicaciones Fondecyt cada uno. Entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile se reúnen 1.091 de las 3.882 adjudicaciones analizadas en estas áreas, el 28,1% del total. O sea, casi tres de cada diez proyectos en dos universidades. ¿Qué nos dicen estas cifras sobre la apertura real del sistema, no hay autocrítica alguna? ¿Dónde están las oportunidades para quienes todavía buscan entrar? La discusión ocurre hoy, pero su verdadero impacto está en las generaciones que vienen. No es más que eso. Pero tampoco es menos que eso.
Potente y retadores datos duros de un desvío del camino. Gracias